Estados Unidos sancionó a un grupo armado y empresas por minería ilegal en la República Democrática del Congo vinculadas a China

Mineros trabajan en la cantera de coltán D4 Gakombe el viernes 9 de mayo de 2025, en Rubaya, República Democrática del Congo (AP Foto/Moses Sawasawa)

El gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a un grupo armado y varias empresas acusados de participar en el comercio ilícito de minerales en el este de la República Democrática del Congo (RDC), una región clave para el suministro de minerales críticos para la industria mundial, pero devastada por décadas de violencia, desplazamientos y crisis humanitarias, según informó el Departamento del Tesoro de EEUU.

Parte de las sanciones, anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, están dirigidas contra la Coalition des Patriotes Résistants Congolais–Force de Frappe (PARECO-FF), una facción armada acusada de controlar los principales sitios mineros de Rubaya desde 2022 hasta principios de 2024. Durante ese periodo, según el comunicado oficial en Washington, PARECO-FF supervisó las operaciones mineras, exigió tasas y tributos ilícitos a los mineros, participó en el contrabando de minerales, impuso trabajos forzados y ejecutó civiles en las áreas bajo su control.

Entre los sancionados también figuran la compañía minera congoleña Coopérative des Artisanaux Miniers du Congo (CDMC), acusada de comercializar minerales extraídos y contrabandeados en zonas dominadas por PARECO-FF, y las exportadoras con sede en Hong Kong East Rise Corporation Limited y Star Dragon Corporation Limited, señaladas por adquirir minerales originarios de Rubaya.

Las medidas incluyen la congelación de activos en poder de estos grupos y empresas dentro de Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de toda transacción con ellos. En caso de violar las sanciones, tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros se exponen a sanciones civiles y penales, según advirtió la OFAC.

El enclave minero de Rubaya, actualmente bajo control del grupo rebelde M23 –también sujeto a sanciones estadounidenses–, se erige en el epicentro de una disputa por el acceso y control de minerales estratégicos como el coltán, fundamentales para dispositivos electrónicos y baterías, según el Departamento de Estado de EEUU.

La región este de la RDC ha registrado miles de muertes civiles y desplazamientos masivos a consecuencia de la acción de distintas facciones armadas, incluidas las fuerzas gubernamentales, milicias locales y actores respaldados por Ruanda como el M23. Según el Tesoro estadounidense, el comercio ilegal de minerales financia la continuación del conflicto y alimenta redes de corrupción, impidiendo la inversión de negocios legítimos y transparentes en la zona.

De acuerdo con el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, “el comercio de minerales de conflicto está cobrando un alto costo entre la población congoleña, fomenta la corrupción y dificulta que las empresas se instalen de manera legal y responsable”.

En esta imagen de archivo, rebeldes del grupo M23 -que desde mayo de 2024 controlan Rubaya, una localidad minera del este de República Democrática de Congo conocida por producir un mineral clave para los smartphones- en pie con sus rifles en Kibumba, en el este del país, el 23 de diciembre de 2022 (AP Foto/Moses Sawasawa, archivo)

Investigaciones han demostrado que minerales extraídos en el este de la RDC se trafican principalmente a través de Ruanda y luego se envían a países de refinado y procesamiento como China. Las empresas internacionales involucradas, entre ellas East Rise y Star Dragon, habrían facilitado la exportación de estos materiales, colaborando con actores armados y compañías locales para burlar controles y regulaciones.

La acción del Tesoro estadounidense define a estas empresas como participantes en el sostenimiento financiero de PARECO-FF y CDMC, al proveer apoyo logístico, material o financiero decisivo para la actividad minera ilícita. Las sanciones también afectan entidades en las que los implicados tengan, directa o indirectamente, al menos el 50% de participación.

Las sanciones ocurren en un contexto diplomático delicado. El 27 de junio de 2025, la RDC y Ruanda firmaron un acuerdo de paz facilitado por Estados Unidos que buscaba cesar la violencia y asegurar el abastecimiento responsable de minerales críticos. Ambas partes se comprometieron además a conformar un marco de cooperación regional para promover la transparencia de la cadena de suministro.

Sin embargo, la persistencia del conflicto ha entorpecido los avances. El grupo M23 y el gobierno congoleño, que tienen previsto firmar un acuerdo de paz permanente antes del 18 de agosto, se acusaron este martes de incumplir el cese de hostilidades tras nuevos enfrentamientos. La situación sigue amenazando la estabilidad en una zona que, según la ONU y autoridades estadounidenses, es escenario habitual de abusos a los derechos humanos como trabajo infantil, esclavitud y violencia sexual en los yacimientos mineros dominados por grupos armados.

Las sanciones también se producen en un contexto de creciente preocupación por las redes chinas de minería ilegal de oro y otros minerales estratégicos en Asia, África y América del Sur. Investigaciones periodísticas, como una reciente del diario The Washington Post, documentan que sindicatos chinos han expandido operaciones ilícitas en varios países, empleando maquinaria pesada, cianuro y técnicas extractivas a gran escala, desplazando a mineros artesanales locales y agravando la degradación ambiental.

Imagen de archivo del presidente chino Xi Jinping (REUTERS)

En países como Ghana, Indonesia y la Guayana Francesa, autoridades locales y expertos han denunciado la falta de cooperación de las autoridades chinas para identificar o detener a los responsables. Se contabilizan procesos judiciales y detenciones de ciudadanos chinos en al menos 15 países ricos en oro desde 2024. El propio régimen chino, a través del Ministerio de Comercio y la embajada en Washington, ha evitado comentar sobre la magnitud del fenómeno y ha rechazado su complicidad.

La demanda de oro de China ha crecido de forma sostenida, marcando récords históricos y superando los 3.000 dólares la onza. El sector ilícito genera cerca de 30.000 millones de dólares anuales y unas 400 toneladas, según estudios de la organización suiza Swissaid. Analistas como Jan Nieuwenhuijs sostienen que las compras encubiertas del Banco Popular de China estarían contribuyendo a distorsionar el mercado global y permitir la entrada de oro de origen ilegal a las reservas nacionales.

Estados Unidos ha reiterado que su objetivo con las sanciones es inducir un cambio de comportamiento en los actores implicados, contribuir a la estabilización del este de la RDC y garantizar que el abastecimiento de minerales críticos se haga de manera legal, transparente y respetando los derechos humanos. Las autoridades estadounidenses afirmaron que continuarán colaborando con gobiernos e instituciones internacionales para fortalecer el control sobre las cadenas de suministro y castigar el financiamiento de la violencia en la región.

(Con información de AP)