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NUEVA YORK – El gobierno de Puerto Rico deberá entregarle a la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) los documentos relacionados con el suministro de datos de licencias de conducir de indocumentados a las autoridades federales en la isla para ayudarlos a adelantar arrestos migratorios.
La decisión del juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, obliga a la Administración de la gobernadora Jenniffer González a proveer la información en un periodo de cinco días.
Entre el material que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) debe pasarle a los miembros de la organización se encuentra el alegado subpoena u orden administrativa emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que sirvió de base para la liberación de los datos de los conductores migrantes.
La decisión de Cuevas Ramos fue resultado de una vista argumentativa que se realizó el jueves en el Centro Judicial de San Juan.
A principios de octubre, la ACLU presentó una petición de mandamus contra el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), para que el gobierno local les proveyera los documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de cerca de 6,000 migrantes.
Estas personas habían obtenido licencias de conducir bajo la Ley Núm. 97 de 2013.
La intención detrás del traspaso, según las autoridades federales, era identificar a inmigrantes que hayan cometido crímenes o que estén siendo buscados por haber incurrido en alguno.
Entre febrero y marzo pasado, el DTOP entregó a agencias federales los datos personales de los conductores que habían sido recopilados como parte de los procesos para emitir la identificación. El suministro ha facilitado que agentes federales intervengan con migrantes en Puerto Rico a tono con la campaña de arrestos y deportaciones masivas que impulsa la Administración Trump.
Hasta el pasado mes, ICE había arrestado a al menos 1,236 personas inmigrantes en la isla.
No está claro cuántos de los detenidos tenían récord criminal o son sospechosos de algún crimen.
Según la ACLU, la mayoría de estas detenciones se han dado sin orden judicial y en violación de los derechos constitucionales y humanos que cobijan a todas las personas, incluyendo las que componen la población migrante.
La entidad además argumenta que la acción de la Administración González se realizó en violación a la propia ley que creó las licencias y que obliga al DTOP a establecer los mecanismos para que la base de datos no sea utilizada para fines migratorios que puedan conducir al discrimen.
El DTOP, representado por el Departamento de Justicia, ha planteado que no debía proveer los documentos debido a un interés apremiante de mantener la confidencialidad del subpoena, ya que la orden era parte de una investigación que podría beneficiar al Estado en términos de seguridad pública.
De acuerdo con la ACLU, el Gobierno no pudo demostrar la confidencialidad del documento ni la jurisprudencia que sustentara por qué el tribunal debía impedir el acceso público a la información; tampoco esbozar con hechos concretos el interés apremiante.
Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, catalogó como una “gran victoria” la determinación judicial.
“Habíamos solicitado información del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) sobre un alegado subpoena o una orden administrativa por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) solicitando información confidencial y sensitiva sobre más de 6,000 personas migrantes en Puerto Rico. El DTOP se opuso, pero luego de la vista el tribunal nos otorgó el derecho de acceso a la información y obtener todos estos documentos que son tan importantes para el pueblo de Puerto Rico”, dijo en un video publicado en las redes sociales de la ACLU que resume las incidencias en la corte.
Por su parte, Lorimar Escudero Rodríguez, abogada de política pública de la ACLU, planteó que el Gobierno tiene que proteger el derecho del pueblo de Puerto Rico a la información pública.
“Contrario a otras jurisdicciones en Estados Unidos en las que gobiernos estatales se han negado a divulgar información pública, incluso han impugnado subpoenas para divulgarlas, el gobierno de Puerto Rico pretendió hoy persuadir al juez de que tienen un interés apremiante en proteger la confidencialidad de una alegada investigación de una agencia federal en lugar de atender y proteger el derecho del pueblo puertorriqueño al acceso a la información pública que es un derecho constitucional”, expuso.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la organización en la isla, consideró que con el fallo judicial, reafirman su compromiso con la protección y la defensa de los derechos humanos y civiles de todas las personas que viven en el archipiélago.
“Que quede claro: el derecho a la información es primordial, es fundamental para una democracia sana, y el principio de máxima divulgación debe permear en todo lo que hace nuestro Gobierno”, puntualizó.
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