
Bolivia dio este miércoles un paso histórico en la defensa de los menores de edad. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un proyecto de ley que elimina la excepción del Código de las Familias que permitía el matrimonio desde los 16 años con permiso de los padres, tutores o incluso por una orden judicial.
Con esta reforma, se busca “erradicar los matrimonios y uniones, muchos de los cuales son propiciados por acuerdos familiares que vulneran los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia”, señala el informe publicado por la Cámara de Diputados.
Si bien la excepción a la norma permitía los matrimonios a partir de los 16 años con consentimiento de los padres, en la práctica se realizaron uniones con niñas menores. Según un informe presentado el año pasado por la Defensoría del Pueblo, entre 2014 y 2023 se registraron 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, y 4.804 uniones de adolescentes de 16 y 17 años, todos ellos posibles gracias a la excepción legal recientemente abolida.

La propuesta legislativa fue impulsada por la senadora Virginia Velasco, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), quien manifestó en una entrevista anterior que la iniciativa surgió “porque hay familias que casan a sus hijos debido a la pobreza, pensando que tal vez van a tener una mejor calidad de vida”. Velasco señaló que la realidad es diferente y que las niñas y adolescentes, luego “sufren mucha violencia, sufren feminicidios, violaciones”.
Con este avance normativo, Bolivia se alinea a los estándares internacionales y responde a las recomendaciones de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Con la ley se busca garantizar que esta población vulnerable viva plenamente su niñez, sin ser forzada a casarse por decisión de adultos o mediante orden judicial”, dijo la diputada Betty Yañiquez a los medios locales tras la aprobación de la ley.
El proyecto fue aprobado en el Senado a principios de año y, con la aprobación de la Cámara de Diputados de este miércoles, solo resta que el presidente Luis Arce lo promulgue.

Esta ley es la segunda que representa un hito en la protección de la niñez y adolescencia. La semana pasada se promulgó la Ley 1636, para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, que introduce cinco nuevas figuras penales específicas para enfrentar este tipo de casos.
Los legisladores explicaron que con la vigencia de la ley se fortalecerá la prevención, protección y reparación frente a delitos graves como el ciberacoso, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil y el contacto indebido con fines sexuales.
Los delitos incorporados al Código Penal incluyen el contacto con fines sexuales a través de las tecnologías de información, el abuso sexual digital, la exposición a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil.
Por otro lado, establece una pena privativa de 10 a 15 años de cárcel para las personas que distribuyan, arrienden, intercambien, vendan o comercialicen contenido digital que contenga representación visual de las partes íntimas de niños y adolescentes con fines económicos.