ICE reactivó contrato con centro de detención en Florida que antes consideró inadecuado

Autoridades federales reanudaron el uso de esta instalación pese a críticas sostenidas por parte de abogados y exdetenidos. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Tres años después de haber suspendido su contrato con el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, por “preocupaciones persistentes” sobre el trato a los inmigrantes detenidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha reanudado su uso de la instalación. La decisión se tomó en abril, en medio del aumento de deportaciones durante la reciente administración del gobierno federal.

En un correo electrónico enviado a CNN, ICE indicó que Glades ayudaría a “despejar el atraso” de migrantes indocumentados detenidos en el país. Sin embargo, la agencia no proporcionó evidencia de mejoras estructurales ni acceso al centro para verificar las condiciones actuales. La reactivación del contrato se dio pese a una larga lista de denuncias documentadas entre 2021 y 2023, que incluyen golpizas, negligencia médica, fugas tóxicas y alimentación en mal estado.

El centro, ubicado en Moore Haven, Florida, y administrado por la Oficina del Sheriff del Condado de Glades, alberga a detenidos del ICE, del condado y del Servicio de Alguaciles de EEUU. Su contrato estipula un mínimo garantizado de 500 camas.

Abraham Sano, originario de Liberia y deportado en 2021, relató que fue rociado con gas pimienta por guardias y encerrado en aislamiento. “Llamé a mi madre”, dijo a CNN. “La primera ráfaga de gas entró por mi oído y bajó por mi cara. Mi cuerpo ardía por días”, explicó, al detallar cómo los residuos del químico seguían afectándolo dentro de la celda.

Según Sano y su exabogada de inmigración, Katie Blankenship, el incidente comenzó cuando guardias irrumpieron de madrugada en la celda donde él y otros 12 detenidos dormían, y los golpearon sin previo aviso. Sano había sido anteriormente beneficiario de asilo político, pero fue detenido tras una acusación por robo. ICE, por su parte, afirmó que el detenido desobedeció varias órdenes y que el uso del gas fue un “estallido” controlado. Indicaron que fue atendido médicamente de inmediato y “autorizado”.

Otro exdetenido, Michael Wallace, de Jamaica, afirmó que su medicamento contra la epilepsia fue retenido durante su estancia de siete meses en Glades, lo que provocó convulsiones y hospitalizaciones. “Tenía mi medicina en la mano. Simplemente desapareció”, declaró a CNN. Blankenship, quien también lo representó, señaló que los registros médicos del detenido incluían una advertencia en mayúsculas: “NO OMITIR ESTA MEDICACIÓN”. Pese a ello, el centro se negó a proporcionársela.

El centro mantiene un convenio activo para alojar a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. (Crédito: Google Earth)

Rollin Manning, otro inmigrante detenido en Glades durante el otoño de 2021, afirmó haber estado expuesto a una fuga de monóxido de carbono en la cocina del centro. En declaraciones a la filial WINK-TV, describió los síntomas: “Comencé a sentirme mal. Sudaba sin control. No podía respirar. Tenía el pecho apretado”. Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Orlando para un proceso de desintoxicación.

Un informe de investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Glades, obtenido por CNN, concluyó que un miembro del personal había apagado un ventilador esencial y que los supervisores “no ofrecieron un ambiente de trabajo seguro para los detenidos”.

Blankenship, que también representó a Manning, denunció la falta total de medidas médicas tras el incidente. La abogada ha recolectado expedientes de más de 30 detenidos en Glades como parte de una campaña para cerrar el centro, en colaboración con el grupo Shut Down Glades Coalition.

Cuando CNN solicitó evidencia de mejoras o cambios desde 2022, ni ICE ni la Oficina del Sheriff entregaron información. La Oficina del Sheriff se limitó a emitir una declaración institucional: “Seguimos comprometidos con ofrecer servicios de detención seguros y humanos en cumplimiento con los estándares más altos requeridos por ICE”.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo en un correo electrónico a CNN que “las alegaciones fueron consideradas infundadas” y aseguró que ICE “proporciona atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo su custodia”. La subsecretaria Tricia McLaughlin indicó que como parte de la reapertura se habían mejorado servicios alimentarios y de comunicación, incluyendo la instalación de tablets para llamadas y quejas. No se ofreció, sin embargo, acceso para verificar estos supuestos cambios.

Instalaciones del centro de detención en el condado de Glades, Florida, bajo administración del sheriff local y contrato federal con ICE. (Crédito: Google Earth)

Glades Correctional Development Corporation emitió bonos por $33 millones en 2006 para construir el centro, con el objetivo explícito de atraer contratos federales y “generar beneficios económicos para el condado”, según documentos obtenidos por CNN. Para Blankenship, ese modelo crea un incentivo perverso: “Si mejoran las condiciones, les cuesta más. Médicos reales, comida en buen estado, ropa limpia. Todo eso reduce la ganancia”.

La abogada sostuvo que la continuidad del contrato responde más a una lógica de rentabilidad que a criterios de derechos humanos. “Es exactamente el mismo centro que hace tres años”, dijo. “No hay señales de que se haya corregido nada. Ni siquiera muestran interés en hacerlo”.

A través de la Shut Down Glades Coalition, Blankenship ha presentado más de dos docenas de quejas oficiales ante agencias federales. CNN confirmó que muchas de estas resultaron en investigaciones y visitas a las instalaciones, lo que motivó la suspensión original del contrato en 2022. No obstante, ICE decidió reactivar el convenio sin comunicar públicamente los hallazgos de esas inspecciones ni explicar los criterios para determinar la reapertura.

Además de los casos ya citados, CNN tuvo acceso a decenas de quejas de 2021 y 2022, que mencionan alimentos congelados, podridos o con insectos, así como mantas con manchas de sangre y ropa en mal estado. A pesar de ello, la agencia insiste en que los estándares actuales “cumplen con los requisitos” para albergar detenidos.