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hace 1 semana
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Nueva York – Parte de la reforma contributiva que impulsa la administración de la gobernadora Jenniffer González busca establecer un 4% en impuestos sobre ganancias de capital, intereses y dividendos que impactaría a nuevos solicitantes de decretos bajo la Ley 22, que a su vez es parte de la Ley 60 o Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 del 2019).
Actualmente, la responsabilidad contributiva en ese renglón bajo la Ley 22 (Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”) es cero.
“Estamos proponiendo de cero a 4% el aumento en la tasa sobre ganancias netas de capital, intereses y dividendos para los futuros individuos inversionistas buscando una mayor equidad y sostenibilidad fiscal. En arroz y habichuelas, el que tenga un decreto contributivo hoy de Ley 60, no se afecta”, anunció González en una conferencia de prensa este viernes.
Del otro lado, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) del que la gobernadora es presidenta, se propone añadir una sección al Código de Rentas Internas para establecer una tasa especial fija de 4% sobre los mismos ingresos, pero generados por individuos, sucesiones o fideicomisos en Puerto Rico.
“Un contribuyente local que no tenga un beneficio contributivo o decreto está pagando por esos intereses de ganancias de capital, literalmente, entre 15% y 24%. Con esto, lo bajamos a 4%, que es el beneficio contributivo que estamos dando aquí. Con esto le vamos a reducir la carga por ingresos pasivos de capital para fomentar la inversión local. En vez de que se nos vayan, la gente local nuestra puede invertir. Con esto estamos equiparando los incentivos contributivos otorgados bajo la Ley 60, y estamos incentivando la retención del capital local y que podamos tener desarrollo económico sostenible”, sostuvo.
Con la medida se busca que tanto el local como el inversionista extranjero paguen la misma tasa impositiva.
En el caso de las nuevas solicitudes bajo Ley 22, también se busca establecer un requisito previo de 6 años de residencia fuera de Puerto Rico antes de ser elegible al decreto de individuo extranjero inversionista, “lo que fortalece el perfil del inversionista y nos aseguramos que los beneficios realmente se dirijan a quienes contribuyan a la economía local”.
Bajo la propuesta novoprogresista, se incluyen enmiendas para extender la Ley 60 del 2035 hasta el 31 de diciembre 2055, para eliminar la “incertidumbre” de las personas sobre si mantenerse invirtiendo en la isla o no.
A preguntas de por qué los cambios a la Ley 60 no se aplican a los recipientes de decretos ya contraídos, la gobernadora respondió: “No voy a entrar en un menoscabo de las obligaciones contractuales que ya tiene el gobierno de Puerto Rico con estos inversionistas que vinieron aquí bajo un marco de ley; vinieron aquí por un precepto, por eso vinieron, y no puedes cambiarle las reglas de juego a mitad de camino, porque eso provocaría la falta de credibilidad de las operaciones del gobierno de Puerto Rico”
“Esta ley, cuando se aprobó, trajo inversión de capital, trajo desarrollo. Los que la criticaron se han tenido que dar cuenta del desarrollo que hemos tenido en diversas áreas de la isla, empresas, empleos, recaudos, así que lo estamos haciendo prospectivamente a los que vengan nuevos el año que viene”, añadió.
13 medidas de reforma contributiva
Las anteriores son dos de 13 medidas sometidas por el Comité de Reforma Contributiva que la gobernadora creó antes de juramentar al cargo y que buscan hacer el sistema más competitivo, eficiente y justo.
Otra medida anunciada propone enmendar la Sección 2 de la Ley 132-2010, conocida como la Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles, para extender la exención contributiva sobre ingresos generados por concepto de arrendamiento de propiedades residenciales localizadas en Puerto Rico.
Sobre esta propuesta que no aplica a alquileres a corto plazo, González señaló que la intención es lidiar con la falta de poder adquisitivo de los puertorriqueños para obtener vivienda.
“Si nosotros no extendemos la exención contributiva, todas las personas que alquilan una propiedad estarían pagando contribuciones del 24%. Es bien difícil adquirir una propiedad en Puerto Rico. Sin embargo, el Código de Rentas Internas dispone que, a partir de este año cuando expira una enmienda que se hizo en el 2010, tendrían que estar pagando contribuciones por el alquiler de propiedades. Nosotros tenemos que incentivar que la gente pueda tener una prioridad. No todo el mundo puede hacer una hipoteca o comprar una casa”, expuso.
La lista de medidas de la Administración González incluye otra para beneficiar a agricultores bonafides en la isla, también a través de enmiendas a la Ley 60.
El Gobierno busca redefinir el concepto de “agricultor bonafide” y crear una certificación oficial con vigencia de cuatro años, en lugar de dos, y que sea expedida por el secretario de Agricultura.
Los cambios buscan aclarar, simplificar y fortalecer los beneficios contributivos para los miembros de ese sector.
“Actualmente, las personas tienen que cumplir con un montón de requisitos, y el sistema es tan difícil que no todos los agricultores pueden beneficiarse de la exención contributiva. Una vez esa certificación emitida por el secretario de Agricultura se dé, estas enmiendas van a permitir que, a través del Departamento de Haciendo, se le dé una exención de contribución sobre ingresos sobre propiedad aplicable a todos los activos tangibles e intangiles utilizados en un 35% o más en actividades agroindustriales”, abundó la primera ejecutiva sobre el fin de la propuesta.
En entrevista con El Diario esta semana, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Sebastián Negrón Reichard, había anticipado que el plan del gobierno local era continuar revisando, autorizando y fiscalizando los decretos bajo la Ley 22, y que, en ese sentido, esta última gestión era bien importante.
“Nosotros vamos a asegurarnos que se cumplan con los informes anuales que tienen que entregar (los inversionistas bajo la Ley 22); que se revoquen los decretos que no cumplen con la ley, que no están siguiendo la ley de Puerto Rico, así que eso es algo a lo que vamos a estar bien pendientes”, respondió a preguntas de este rotativo.
Opositores de la Ley 22 insisten en derogación
Opositores al Código de Incentivos, y en específico a la Ley 22, como Federico de Jesús pusieron en duda la efectividad de las medidas que, según la gobernadora, buscan hacerle justicia contributiva a los puertorriqueños.
De Jesús consideró que las propuestas relacionadas con el Código de Incentivos no van a evitar los desplazamientos de locales que no pueden competir en igualdad de condiciones con extranjeros en la adquisición de vivienda.
“Yo dudo de esa cifra, porque si tú estás reduciéndole la tasa contributiva, no solo a los individuos que vengan después, sino a los residentes actuales, eso quiere decir que las familias ricas en Puerto Rico, van a pagar ahora, nada más que 4% de ganancias de capital, dividendos, intereses, por sus inversiones. Eso me parece a mí que pudiera reducir los recaudos. Es una medida regresiva porque le estás reduciendo los impuestos a los ricos y no a la clase trabajadora que está siendo desplazada de sus viviendas por estos esquemas. Esa no es la solución”, consideró el cocreador de la campaña “Losing Puerto Rico” que pide entre otras cosas la derogación de la ley.
El también fundador de la firma de consultoría FDJ Solutions, con sede en Washington D.C., argumentó que el Congreso podría tener que intervenir en caso de inacción a nivel local.
“Al final, la única manera de resolver esto es, o eliminar la Ley 22 como parte de la Ley 60…, pero también se puede resolver si la legislatura de Puerto Rico actúa, y el Congreso. Losing Puerto Rico y las coaliciones solidarias, incluyendo las de la diáspora, vamos a seguir impulsando que se cierre la laguna fiscal contributiva que permite esto”, insistió.
El entrevistado se refiere al “loophole” que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, que establece que los ingresos obtenidos de fuentes de Puerto Rico están exentos del impuesto sobre la renta de los EE. UU.
De Jesús planteó además que las medidas anunciadas no van a atajar el problema de la evasión fiscal, sino extenderla por muchas más décadas, esto en referencia a la pesquisa que encabeza el Servicio de Rentas Internas (IRS) contra un centenar de recipientes del estatuto que alegadamente están mintiendo sobre su residencia en Puerto Rico y tratando de evitar los impuestos de los EE.UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
El fin de la ley 22 era que los recipientes de las exenciones establecieran negocios en la isla que a su vez promovieran la creación de empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, múltiples sectores dentro y fuera de la isla han cuestionado los resultados a favor de los locales, y argumentan que lo que ha hecho es crear un paraíso fiscal y una burbuja inmobiliaria en la que los extranjeros se quedan con la tajada más grande en cuanto a compra y alquiler de vivienda.
Cifras sobre decretos de Ley 22 en informe de retorno de inversión del DDEC
Según el informe de retorno de inversión divulgado por el DDEC en mayo de 2024, aproximadamente, la mitad de los beneficiarios de la Ley 22 han establecido un negocio en Puerto Rico, y el 40% de estos negocios son empresas de servicios de exportación con decretos fiscales bajo la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios.
En cuanto a creación de empleos, las cifras apuntan a que, en directos, para el 2020, el DDEC registraba 5,439 relacionados con estos decretos; para el 2022, el número estaba en 8,266.
En el caso de empleos indirectos, para el 2020, el DDEC calculaba 11,386 versus 19,304 en el 2022. En total, las estadísticas de la agencia arrojan 16,825 empleos en 2020 y 27,570 en 2022.
En cuanto a bienes raíces, en el 2020, los beneficiarios de la Ley 22, en su mayoría, poseían propiedades, en lugar de arrendarlas. “En total, estas personas reportaron gastos de $267.8 millones en Puerto Rico en un solo año y un ingreso reportado de casi $3,000 millones”, lee el informe del Departamento de Desarrollo Económico que lleva por título “Evaluación del rendimiento de incentivos económicos: evaluación de datos y análisis de retorno de inversión (ROI)”.
En términos de negocios establecidos en la isla por estos inversionistas residentes, para el 2020, el número era 755. Para el 2022, el DDEC calculó 1,015.
Los datos además revelan que el incentivo mantiene un retorno de inversión positivo.
“Esto se debe a la importante cantidad de impuestos sobre la renta que pagan los beneficiarios de los decretos fiscales de la Ley 22. El IVU se calculó con base en la cantidad de dinero que los residentes declararon gastar en Puerto Rico en sus informes anuales”, especifica el reporte.
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