Human Rights Watch acusó a la Policía de no tomar las medidas necesarias para investigar la redada que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

Human Rights Watch denuncia la falta de investigación efectiva tras la muerte de 121 personas en una redada policial en Río de Janeiro

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que la Policía brasileña no tomó las medidas “cruciales” para investigar los asesinatos de al menos 121 personas, incluidas cuatro policías, durante una redada llevada a cabo el martes en una favela de Río de Janeiro. De acuerdo con el informe presentado por HRW, las escenas del crimen no fueron preservadas, según explicó un experto forense de Río de Janeiro. La fiscalía estatal indicó que su oficina aún espera confirmación, aunque comparte la misma percepción.

César Muñoz, director de HRW en Brasil, declaró en información recogida por la propia organización que “las familias de las personas asesinadas en la redada del 28 de octubre, incluidas las de los policías, merecen conocer las circunstancias de la muerte de sus seres queridos”. Añadió que existe una profunda preocupación porque no se han tomado medidas esenciales de investigación y se ha perdido evidencia importante.

El operativo comenzó en la madrugada del 28 de octubre, cuando unos 2.500 policías y militares armados, apoyados por vehículos blindados y helicópteros, entraron en los barrios de Alemão y Penha con el objetivo de desarticular a uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de Brasil. Según el mismo informe, la redada finalizó con una “operación de pinza” en los alrededores boscosos, lugar donde los agentes interceptaron a sospechosos que intentaban huir de la zona urbana. En esa zona verde los residentes hallaron decenas de cadáveres, que se sumaron a los más de 60 encontrados hasta entonces en las calles del barrio.

La organización internacional advirtió sobre la falta de acciones clave durante un operativo policial (REUTERS/Fraga Alves)

La Fiscalía general del estado de Río de Janeiro reconoció “las dificultades inherentes a una zona boscosa”, pero consideró sorprendente la falta de control en la preservación del lugar. El experto forense consultado por HRW señaló que los responsables de la Policía Civil no enviaron personal para realizar el análisis de la escena del crimen, una práctica que debe cumplirse incluso si los cuerpos ya han sido retirados. Además, informó que tampoco enviaron peritos a la plaza adonde los vecinos trasladaron los cuerpos, un fallo que HRW califica como otro grave error en la investigación.

Entidades de la sociedad civil, entre ellas HRW, solicitaron el 30 de octubre al fiscal general de Río que garantizara la presencia de un representante de las víctimas durante las autopsias, una petición que aún no ha sido atendida. HRW también denunció que la policía, en vez de preservar las armas incautadas, las mostró a los medios y permitió que los agentes las manipularan sin guantes.

La organización subrayó que en 2024 la Policía de Río de Janeiro mató a 703 personas y a otras 470 entre enero y agosto de 2025. Del total de víctimas en 2024, el 86 por ciento era negra. Muñoz insistió en que las autoridades brasileñas deben asegurar “una investigación pronta, exhaustiva e independiente de cada uno de los asesinatos, así como de las decisiones y la planificación que originaron una operación tan desastrosa”. Además, recalcó la necesidad urgente de separar los servicios forenses de la Policía Civil y fomentar análisis forenses independientes y de calidad.

En paralelo, el gobierno de Brasil intensificó medidas contra las finanzas de los grupos criminales, tras la letal operación en Río. Las autoridades de São Paulo anunciaron el bloqueo de cuentas y bienes relacionados con operaciones de blanqueo de capitales que superan los 10.000 millones de dólares, cifra atribuida a la banda Primer Comando de la Capital (PCC) entre 2020 y 2024. Según la investigación, estos fondos, originados en actividades de narcotráfico, se integraban en la economía formal a través de empresas y estaciones de servicio, mezclando ingresos legales e ilegales.

El operativo policial del 28 de octubre movilizó a 2.500 agentes y terminó con decenas de cadáveres hallados en zonas urbanas y boscosas (AP/Silvia Izquierdo)

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró en conferencia que “las acciones deben perjudicar la base de sustento de las organizaciones delictivas”. Las autoridades detectaron el uso de plataformas de bancos digitales y aplicaciones para realizar transferencias rápidas, lo que llevó a órdenes judiciales que resultaron en nueve arrestos y numerosas incautaciones de bienes. En una de las operaciones falleció un presunto miembro del PCC y otras cuatro personas fueron detenidas.

El gobierno ordenó también el congelamiento de cuentas utilizadas para filtrar ingresos por distribución ilegal de combustibles. Junto a los delitos relacionados con drogas, la Policía Federal abrió una investigación tras un ataque informático que permitió a una banda sustraer más de 813 millones de reales (USD150 millones) a través del sistema nacional de transferencias PIX.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que endurece las penas para integrantes de organizaciones criminales y subrayó la urgencia de proteger a la población y a las fuerzas de seguridad: “No podemos aceptar que el crimen organizado destruya familias y propague violencia en el país”, dijo. Lula añadió que es imprescindible coordinar acciones para atacar la raíz financiera del narcotráfico sin poner en riesgo la vida de inocentes. El plan oficial contempla la colaboración con organismos internacionales y bancos para rastrear el flujo de dinero ilícito, anticipando reacciones de las bandas frente a la presión estatal.