Juez en Texas ordena indemnizar a una mujer cuya casa fue destruida por un equipo SWAT hace 5 años

Vicki Baker perdió su vivienda en McKinney en julio de 2020 mientras agentes del SWAT realizaban una captura en el interior del domicilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una batalla legal que tomó casi un lustro en resolverse, un juez federal dictaminó que la ciudad de McKinney, en https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/06/08/texas-repartira-aires-acondicionados-gratis-quienes-y-como-pueden-acceder-a-este-beneficio/, deberá reparar el costo del daño de a la vivienda de Vicki Baker, que fue dañada en 2020 por agentes de la policía y el SWAT mientras llevaban a cabo una persecución, misma que terminó en el domicilio de Baker, que quedó parcialmente destruido en varios puntos.

El incidente se remonta a julio de 2020, cuando Baker se encontraba en pleno proceso de mudanza hacia Montana. En ese momento, la policía perseguía a Wesley Little, quien había secuestrado a una adolescente de 15 años. Little, tratando de evadir a las autoridades, se refugió en la casa de Baker y mantuvo a la joven como rehén. Luego de que los agentes rodearon la vivienda, Little se rehusó a entregarse, aunque liberó a la menor.

Posteriormente, el SWAT llegó al lugar para capturarlo, utilizando granadas de gas lacrimógeno que dañaron paredes, ventanas y otras estructuras de la casa. Al ingresar, los agentes descubrieron que Little se había suicidado.

Según documentos judiciales, un equipo especializado en manejo de sustancias peligrosas tuvo que desechar prácticamente todas las pertenencias dentro de la casa, debido a la contaminación provocada por el gas lacrimógeno, que dejó residuos tóxicos por toda la propiedad. Incluso, el perro chihuahua de la hija de Baker, que se encontraba dentro durante el ataque, resultó ciego, sordo y enfermo a causa del gas lacrimógeno y las explosiones. Finalmente, tuvieron que dormir a la mascota, dijo Baker.

La casa de Vicki Baker quedó dañada con las granadas de gas lacrimógeno arrojadas por agentes SWAT, que además contaminaron todos los muebles. (Captura de pantalla/NBC5)

Baker y su equipo de abogados, calcularon que los daños causados a la vivienda superaron los 50,000 dólares, sin embargo, el seguro de Barker se negó a pagar gran parte de los gastos, ya que, como muchas compañías de este tipo, la póliza no cubre daños provocados por el gobierno. Ante esto, Baker reclamó por daños a la propiedad ante la ciudad de McKinney, pero los funcionarios se negaron a pagar, citando inmunidad calificada.

El Instituto de Justicia, una organización sin fines de lucro, tomó el caso y presentó una demanda con base en la Quinta Enmienda y la Constitución de Texas. Argumentaron que, aunque la policía estaba legalmente autorizada a ingresar a la propiedad para capturar a un fugitivo peligroso, la ciudad debía compensar a Baker, de la misma manera que se indemniza cuando el gobierno expropia propiedades para obras públicas.

La disputa legal se prolongó por años. En 2022, un juez federal determinó que Baker debía ser compensada y un jurado le otorgó casi 60 mil dólares por daños y perjuicios. No obstante, en 2023, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la decisión, basándose en la interpretación de la Quinta Enmienda.

La semana pasada, un juez de distrito de EE. UU. dictaminó nuevamente que Baker tiene derecho a $59,656.59 dólares más intereses, según la Constitución de Texas.

“Este fallo deja claro que la promesa de compensación justa de la Constitución de Texas se aplica cuando la policía destruye la propiedad de personas inocentes, y que toda esta demanda podría haberse evitado si la ciudad simplemente hubiera hecho lo correcto desde el principio”, dijo el abogado de IJ, Jeffrey Redfern, quien representó a Baker, a Fox News Digital.

Vicki Baker solicitó a la ciudad de McKinney reparar el daño causado a su vivienda en el 2020 (Captura de pantalla/NBC5)

La ciudad de McKinney había ofrecido previamente cubrir el costo total de los daños para cerrar el caso, pero el equipo legal de Baker se negó a llegar a un acuerdo a menos que la ciudad se comprometiera a modificar sus políticas para proteger a futuros propietarios en situaciones similares.

“He luchado durante mucho tiempo porque, si esto me pudo pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Para mí, este caso siempre ha sido mucho más que el dinero. Quiero ver un cambio real”, expresó Baker.

Redfern agregó que espera que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche en el futuro un caso similar al de Baker, con el objetivo de “asegurarnos de que la Constitución federal también proteja a los propietarios inocentes en situaciones como esta”. “Quiero garantizar que las ciudades de todo el país hagan lo correcto y proporcionen una compensación justa a las personas afectadas en estos casos”, concluyó.