LA HABANA.- El miedo llegó antes que mi visita. Con la puerta de su apartamento entreabierta, la madre de un joven manifestante en las protestas del 11J de 2021, excarcelado el pasado mes de enero, me dijo en voz baja que me marchara. Había coordinado por WhatsApp con su hijo para vernos y conocer su opinión sobre las coacciones del régimen a los presos políticos recién excarcelados.
Antes de irme, la madre me explicó: “oficiales de la Seguridad del Estado se reunieron con nosotros y le pidieron a mi hijo que, si daba declaraciones a la prensa independiente o publicaba en las redes sociales comentarios en contra del gobierno, podrían revocarle su licencia extrapenal”. La policía política le puso un plazo de treinta días para que consiguiera un empleo y una vez al mes se debía presentar en la estación policial más cercana y firmar un libro de incidencias. “No quiero que mi hijo se busque problemas”, se disculpó la madre antes de cerrar la puerta.
Es evidente que el temor y las amenazas de la Seguridad del Estado surten efecto en algunos excarcelados y sus familiares. “Bro, tremendo picheo, me siento asfixiado. Los ‘segurosos’ arriba de mí todo el tiempo y los chivatos (delatores) de la zona me controlan la vida como si fuera un pionero. Mi plan era emigrar cuando saliera del tanque (cárcel), pero el cuadro se cerró. En la embajada de Estados Unidos hace tiempo no está funcionando el programa de refugiados político y no tengo dinero para irme a Uruguay, Chile o Brasil”, comentó otro excarcelado que prefirió el anonimato.
El circo de siempre
La estrategia de la Seguridad del Estado, además de amedrentar y dividir, ha sido ofrecerle una zanahoria en forma de premio si tienen buena conducta. Según me han contado, a varios de los jóvenes manifestantes del 11J, le han prometido empleos en MIPYMES controladas por el régimen y la posibilidad que regresen a estudiar.
“Es una táctica más vieja que el Morro. ¿A quién le van a meter el pie, a José Daniel Ferrer, a Félix Navarro? No, esa gente son opositores consumados, que conocen muy bien las estrategias del DSE (Departamento de Seguridad del Estado) y no caen en sus trampas. El 95 por ciento de los presos por las protestas del 11 de julio no estaban afiliados a ningún grupo de la disidencia. Eran ciudadanos descontentos con el gobierno, pero nunca habían sufrido represión o el acoso severo del aparato de contrainteligencia que enfrenta a la oposición”, explica un ex oficial de inteligencia.
“Los opositores más convencidos están tarjeteados por el DSE. Ese tipo de presión no funciona. A cada activista de derechos humanos y periodista independiente se le suele hacer un perfil sicológico. Y prueban diversas formas para intentar quebrarlos. Se puede dar el caso de que algún disidente reconocido colabore o mediante presiones se retracte y deje la oposición o emigre del país, pero siempre será más fácil romper personas sin un sólido criterio político que obligados por la miseria y la frustración se tiran a la calle a protestar. Por eso las estrategias son diferentes. Un ejemplo claro ocurrió en la protesta en el municipio Río Cauto, cuando a Mayelín Carrasco, la madre que subió a una tarima a criticar al gobierno, la obligaron a retractarse y le tiraron una foto, risueña, junto a la primera secretaria del partido y la gobernadora de la provincia Granma".
“Opositoras históricas como Martha Beatriz Roque y Berta Soler no se dejan intimidar. En el caso de Río Cauto, después hicieron una feria agropecuaria, un acto de 'reafirmación revolucionaria' y pusieron a cantar al afónico de Cándido Fabré. La protesta terminó en una fiesta. Mientras pueda, la Seguridad va a seguir insistiendo con esas tácticas: manipular las protestas populares contra el gobierno y forzar a emigrar a los disidentes y periodistas independientes. Hasta que se llegue a un punto de no retorno y cientos de miles manifestantes salgan a las calles y obliguen al gobierno a renunciar o a dialogar”, concluye el ex oficial de inteligencia.
Opositor a la fuerza
El pasado mes de febrero, Osiris Puerto Terry, 50 años, fue uno de los ciudadanos de diversos países que ofreció su testimonio durante la 17 Cumbre de Derechos Humanos y Democracia celebrada en Ginebra, Suiza. Dos años atrás, en el verano de 2023, Osiris describió a este reportero para DIARIO LAS AMÉRICAS, el acoso policiaco que sufrió a raíz de ser baleado durante las protestas del 11J en la Esquina de Toyo, municipio Diez de Octubre, al sur de La Habana. Puerto Terry no era opositor. Con una nevera artesanal acoplada a un costado de su bicicleta recorría las calles de la barriada de Santos Suárez vendiendo helado.
"El domingo 11 julio de 2021, cuando terminé de trabajar, sobre las cuatro y media de la tarde, me senté con unos vecinos que viven en Calzada de Diez de Octubre 461 entre Pamplona y San Nicolás, a tomarme unos tragos de ron. Ya para esa hora una multitud de gente protestaba contra el gobierno. Al poco rato llegó una caravana de camiones de la policía antimotines y comenzaron a cerrar las calles de la zona, de arriba hacia abajo, hasta la Esquina de Toyo. Oficiales de la policía ordenaron que entráramos en un pasillo”.
“En ese momento se suceden enfrentamientos entre la oleada de personas que protestaban y la policía que les impedía pasar. Aquello era un campo de batalla. Volaban las piedras de un lado a otro. Eso duró como cuarenta minutos. Cerca de las cinco de la tarde, cuando los manifestantes retroceden por la carga policial, con todas las calles llenas de piedra y contenedores de basura virados boca abajo, decido irme a mi domicilio. En Santa Emilia y Diez de Octubre había un grupo de manifestantes, cruzo la acera y bordeando los portales trato de llegar a mi casa. Pero cuando voy a cruzar la calle viene un grupo de policías que estaban disparando con armas de fuego a la población. Me escondo detrás de una columna, y un oficial me hace el primer disparo, que rebota en la columna. Un vecino me abre la puerta del edificio donde intentaba refugiarme".
"Cuando voy a entrar, el policía hace un segundo disparo que me impacta en el pie derecho, arriba de la tibia, casi llegando a la rótula de la rodilla. Me caigo en el piso, no puedo pararme, y el oficial realiza un tercer disparo que me da en la espalda. Comienzo a pedir auxilio y una vecina del edifico sale y dice: ‘Es Osiris el que está tirado allí’. Entonces dos hombres me socorren, bajo la balacera, me dan los primeros auxilios y me llevan hacia el interior del edificio. Estaba soltando mucha sangre por la espalda y tenía mucho dolor. Coquín, el vecino que me socorrió me tapa la herida y me monta en un carro para llevarme al hospital Calixto García. Antes de entrar al hospital, los policías que estaban allí me dieron golpes. Cuando llegan los médicos y cirujanos del equipo número cuatro que ese 11 de julio estaba de guardia, le dicen: ‘¿Van a salvar al contrarrevolucionario ese?”, recuerda Osiris, que en estos momentos se encuentra solicitando asilo político en España.
Puerto Terry fue hostigado durante más tres años por la Seguridad del Estado. Una vez al mes tenía que presentarse en la unidad policial de Aguilera, en la barriada de Lawton, y firmar un acta de advertencia. Osiris también pudo sentir miedo. Oficiales de la policía política lo amenazaban para que desistiera de llevar a juicio al policía que le disparó a quemarropa. Y su ruinosa casa era vigilada por miembros de la paramilitar Asociación del Combatiente. Los servicios especiales le ofrecieron empleos bien remunerados en negocios privados. La dictadura le reclamaba silencio. Pero Osiris quería justicia. Y el 22 de julio de 2023 con una carpeta repleta de evidencias médicas decidió denunciar su caso en DIARIO LAS AMÉRICAS.
Dos años después, las tácticas de la dictadura verde olivo no han cambiado. Recientemente, el periódico Granma, órgano oficial del partido comunista, en tono amenazante, informaba que los excarcelados como parte de las negociaciones con el Vaticano y el ex presidente Joe Biden, están obligados a cumplir las condiciones impuestas por las autoridades, de lo contrario, volverán a prisión.
Excarcelación limitada
El anuncio lo hacía Maricela Sosa Ravelo, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, quien aclaró que es una obligación del juez de ejecución informar al individuo cuáles son sus “sus derechos, proyecciones y restricciones”, a partir de su salida de “libertad anticipada”. Insistió en que “estos beneficios podrían ser revocados ante el incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados. Regresarían al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción, dado que esta excarcelación se entiende como un periodo de prueba, cuando ellos aún no ha cumplido toda la sanción. Los beneficiarios están obligados a cumplir con aquellos requerimientos explicados antes el juez de ejecución, así como mantener un compartimiento social adecuado, acorde con nuestras normas de convivencia socialista”, subrayó Sosa Ravelo.
Organizaciones como Prisoners Defenders (PD), Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex y Justicia 11J, entre otras, han denunciado las arbitrariedades de la dictadura. Javier Larrondo, presidente de PD, ha publicado que, de los 553 presos excarcelados, solo 229 son presos políticos e incluso una decena de ellos ya estaban previamente excarcelados y tenían licencias extrapenales que simplemente fueron extendidas en el proceso. Y destacó que los “excarcelados están sometidos a un régimen de prisión domiciliaria, verdaderamente draconiano, cuyas limitaciones de libertad y abuso son propios de un régimen que no respeta ningún derecho humano, incluido los procesales o los penitenciarios”.
Algunos presos políticos excarcelados, tanto los participantes en las protestas del 11J como en otras manifestaciones posteriores, sienten que siguen presos en la calle. "Son tantas las advertencias, que, por temor a volver a la cárcel, apenas salgo de mi casa”, confesó uno de los excarcelados. José Daniel Ferrer y Félix Navarro han dicho públicamente que no se doblegarán a las amenazas del régimen. Si a la dictadura no le gusta, que los regresen a la cárcel. Se consideran hombres libres y como tales van a actuar.