La familia Menéndez enfurece y acusa al fiscal de LA de desestimar pruebas clave a favor de Erik y Lyle

Hochman argumentó que los hermanos no han asumido completamente la responsabilidad de sus acciones ni reconocido varias "mentiras" sobre los hechos. (REUTERS)

La reciente decisión del fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, de retirar la recomendación de resentencia para Erik y Lyle Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres en 1989, generó una fuerte reacción por parte de la familia de los hermanos y sus defensores.

Hochman justificó su postura argumentando que los hermanos no han asumido completamente la responsabilidad de sus acciones, señalando que han mantenido “20 mentiras” sobre los hechos y no han reconocido la mayoría de ellas. De acuerdo con el fiscal, esta falta de reconocimiento demuestra que los hermanos no han mostrado una comprensión plena de sus actos. Sin embargo, la familia Menéndez y el grupo Justice for Erik and Lyle Coalition, que aboga por su liberación, han rechazado estas afirmaciones.

En un comunicado, la familia expresó que Erik y Lyle han cambiado significativamente en las más de tres décadas que han pasado desde los crímenes, y que han pedido disculpas por sus acciones, las cuales atribuyen al abuso sexual que sufrieron por parte de su padre, José Menéndez, y a la permisividad de su madre, Kitty Menéndez.

La controversia también se enmarca en un cambio de liderazgo en la oficina del fiscal. Según detalló NBC News, el predecesor de Hochman, George Gascón, había presentado la recomendación de resentencia semanas antes de perder su reelección. La familia de los hermanos criticó a Hochman por no considerar el contexto completo de los crímenes, incluyendo las denuncias de abuso sexual que los hermanos han sostenido durante años.

En su declaración, la familia acusó al fiscal de ignorar las pruebas de abuso y de enviar un mensaje perjudicial a las víctimas de violencia sexual. “Está diciendo a cada niño que ha sido víctima de abuso, que no debe hablar ni contar su verdad”, afirmaron. Además, señalaron que el funcionario no cumplió su promesa de analizar el caso en su totalidad antes de tomar una decisión.

La familia Menéndez y el colectivo Justice for Erik and Lyle Coalition rechazaron las afirmaciones del fiscal sobre la insuficiencia de remordimiento. (REUTERS/David Swanson)

Durante una conferencia de prensa, Hochman minimizó la relevancia de las denuncias de abuso sexual en el contexto de la resentencia. El fiscal argumentó que el abuso no fue el eje central de la defensa de los hermanos durante los juicios de los años 90, los cuales se centraron en una narrativa de defensa propia.

“El jurado nunca fue llamado a emitir un veredicto sobre el abuso sexual. Todo giró en torno a la autodefensa”, afirmó Hochman. Estas declaraciones han generado indignación entre los familiares de los Menéndez, quienes consideran que el fiscal está perpetuando una narrativa desactualizada y desestimando el impacto del abuso en los eventos que llevaron a los asesinatos.

Anamaria Baralt, sobrina de José Menéndez, calificó de “absurda” la idea de que los hermanos no han asumido responsabilidad por sus actos. En un video publicado en redes sociales, Baralt expresó que Erik y Lyle han reconocido sus acciones repetidamente durante décadas y lamentó que Hochman se aferre a lo que describió como “la narrativa de los años 90”.

Por su parte, NBC News, señaló que un amigo cercano de la familia tuvo palabras más duras para Hochman, llamándolo “idiota” en sus redes sociales.

La frustración con la decisión de Hochman no se limita a los familiares directos. Según consignó NewsNation, los primos de los Menéndez, incluyendo a Baralt y Tamara Goodell, han cuestionado públicamente a quién está sirviendo el fiscal con su postura.

Goodell expresó su descontento con el enfoque de Hochman en los eventos del pasado, en lugar de considerar la rehabilitación y el trabajo que los hermanos han realizado desde su encarcelamiento.Además, los primos han presentado una queja formal ante el fiscal general, alegando que el fiscal violó la Ley de Marsy, que protege los derechos de las víctimas, al no notificarles como miembros de la familia de las víctimas antes de realizar su conferencia de prensa.

Baralt enfatizó que la familia de las víctimas, que incluye a los primos, está a favor de la liberación de Erik y Lyle, y cuestionó la legitimidad de la decisión del fiscal al ignorar sus deseos.