La OEA denunció las acciones totalitarias que ejecuta Daniel Ortega para perpetuar la dictadura en Nicaragua

Daniel Ortega responsable directo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura en Nicaragua

(Desde Washington, Estados Unidos) En su informe anual, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que Daniel Ortega ejecuta un meditado plan político para perpetuarse en el poder. Esa iniciativa autoritaria tiene como objetivo primario eliminar a la oposición nicaraguense y clausurar todos los espacios sociales que exigen el fin de la dictadura sandinista.

“La CIDH observó la persistencia de la represión y la instrumentalización de todo el aparato estatal con la finalidad de suprimir a largo plazo cualquier espacio de pluralismo, expresión, expresión de fe, disenso y participación democrática”, sostiene el informe anual de la Comisión.

Y añade: “Ello mediante la aprobación de nuevas leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y la criminalización de la población, en un esfuerzo por mantener un régimen de concentración total del poder".

Facsímil del informe de la CIDH que denuncia las maniobras del regimen de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder

La presentación de la CIDH inicia con una sucesión de evidencias que desnudan la operación política montada por el dictador Ortega para controlar y manipular los resultados de los comicios presidenciales convocados para 2027.

En este contexto, el informe de la Comisión sostiene:

-“En Nicaragua el principio de separación de poderes que rige el Estado democrático se quebrantó. Las distintas funciones del Estado no son desempeñadas por órganos independientes y equilibrados entre sí; por el contrario, todos los poderes públicos están alineados o son dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades, sino que las facilitan o consolidan”.

-“En el contexto de profundo socavamiento del Estado democrático, durante 2024, la CIDH observó un conjunto de acciones que tendrían como fin perpetuar el régimen totalitario de concentración del poder en la familia del Presidente Daniel Ortega de cara a las elecciones programadas para el año 2026″.

-“El 22 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, la cual modificó más de 100 artículos del texto constitucional a fin de modernizar y actualizar ´el Estado Revolucionario para continuar fortaleciendo la lucha contra la Pobreza y garantizando los nuevos tiempos de Seguridad, Prosperidad y Paz con Bienestar´“.

-“Entre los cambios más preocupantes a la Constitución, esta reforma estableció un modelo de ´democracia directa´ que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un co-presidente y una co-presidenta con mandatos de seis años".

-“Según fue indicado por la CIDH, dicho modelo elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo; además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los ´principios fundamentales´ de la Constitución”.

-“De igual manera, otros aspectos preocupantes de la reforma incluyeron la reducción en la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, profundizándose su falta de independencia”

-“Estas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana, por lo que formalizaron la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo”.

-“En el mismo sentido, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó que con ella se otorga al gobierno del presidente Daniel Ortega ´un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación´”.

-“Por otra parte, la CIDH recibió información sobre despidos masivos en las instituciones del Estado que tendrían por finalidad colocar y/o mantener en cargos públicos únicamente a personas leales a la vicepresidenta de la República, así como imponer un clima de miedo y zozobra en la administración pública”.

-“En relación con el Poder Judicial, la información disponible indica que, desde octubre de 2023, más de 1000 personas funcionarias fueron cesadas arbitrariamente, incluyendo a jueces, juezas, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y a su presidenta, quien además fue detenida bajo arresto domiciliario”.

Tras describir la concentración de poder que detenta Ortega, la CIDH describe con exactitud sus consecuencias políticas y sociales:

-“En la actualidad, no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política de manera libre y segura”.

-“En 2024, la CIDH observó que las restricciones al espacio cívico y democrático se profundizaron, debido al anuncio de la disolución forzada de aquellas organizaciones de la sociedad civil que aún operaban en el país”.

-“De acuerdo con los registros del MESENI, en 2024, un total de 1.600 organizaciones no gubernamentales fueron afectadas por la cancelación de su personería jurídica, la mayoría acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes. De este total, al menos 700 son de naturaliza religiosa y, en particular, al menos 500 están vinculadas con congregaciones evangélicas”.

-“En Nicaragua, la Comisión ha registrado la disolución de más de 5.000 organizaciones, de un total de 7.227 constituidas legalmente en el país en 2018″.

-“Este cierre masivo ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de la sociedad civil para participar activamente en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos”.

“Finalmente, como ha sido advertido por la CIDH, la escalada represiva contra la sociedad civil ha resultado en decenas de personas defensoras de derechos humanos que se han visto forzadas a trabajar desde el exilio, mediante el traslado de la estructura de sus organizaciones, la creación de nuevas entidades o a título individual”.

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y responsable de incontables violaciones a los derechos humanos

La imposibilidad de ejercer el derecho a la protesta contra la dictadura nicaraguense se perfecciona con las detenciones ilegales ejecutadas por las fuerzas de seguridad que responden a Ortega.

En este sentido, la Comisión sostuvo en su informe final:

-“En 2024, la CIDH registró la persistencia de detenciones arbitrarias y el empleo de la privación de la libertad para mantener un clima de miedo en la población, en un contexto de falta de independencia del sistema de administración de justicia".

-“La CIDH recibió información y testimonios sobre la persistencia de condiciones deplorables de detención, lo que inclusive resultó en el otorgamiento de medidas cautelares para la protección de más de 40 personas detenidas en una situación de mayor riesgo a su vida e integridad”.

En el marco de la audiencia ´Privación arbitraria de libertad por motivos políticos en Nicaragua´, organizaciones de la sociedad civil informaron sobre las graves condiciones de detención por insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos".

-“Asimismo, informaron sobre el contexto de tortura y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias, incluyendo la violencia sexual, así como el patrón de ocultamiento de información sobre el paradero y la situación de las personas detenidas”

-“Por otra parte, la CIDH fue informada sobre continuos obstáculos para ejercer una defensa legal, la imposibilidad de acceder a expedientes judiciales y las sentencias condenatorias".

La Iglesia Católica en Nicaragua tiene mucha influencia social, y por eso se transformó en un blanco directo de la dictadura de Daniel Ortega

La Iglesia Católica cuestiona las acciones represivas de la dictadura sandinista, y en respuesta Daniel Ortega inició un operativo paraoficial para encarcelar religiosos y acotar el funcionamiento de sus instituciones seculares:

-“En 2024, la Comisión Interamericana observó la persistencia de hechos de represión y persecución contra integrantes de la Iglesia Católica, que se extendieron a otras denominaciones religiosas, profundizándose restricciones contra la libertad de religión en Nicaragua”.

-“Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que persiste tanto la prohibición de las procesiones o celebraciones católicas en el espacio público, como la vigilancia de los servicios religiosos y los discursos de sacerdotes, lo que limitaría severamente las expresiones de fe y prácticas católicas”.

“Asimismo, denunciaron que persisten hechos de hostigamiento, asedio, intimidación, seguimiento, vigilancia, agresiones físicas, detenciones arbitrarias e incluso el destierro de integrantes de la Iglesia Católica”.

-“De igual manera, la CIDH observa con preocupación que la cancelación de la personería jurídica de congregaciones y asociaciones a cargo de colegios y centros de estudio desde 2018, así como la confiscación arbitraria de sus bienes, afecta el derecho madres, padres, sus hijos e hijas a acceder a educación religiosa según sus propias convicciones”.

Los medios de comunicación en Nicaragua son censurados y clausurados por la dictadura para evitar que la opinión pública conozca su acciones ilegales y represivas

Para cerrar el círculo totalitario, la dictadura sandinista ataca, censura, reprime y clausura a los medios que intentan denunciar a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El informe de la CIDH afirma:

-“La información documentada durante 2024 da cuenta de la continuidad de un patrón de persecución contra periodistas, defensores de derechos humanos, artistas, personas opositoras y líderes religiosos por el solo hecho de expresar sus ideas y opiniones, lo que refleja la intolerancia hacia cualquier discurso que cuestione o contradiga la versión oficial”.

-“Estas acciones se enmarcan en una estrategia deliberada del Estado para silenciar a las voces críticas, asfixiar la disidencia y consolidar un monopolio informativo estatal, a través de diversos mecanismos que incluyen la manipulación del sistema penal, el hostigamiento administrativo y fiscal, y un estricto control sobre el entorno digital”.

-“Con más de 270 periodistas exiliados del país en los últimos seis años, organizaciones en defensa del periodismo y la libertad de expresión denuncian que el Gobierno continúa ´depurando´ el sistema político del país y que el ´cerco de la libertad de prensa y expresión se sigue cerrando´

-“La cancelación de medios y la disolución de organizaciones de la sociedad civil se inscriben en una estrategia represiva del Gobierno dirigida a afianzar un régimen de concentración del poder”.

-“En 2024, la Vicepresidenta y Vocera Gubernamental Rosario Murillo tildó en diversas ocasiones a periodistas y opositores de “mentecatos apátridas”, “enemigos de la paz”, “enemigos de la humanidad”, “traidores”, “terroristas”, “descerebrados”, “falsos calumniadores”, “insepultos delincuentes de la historia” y de “escoria pura”, entre otros".

-“Los ataques a la libertad de expresión también se han extendido a corresponsales de medios internacionales”.

-“La Comisión y la Relatoría constatan que internet ha dejado de ser un medio para el libre ejercicio del derecho a expresarse en Nicaragua.

-“Lejos de constituir una plataforma alternativa para compartir opiniones e informaciones como lo era en años anteriores, las redes sociales se han convertido en un espacio vigilado y controlado por el Estado, donde cualquier expresión o incluso interacción crítica puede derivar en consecuencias penales para sus autores”.

Daniel Ortega junto a Nicolas Maduro: dos dictadores caribeños que fueron denunciados por la CIDH

Frente a la publicación del informe de la CIDH, Daniel Ortega optó por el silencio político ante la suma de evidencias en su contra.