CPD tilda de insuficiente propuesta de Jenniffer González para imponer tasa contributiva de 4% a inversionistas bajo Ley 22 en Puerto Rico

hace 1 día 3

Nueva York – Iris Figueroa, estratega sénior de políticas de Center for Popular Democracy (CPD), catalogó como insuficientes las medidas de reforma contributiva presentadas por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en particular la que busca establecer un 4% de tasa contributiva a extranjeros inversionistas que busquen relocalizarse en la isla bajo la Ley 22.

Para la también portavoz de la campaña “PR No Se Vende / Not Your Tax Haven” no hace sentido que el gobierno de Puerto Rico busque extender la ley hasta el 2055, que es otra de las propuestas, y al mismo tiempo pretenda asegurar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por el estatuto.

“Esta cuestión de extender la ley hasta el 2055. Ahora mismo, la ley va hasta el 2035, y nosotros hemos dicho desde el principio que no nos parece buena práctica poner una ley por 20, 30, 40 años. Pueden poner la ley, ver cómo funciona y extenderla, si es el caso. Esto para nosotros es una señal de que va a seguir igual la situación, y (los beneficiarios) van a poder seguir haciendo lo que están haciendo. Y eso me lleva a la segunda parte, que es que esta ley no se está monitoreando, no se está regulando de la manera que se supone”, dijo Figueroa en entrevista con El Diario.

La Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” es parte del Código de Incentivos de Puerto Rico o Ley 60. El estatuto otorga exención fiscal total de dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en la isla. La gobernadora busca que los nuevos beneficiarios empiecen a pagar un 4% en impuestos a partir del próximo año.

Para poder beneficiarse de los decretos que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), estas personas deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley. Algunos son no haber vivido en Puerto Rico durante el período de 2006 a 2012, residir en la isla al menos 183 días al año, donar $10,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro y adquirir una vivienda en el territorio durante los primeros dos años de haber obtenido el decreto.

El fin de la ley era que los extranjeros que se trasladaran a la isla crearan empleos a través de sus inversiones e impulsaran el desarrollo económico del país.

Los detractores de estas exenciones, como, por ejemplo, CPD, sostienen que eso no es precisamente lo que ha ocurrido, y han pedido que la ley, aprobada en la legislatura de Puerto Rico, sea derogada.

Plantean que, en lugar de beneficios para la economía local, la Ley 22 ha agravado la crisis de vivienda al crear una burbuja inmobiliaria que ha aumentado el costo de alquiler y compra de propiedades, lo que no le permite a los locales competir en igualdad de condiciones con los extranjeros adinerados que se relocalizan en la isla.

Los opositores a la Ley 22 además denuncian que el estatuto facilita que estadounidenses evadan el pago de impuestos sobre los ingresos de origen estadounidense al mentir sobre su tiempo de estancia en la isla, asunto que precisamente investiga, desde el 2021, el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Otro tema en los que CPD ha hecho hincapié es en la alegada falta de fiscalización del DDEC a los decretos. Hasta el 2021, la agencia no había enfocado recursos para examinar y supervisar si estos individuos estaban cumpliendo con las disposiciones de la ley. La pasada administración encaminó una revisión que, hasta el año pasado, había conducido a la revocación de unos 300 decretos. La mayoría de las revocaciones respondieron a que los beneficiarios no presentaron sus informes anuales. El propósito principal de estos informes es que los inversionistas reporten anualmente lo que han donado a organizaciones y que declaren sus ingresos y propiedades.

El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, dijo en una vista pública reciente que, aunque se han fiscalizado los decretos, se puede hacer más.

“Se aprobaron en el cuatrienio pasado 3,186 decretos de individuo residente inversionista. El número de 2,660 que le di es el número de esos decretos que están activos, y esa diferencia, en parte es porque se revocaron alrededor de 300 decretos de individuo residente inversionista”, confirmó el encargado del DDEC según citó El Vocero.

Sobre este particular, Figueroa cuestionó que la propuesta de la Administración González no aborda la necesidad de reforzar la fiscalización en el cumplimiento con los decretos por parte de agencias como la mencionada.

“No se está monitoreando con los recursos que ya hay. No hay ninguna discusión de poner más recursos al DDEC o al Departamento de Hacienda para monitorear, y no creemos que ese es el camino para asegurar que se esté cumpliendo lo que se supone que se esté cumpliendo”, insistió.

“Los requisitos que ya existen, por ejemplo, comprar una propiedad…El mismo DDEC, en su informe al año pasado, dijo abiertamente que no sabía si muchos de los inversionistas habían comprado propiedades. O sea, algo tan básico como eso no lo están monitoreando efectivamente, y se supone que ahora extiendan el programa, que siga creciendo el programa, porque cada año que se extiende quiere decir que (el número de decretos) sigue creciendo”, agregó la portavoz.

“Pero, ¿esto no es un avance en la discusión hasta cierto punto?, porque antes era cero en contribuciones y ahora sería 4%”, preguntó El Diario.

“Obviamente, 4% es mejor que cero, es mejor que nada. Con esa parte en sí no tenemos problemas…Una cosa es lo que puede decir la ley, ¿pero se va a cumplir?”, planteó la activista.

Por otro lado, la entrevistada hizo referencia al aviso que recientemente le hizo la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) a la gobernadora y a su equipo en el sentido de que las medidas contributivas anunciadas serían inconsistentes con el plan fiscal y fiscalmente irresponsables, ya que reducirían los ingresos del Gobierno.

“La Junta de Supervisión Fiscal le mandó una carta de Jenniffer González. Ellos no han hecho un análisis ni de esa parte, ni de otras partes de la reforma contributiva. No han hecho vistas públicas. De dónde salió ese número, el 4%, y cuál es el impacto (fiscal). Es esta manera de hacer política pública que es como, ‘vamos a tratar algo’, sin tener un análisis ni un plan para medir el impacto; ponerlo por 30 años y esperar que funcione…Mientras tanto, el gobierno federal está recortando fondos. ¿4% va a ser suficiente? No sabemos. No tenemos forma de analizar lo que ellos están proponiendo, porque no han puesto los elementos para ese análisis”, consideró Figueroa.

En específico, Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta, manifestó en la misiva que los proyectos no pueden aprobarse sin un análisis de sus efectos en las finanzas de Puerto Rico a corto y largo plazo.

“Hacerlo demostraría una continua falta de responsabilidad fiscal y una violación tanto del espíritu como del mandato de PROMESA”, señaló Mujica en referencia a la ley bajo la que se creó el organismo que dirige.

La gobernadora respondió que, aún con las reservas de la Junta, continuará impulsando sus propuestas de reforma contributiva, ya que son compromisos de campaña y programáticos.

La representante de CPD reiteró que la mayoría de la gente no sabe cómo los inversionistas bajo Ley 22 están contribuyendo a la economía.

“Esa conclusión de que hay un inversionista de Ley 22 y necesariamente quiere decir que está invirtiendo en el país, no sé cuán cierta será”, señaló.

A preguntas de cuál sería entonces la solución para mejorar el alcance e impacto de la ley en vista de la falta de consenso en la legislatura para derogarla, Figueroa respondió: “Hay que darle recursos a (el Departamento de) Hacienda para implementar la ley, (garantizando) que se reciben los informes (anuales) de los beneficiarios; verificando que los beneficiarios estén cumpliendo con los días que deben tener de residencia (en Puerto Rico), etc. Eso no se hizo desde el principio”

La boricua también favorece que se impongan requisitos como mayor creación de empleos a los recipientes de estos decretos.

Añadió que CPD desconfía de los datos sobre creación de empleos contenidos en un informe que el DDEC divulgó en mayo pasado que analiza el retorno de inversión de los distintos incentivos que la agencia maneja.

En esa dirección, dijo que le pidieron, en una carta el año pasado, al entonces secretario del DDEC, Manuel Cidre, los datos que usaron para establecer los números y cómo los recopilaron, “porque si no están recopilando información de los beneficiarios sobre empleos creados, entonces, ¿cómo llegan a la conclusión de ese número de empleos?”.

Bajo ese renglón, el mencionado informe arrojó que, en cuanto a empleos directos, para el 2020, el DDEC registraba 5,439; para el 2022, el número estaba en 8,266.

En el caso de empleos indirectos o inducidos, para el 2020, el DDEC calculaba 11,386 versus 19,304 en el 2022. En total, las estadísticas de la agencia arrojan 16,825 empleos en 2020 y 27,570 en 2022.

Por otro lado, aproximadamente, la mitad de los beneficiarios de la Ley 22 han establecido un negocio en Puerto Rico, y el 40% de estos negocios son empresas de servicios de exportación con decretos fiscales bajo la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios.

El documento de 32 páginas, titulado “Evaluación del rendimiento de incentivos económicos: evaluación de datos y análisis de retorno de inversión (ROI)”, también menciona el retorno de inversión positivo (ROI) producto del decreto.

“El incentivo mantiene un ROI positivo incluso con un impuesto potencial del 4% sobre dividendos, intereses y ganancias de capital. Esto se debe a la importante cantidad de impuestos sobre la renta que pagan los beneficiarios de los decretos fiscales de la Ley 22. El IVU se calculó con base en la cantidad de dinero que los residentes declararon gastar en Puerto Rico en sus informes anuales”, señala el análisis.

Figueroa concluyó que la organización que representa buscará establecer contacto con funcionarios de la nueva Administración González, como Negrón Reichard, para discutir sus preocupaciones y propuestas relacionadas con la Ley 22.

“Estamos trabajando el acercamiento a varias agencias (de gobierno) ahora que están bajo nuevo liderazgo, y vamos a hacer muchas de las preguntas que quedaron pendientes del cuatrienio anterior, y vamos a darle la oportunidad a ver cómo responden”, adelantó.

En entrevista el mes pasado con este rotativo, Negrón Reichard declaró que el enfoque sobre la Ley 22 bajo su jefatura será hacer valer las disposiciones de la misma o asegurar que los individuos inversionistas están cumpliendo con sus obligaciones a cambio de la otorgación del decreto.

“Nosotros respondemos a la ley de Puerto Rico, y por eso es un decreto que se sigue revisando, autorizando y fiscalizando. La parte de fiscalización es bien importante, y es algo que nosotros vamos a asegurarnos que se cumplan con los informes anuales que tienen que entregar; que se revoquen los decretos que no cumplen con la ley, que no están siguiendo la ley de Puerto Rico, así que eso es algo a lo que vamos a estar bien pendientes”, expuso el titular del DDEC.