“Las bombas no sirven ni para la paz ni para la guerra”: fuertes críticas del presidente de Indepaz a los bombardeos autorizados por Petro

Indepaz sostiene que deben priorizarse medidas de protección reforzada y abstenerse de ejecutar ataques cuando exista riesgo para población vulnerable - crédito Presidencia de la República

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, presentó un análisis sobre el retorno de los bombardeos en Colombia tras las operaciones aéreas ejecutadas el 11 de noviembre en Calamar, Guaviare.

En el documento, el investigador expone los resultados, las justificaciones oficiales y las implicaciones jurídicas y operativas de estas acciones que el presidente Gustavo Petro y las autoridades militares sustentaron en la obligación de proteger a una unidad de 20 soldados que, de acuerdo con la información oficial, estaba en riesgo de emboscada en la zona.

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Además del caso de Guaviare, González Posso registró que la ofensiva incluyó cinco bombardeos en Antioquia contra el Clan del Golfo y acciones aéreas en Arauca dirigidas al ELN y al Frente 10, dentro de una estrategia militar que se desarrolla en diversos departamentos del país. En su análisis, señala que esta reaparición de bombardeos reabre un debate que ha acompañado por años la discusión sobre la pertinencia y límites de estas operaciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El presidente de Indepaz señala que el país mantiene desde hace décadas una discusión sobre la proporcionalidad y la legalidad de los bombardeos en zonas donde podría haber población civil o menores de edad.

En la carta recuerda que organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que los principios del DIH —como distinción y precaución— obligan a descartar operaciones cuando pueda existir riesgo para niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados.

González Posso precisa que estos menores no pierden su condición de víctimas por encontrarse dentro de estructuras armadas: “niñas, niños y adolescentes no pierden su condición de víctimas ni se transforman en objetivos militares por estar vinculados a grupos armados tras un reclutamiento tramposo que no elimina la condición de víctima”. Bajo ese principio, el documento sostiene que deben priorizarse medidas de protección reforzada y abstenerse de ejecutar ataques cuando exista riesgo para esta población.

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