
El conflicto que está sacudiendo a la Liga española tras la decisión de celebrar el partido Villarreal-FC Barcelona en Miami el próximo 20 de diciembre se ha convertido en una guerra sin precedentes entre clubes, jugadores y organismos. En el centro de la polémica se encuentra la falta de consenso, el cruce de acusaciones públicas y una protesta impulsada por los futbolistas, que ha expuesto el delicado equilibrio institucional del fútbol español ante la tentativa de globalizar su competición.
Hace unos días, se conoció la confirmación oficial de que el encuentro correspondiente a la jornada 17 entre el FC Barcelona y el Villarreal CF no se disputará en el habitual estadio de La Cerámica, sino en el Hard Rock Stadium de Miami, transformándolo en el último partido de LaLiga previo al parón navideño.
Ambos clubes, además de viajar para intentar expandir el fútbol español fuera de nuestras fronteras, obtendrán una sustancial recompensa económica por disputar el partido en Estados Unidos. Tal y como han podido saber desde Rac 1, tanto el Barça como el Villarreal ingresarán entre cinco y seis millones de euros, con un reparto ligeramente mayor para el equipo de Castellón, a fin de compensar la pérdida de ingresos por la taquilla.
Ante la imposibilidad de que una parte considerable de la afición del Villarreal asista al encuentro en La Cerámica, Fernando Roig anunció que “todo abonado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada”. A este compromiso se suma la decisión de que “el club devolverá el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada a aquellos aficionados que no puedan acudir al encuentro”.
Sin embargo, a pesar de este incentivo económico, esta decisión no ha gustado a todos. Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han denunciado públicamente su exclusión del proceso y la “falta de transparencia y colaboración institucional” de LaLiga, exigiendo detalles sobre el partido y lamentando que “no se ha recibido ninguna información relacionada con el partido, tal y como solicitamos hace dos meses”, según señaló la propia Asociación en un comunicado.
La AFE, presidida por David Aganzo, criticó también la convocatoria de la reunión por parte de LaLiga para después del inicio de la preventa y venta de entradas, “cuando los futbolistas no tendrían ninguna posibilidad de participar” debido al calendario competitivo. Además, subrayó estar respaldado por el conjunto de “los 20 capitanes de Primera División” en la reclamación de información sobre el proyecto.
El argumento central de la AFE reside en el actual Convenio Colectivo, que regula los desplazamientos y tiempos de concentración de los jugadores dentro del marco nacional. Según indica el Artículo 8, los futbolistas deben permanecer concentrados un máximo de 36 horas previas si se juega en casa o 72 horas para partidos fuera, incluyendo el tiempo de viaje, lo cual, según la AFE, resultaría imposible de cumplir con un desplazamiento internacional de más de 7.000 kilómetros (aproximadamente 4.350 millas).
Mientras tanto, LaLiga, encabezada por su presidente Javier Tebas, defendió la iniciativa como “conforme al procedimiento normativo aplicable ante los organismos nacionales e internacionales”, insistiendo en que “no existe impedimento convencional para programar un encuentro en el extranjero”, según se recoge en el comunicado difundido por la organización.
La entidad aseguró haber actuado “con plena disposición al diálogo” e indicó que la AFE fue informada puntualmente sobre las dificultades de agenda que impidieron la asistencia de la patronal a la reunión solicitada por los futbolistas, además de recalcar que “se han propuesto hasta tres fechas alternativas para celebrar ese encuentro y garantizar la asistencia efectiva de todas las partes”.

La disputa ha alcanzado un nivel más alto cuando la AFE anunció la convocatoria de una protesta simbólica durante la novena jornada de la competición, respaldada por los capitanes de todos los clubes, según ha informado Mundo Deportivo. “Los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”, especificó el sindicato.
Este gesto se materializó con parones al comienzo de cada partido, empezando por el encuentro entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol. Durante los partidos del domingo y el lunes, se espera que también se sucedan parones antes de comenzar el juego.
Por su parte, LaLiga respondió negando tajantemente cualquier falta de transparencia. Desde la organización se incidió en que “la incompatibilidad de agenda fue comunicada de forma inmediata y de buena fe”, añadiendo que “afirmar que el proyecto vulnera el artículo 8 del Convenio Colectivo carece de fundamento” porque “el régimen de concentraciones y desplazamientos puede organizarse en tiempo y forma compatibles con las obligaciones laborales de los futbolistas, garantizando su descanso, seguridad y condiciones de trabajo”.
Desde su aparición por primera vez en 2018, la idea de disputar un partido oficial de LaLiga en Estados Unidos ha generado debates y divisiones internas. La negativa reiterada de la AFE a respaldar la propuesta, la memoria de conflictos anteriores y la referencia a una falta de acuerdo previo refuerzan la percepción de un proyecto que aún no ha recibido el consenso imprescindible para avanzar. “Desconocemos los intereses de la patronal para oficializar un partido cuando tan solo un día antes aseguró a AFE que la aprobación de UEFA no suponía la autorización definitiva”, criticó la AFE el pasado 8 de octubre.