Juez del Supremo de Brasil ordena el arresto del expresidente Fernando Collor de Mello, condenado por corrupción

El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este jueves la prisión del expresidente brasileño Fernando Collor (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

El juez rechazó la segunda apelación de la defensa y ordenó el cumplimiento inmediato de la sentencia impuesta a Collor. Fue condenado a ocho años y diez meses por participar en un esquema de corrupción en BR Distribuidora.

El magistrado decretó el inicio inmediato de la ejecución de la pena impuesta, según señaló el Tribunal Supremo en una nota

La Policía Federal deberá ejecutar la orden esta mañana de viernes.

Tras la decisión de Moraes, el presidente del STF, Luís Roberto Barroso, determinó la inclusión del proceso en una sesión plenaria virtual este viernes, con inicio a las 11:00 a.m. y fin a las 11:59 p.m. En otras palabras, los demás ministros decidirán si aprueban o no la decisión del juez.

En la decisión, Moraes dice que Collor, con la ayuda de los empresarios Luis Pereira Duarte de Amorim y Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, recibió $ 20 millones de reales para facilitar irregularmente contratos entre BR Distribuidora y UTC Engenharia para la construcción de bases de distribución de combustible.

La ventaja se dio a cambio de apoyo político para el nombramiento y mantenimiento de directores de la empresa estatal.

El STF ya había rechazado recursos del expresidente en los que afirmaba que la sentencia no correspondería al promedio de votos escrutados en el Pleno. 

En el nuevo recurso (embargos infractores) se pretende que prevalezcan los votos disidentes de los ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli y Gilmar Mendes en relación a la cuantía de la pena (dosimetría).

En la decisión, Moraes recordó que ese tipo de recurso sólo es admisible cuando hay al menos cuatro votos absolutorios, lo que no ocurrió en este caso, incluso si los crímenes se consideran aisladamente. El ministro explicó que, en relación a la dosificación, el STF tiene un entendimiento consolidado de que ese tipo de divergencia no permite la presentación de embargos infractores.

Moraes destacó que el STF autorizó el inicio inmediato de la ejecución de la sentencia, independientemente de la publicación de la decisión, cuando es claro el carácter dilatorio de los recursos que sólo tienen como objetivo impedir el juicio definitivo de la condena.

“La manifiesta inadmisibilidad de los embargos, según la jurisprudencia de la Corte, revela el carácter meramente dilatorio de los infractores, autorizando la certificación de la cosa juzgada y el cumplimiento inmediato de la condena”, afirmó.

En la misma decisión, el ministro rechazó los recursos de los demás condenados y ordenó el inicio del cumplimiento de la pena de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, condenado a cuatro años y un mes de prisión, en régimen inicial semiabierto, y de las penas restrictivas de derechos impuestas a Luís Pereira Duarte Amorim.