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hace 7 horas
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MIAMI. – El director financiero de Florida (CFO), Blaise Ingoglia, acusó públicamente al condado de Miami-Dade de tener más de $302 millones en "gastos excesivos y despilfararradores" en su presupuesto.
El anuncio, realizado en un evento en la Universidad Internacional de Florida, representa el hallazgo más cuantioso de una iniciativa estatal que audita a los gobiernos locales para, según sus promotores, justificar una futura reducción de los impuestos a la propiedad.
La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, respondió enérgicamente, al calificar la acusación como una maniobra política y defender la gestión de su administración como "una de las más transparentes y fiscalmente responsables del país".
Cifra polémica
Según trascendió, la cifra de $302.6 millones no proviene de una auditoría forense tradicional que analiza renglón por renglón los gastos. En cambio, el equipo de la iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del estado utilizó una fórmula.
Los auditores tomaron como base el presupuesto del Condado del año fiscal 2019-2020, lo ajustaron según el crecimiento poblacional y la inflación acumulada, y catalogaron cualquier monto que excediera ese cálculo como "excesivo".
De acuerdo con el CFO, el presupuesto del fondo general del Miami-Dade creció más de $843 millones (un 50.28%) y se contrataron 2.843 nuevos empleados a tiempo completo en los últimos cinco años. Ingoglia instó al condado a reducir su tasa de amillaramiento, con el argumento de que la medida no afectaría los servicios esenciales.
Críticos de esta metodología señalan que es un instrumento político diseñado para generar cifras alarmantes, ya que ignoraría factores como mandatos estatales no financiados, nuevas responsabilidades de servicio o inversiones estratégicas en infraestructura.
El propio Ingoglia admitió que los ejemplos específicos de despilfarro se conocerán más adelante, cuando se completen las auditorías detalladas in situ, una estrategia descrita como "acusar primero, auditar después".
Defensa de Miami-Dade
Entretanto, la alcaldesa Levine Cava refutó las conclusiones del estado y afirmó que su administración ha reducido la tasa impositiva a su nivel más bajo desde 1982.
En un comunicado, la edil sostuvo que el gobierno condal ha implementado medidas de eficiencia, como la fusión de departamentos, y ha absorbido recortes de fondos estatales mientras aprueba presupuestos con apoyo bipartidista.
La defensa del Condado sostiene que la “fórmula simplista” del estado no considera la complejidad de administrar una de las áreas metropolitanas más grandes del país.
Además, el presupuesto de $12.9 mil millones para el año fiscal 2024-25 se aprobó tras negociaciones para cerrar un déficit de casi $400 millones, lo que, según la administración local, evidencia una gestión de restricción fiscal y no de despilfarro.
Durante la conferencia de prensa del estado se mencionó la "Oficina de Calor" del condado como un gasto innecesario.
Sin embargo, este puesto, creado para abordar los riesgos del calor extremo, se financia principalmente a través de subvenciones y apoyo de organizaciones sin fines de lucro, no con impuestos locales a la propiedad, de acuerdo con el Condado.
Disputa estatal
La acusación contra Miami-Dade es la más alta dentro de una campaña amplia de la iniciativa DOGE, que ha identificado un supuesto gasto excesivo de 1.5 millones en nueve gobiernos locales de Florida. Otros condados señalados son Hillsborough (278 millones), Orange (199 millones) y Broward (189 millones).
Tanto el gobernador Ron DeSantis como el CFO Ingoglia han conectado explícitamente estas auditorías con una futura iniciativa electoral en 2026 para reformar el impuesto a la propiedad.
La estrategia busca construir un argumento público sobre el alegado despilfarro de los gobiernos locales para generar apoyo a un mayor control fiscal por parte del estado
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