Jorge Zapata CADE Ejecutivos 2025: “Un salvoconducto para Betssy Chávez sería un pésimo mensaje para el empresariado peruano”, advierte Confiep

Confiep - CADE Ejecutivos 2025

La coyuntura económica del país enfrenta un escenario de transición, con un gobierno interino que busca mantener la estabilidad y dinamizar la economía en un plazo reducido. Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (Confiep), las prioridades de la gestión actual, el impacto de las medidas regulatorias y los desafíos institucionales y sociales, así como el rol del empresariado y las perspectivas de cara a las próximas elecciones.

En estos ocho o nueve meses, el gobierno de José Jerí parece enfocado en mantener y, si es posible, mejorar un poco el ritmo económico. ¿Cómo evalúa usted este desafío para la gestión actual del MEF?

Mire, yo considero que, aunque se trate de un gobierno interino, hay que hacer todo lo posible por darle a la economía mayor dinamismo. Si bien se espera crecer este año entre 3% y 3,5%, ese ritmo todavía resulta insuficiente. Con un crecimiento de ese nivel no sacaremos a la gente de la pobreza, que debería ser el objetivo central del país.

Además, el Perú, gracias a sus términos de intercambio actuales, podría crecer al doble. Por eso, debemos sembrar hoy para poder cosechar mañana, y me parece que las iniciativas de shock deregulatorio van en buena dirección, sobre todo para dar impulso a la micro y pequeña empresa y avanzar en su formalización, otro de los desafíos centrales que tenemos.

Sobre este shock desregulatorio anunciado en CADE Ejecutivos 2025, ¿Cómo lo reciben?

Es el mismo paquete de medidas regulatorias que empezó a ejecutarse a inicios de año. No olvidemos que el ministro Salardi tenía como viceministra a la ministra Denisse Miralles, quien está hoy en funciones, y entre los dos lanzaron este paquete. Algunas iniciativas ya se habían puesto en marcha, otras se activaron luego, quizás perdieron algo de ritmo y ahora se están retomando, pero estamos hablando de la misma estrategia.

¿Cómo podría evaluarse la fortaleza del empleo privado? Ya terminando 2025, parece que el empresario, con todo y los vaivenes desde lo público y lo político, ha aprendido a sobrellevar los cambios.

El empresario peruano ha mostrado mucha resiliencia, tanto en el aspecto económico como en la gestión de sus empresas. Sin embargo, he insistido y sigo insistiendo, también desde los medios, que no basta con preocuparse solo por la gestión empresarial.

Hoy hay que hacer mucho más por el país, que ha sufrido un deterioro institucional notable. Como peruanos, los empresarios debemos involucrarnos más, comprometernos en rescatar al país de ese pantano de deterioro institucional y apostar por un Estado meritocrático, donde las instituciones sean dirigidas por los más capacitados.

Por más que los términos estén en niveles altos, como en 2011 o 2013, la coyuntura es distinta: ahora, el déficit preocupa y así lo advierte el Consejo Fiscal. ¿Cómo ve la proyección para este año, tomando en cuenta la meta de 2,2% lanzada por el presidente?

Si el Perú es atractivo para la inversión extranjera, y si desde el exterior se nos percibe bien, es por la solidez de nuestras cifras macroeconómicas: reservas internacionales altas, deuda baja y déficit fiscal controlado, además de una inflación moderada.

Si descuidamos esos fundamentos, sumado al actual nivel de desinstitucionalización y debilidad política, nos quedamos sin nada. Hay que cuidar esos indicadores macroeconómicos como un tesoro. Mantener bajo el déficit fiscal evita el crecimiento desmesurado de la deuda y protege nuestro ratio deuda/PBI. Los proyectos de ley que actualmente se discuten en el Congreso apuntan en sentido contrario: a aumentar el déficit y comprometer nuestra única fortaleza.

Está claro que el capítulo económico de la Constitución ha sido clave para mantener esos resultados. Sin embargo, en campaña electoral, es común que surjan propuestas para modificar esta parte de la Carta Magna.

Los gremios estamos comprometidos en advertir contra la aprobación de leyes populistas. El Consejo Fiscal ya alertó sobre los riesgos y la prensa también debería mantenerse muy vigilante, porque el costo de esas medidas puede ser muy alto para el país.

En el pasado, con el señor Castillo, se propuso modificar el capítulo económico. ¿Cuál es su opinión respecto a que un nuevo candidato vuelva a insistir con ese tema?

Me parecería nefasto. Debemos cuidar nuestras cifras macroeconómicas porque hoy es lo único que tenemos. El país navega en medio de una desinstitucionalización preocupante: la Fiscalía requiere una reforma profunda, el Poder Judicial también, el Congreso no destaca por meritocracia y los gobiernos regionales y municipales no funcionan bien.

Solo nos respalda lo que hemos hecho bien a nivel macroeconómico y los términos de intercambio favorables, que además responden más a factores internacionales que internos. Tenemos que proteger esos logros.

Hemos visto la reciente encuesta de Ipsos, donde la inseguridad ha vuelto a superar la corrupción como la principal preocupación de los empresarios de CADE Ejecutivos 2025. ¿Este gobierno les da las garantías?

Vemos positivo el liderazgo asumido por el presidente Jerí en la lucha contra inseguridad y delincuencia organizada. Era imprescindible que el presidente lidere esta estrategia. Puede convocar a todas las instituciones y coordinar un plan conjunto que involucre a Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público; no puede haber divorcio entre estos actores.

Las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno son correctas y van en la dirección adecuada, aunque algunas funcionarán mejor y otras requerirán ajuste. La clave está en mantener ese compromiso y liderazgo.

Pero, en este corto gobierno interino, ¿se puede, realmente, alcanzar un cambio en la lucha contra el crimen, o es prioritario sentar bases para la siguiente gestión?

Son aspectos complementarios. Se debe actuar desde ahora y, al mismo tiempo, dejar bases sólidas para que el siguiente gobierno continúe. Hay medidas como la intervención en penales, restricción de llamadas desde las cárceles, el corte del suministro eléctrico o intervención de antenas que van en la dirección correcta.

También la prohibición de circular dos personas en una moto. Los estados de emergencia podrían acelerar la entrega de equipamiento a la policía y a las áreas de investigación. El éxito depende tanto de la medida como de su implementación.

Esta crisis de institucionalidad ha trascendido lo local y ahora afecta también las relaciones internacionales. Recientemente, el caso de la señora Chávez llevó a la ruptura temporal de relaciones diplomáticas con México, uno de nuestros socios más dinámicos en la región. ¿Cómo analizan esta coyuntura?

Nosotros [los empresarios de confiep] lo vemos como una actuación desacertada del gobierno mexicano. La señora Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial robusto por su participación en un intento de golpe de Estado, no se trata de un caso menor.

El gobierno mexicano de la presidenta Sheinbaum no ha evaluado bien la situación y ha tomado una mala decisión. En cuanto al salvoconducto, hay un debate legal sobre si debe o no otorgarse. Desde mi perspectiva, no corresponde, pero eso creo que lo deben definir los juristas y expertos en derecho internacional.

Pero, más allá de la legislación, ¿Cuál es el mensaje que dejaría al empresariado peruano?

Sería un pésimo mensaje, es cierto. Que a cualquiera que esté en un proceso judicial, luego se asile y termine saliendo del país. No es un buen mensaje.

En cuanto a relaciones comerciales, en el peor de los casos, podría ser el inicio de una espiral de desinversiones mutuas.

Podría ser, pero también el país tiene que hacerse respetar, ¿no? Yo insisto, el gobierno mexicano no ha evaluado bien el tema, ha tomado una mala decisión y en eso el Perú tiene que ser firme en decir, ‘no estoy de acuerdo y exijo que me respetes como país’.

Porque, recordemos, existen grandes inversiones mexicanas en el Perú, como es el caso de la minera Southern Cooper, que opera Tía María en Arequipa. ¿Algún empresario mexicano se ha acercado a Confiep luego de la ruptura?

No, no se han acercado. Yo estimo que, probablemente, no se afecte mucho el aspecto comercial o empresarial. Esto está más referido a un plano político y diplomático. Las inversiones van a continuar y el Perú las va a respetar, no me cabe ninguna duda. Así que, por ese lado, no tengo mayor preocupación. Pero igual creo que el gobierno peruano tiene que hacerse respetar, es su rol y creo que lo está cumpliendo.