La nueva ley de California que cambiará la experiencia con servicios de streaming entra en vigor el 1 de julio

La ley AB 2863 de California obliga a plataformas digitales a informar de forma clara sobre suscripciones automáticas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consumidores de California experimentarán un cambio significativo en la forma en que plataformas como Netflix, Spotify y Hulu gestionan las suscripciones automáticas, gracias a la nueva ley AB 2863, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom.

Esta legislación, que modifica el Código de Negocios y Profesiones del estado, introduce un nuevo marco de transparencia y protección para quienes contratan servicios digitales con renovaciones automáticas o continuas.

El objetivo central de la ley AB 2863 consiste en establecer reglas claras que impidan a las empresas suscribir a los usuarios sin su conocimiento o dificultar la cancelación de servicios. Para lograrlo, la norma define con precisión qué constituye una renovación automática o un servicio continuo, y exige que las compañías informen de manera explícita y visible todos los aspectos relevantes antes de que el consumidor acepte cualquier suscripción.

Las empresas deberán obtener consentimiento explícito antes de cobrar por renovaciones automáticas o servicios continuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La legislación vigente prohíbe que una empresa que ofrezca una renovación automática o un servicio continuo a un consumidor en este estado realice o no ciertas acciones relacionadas con la comunicación y el consentimiento de los términos de la oferta”, según se lee la ley.

Entre los elementos que ahora deberán presentarse de forma obligatoria antes de que el usuario confirme su adhesión a un servicio, se encuentran varios puntos clave.

En primer lugar, las empresas tendrán que ofrecer una descripción clara de que la suscripción continuará hasta que el cliente la cancele, así como el método para hacerlo.

Además, deberán proporcionar información detallada sobre la política de cancelación, especificar la frecuencia y el monto de los cargos que se aplicarán a la tarjeta de débito, crédito o cuenta de pago del consumidor —incluso si estos pueden variar en el futuro—, y aclarar la duración del periodo de renovación o indicar si el servicio es continuo, salvo que el cliente elija un plazo específico.

También será obligatorio informar sobre cualquier obligación mínima de compra asociada a la suscripción. La ley exige que todos estos datos se presenten de manera clara y visible, utilizando tipografía destacada, colores contrastantes o signos que capten la atención del usuario.

En el caso de ofertas realizadas por teléfono, la información deberá comunicarse de forma claramente audible y comprensible, para evitar cualquier ambigüedad o confusión.

La información sobre cargos, duración y políticas de cancelación debe presentarse de forma visible y destacada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más relevantes de la AB 2863 radica en la obligación de obtener un consentimiento afirmativo por parte del consumidor antes de efectuar cualquier cobro por servicios renovables. Esto incluye situaciones en las que se ofrecen promociones por tiempo limitado o pruebas gratuitas que, si no se cancelan, se convierten en servicios pagos.

“El proyecto de ley prohibiría que las empresas incluyan información en el contrato que menoscabe la capacidad de los consumidores para proporcionar su consentimiento, según se especifica”, se lee en el documento oficial.

Las empresas deberán obtener una confirmación explícita de que el cliente acepta los términos del contrato renovable, entregar un comprobante que incluya los términos acordados, la política de cancelación y las instrucciones para cancelar el servicio, y conservar el registro del consentimiento del consumidor durante al menos tres años o hasta un año después de finalizado el contrato.

La normativa prohíbe expresamente cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor o que contradiga los términos del acuerdo. Además, exige transparencia total en toda modificación sustancial del servicio, incluyendo aumentos de precio, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre la continuidad de sus suscripciones.

Con la implementación de estas medidas, se espera que la experiencia de los usuarios mejore sustancialmente y que las empresas adapten sus prácticas para cumplir con los nuevos requisitos legales.