Estados Unidos advierte: cambios en la Green Card quiénes pueden perderla y por qué

Existen razones para que los poseedores pierdan su Green Card. (Jesús Aviles/Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha advertido que los titulares de Green Card podrían perder su elegibilidad para permanecer en Estados Unidos si apoyan el terrorismo o la violencia.

La advertencia, publicada el miércoles en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, por el propio USCIS, subraya la postura del gobierno federal respecto a la permanencia de inmigrantes en el país.

En el mensaje, el organismo enfatizó: “Venir a Estados Unidos y recibir una visa o tarjeta de residencia es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben ser respetados. Si usted incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o alienta a otros a hacerlo, ya no es elegible para permanecer en EEUU”, según declaraciones recogidas por Newsweek.

Las advertencias fueron emitidas por funcionarios del USCIS en redes sociales. (USCIS)

Esta declaración marca un endurecimiento en la interpretación y aplicación de las leyes migratorias. La administración estadounidense ha intensificado sus leyes migratorias.

Según reportes del medio, docenas de titulares y solicitantes de tarjetas de residencia permanente han sido detenidos durante las redadas de inmigración. Estas acciones han puesto de manifiesto la amplitud de la política de deportación, que no distingue entre diferentes categorías de inmigrantes.La magnitud de la población afectada es significativa. La Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional estimó que 12.8 millones de residentes permanentes legales, o titulares de Green Card, vivían en Estados Unidos al 1 de enero de 2024.

Este grupo, que tradicionalmente ha gozado de cierta estabilidad, ahora enfrenta la posibilidad de perder su estatus legal si se considera que han violado los principios establecidos por el USCIS. El organismo ha reiterado que los residentes permanentes legales que incurran en conductas como incitar a la violencia o apoyar actividades terroristas pueden ser objeto de deportación.

El sistema judicial de inmigración enfrenta una presión sin precedentes. Los tribunales están desbordados, con un atraso que supera los 3.7 millones de casos, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, citado por Newsweek.

Esta acumulación de expedientes implica que los solicitantes de asilo y otros inmigrantes pueden esperar años antes de obtener una decisión sobre su situación, lo que agrava la incertidumbre y el estrés en las comunidades afectadas. El USCIS ha destacado su colaboración diaria con otras agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado (DOS), para garantizar la seguridad del país.

Se deben acatar una serie de normas para poseer la Green Card. (EFE/Iván Mejía)

En sus propias palabras: “Desde la designación de organizaciones terroristas extranjeras hasta la imposición de sanciones, tomamos medidas para proteger y asegurar nuestra nación para sus familias, amigos y su futuro”.

Esta declaración refleja la prioridad que el gobierno otorga a la seguridad nacional en la gestión de la inmigración. El secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció en marzo sobre la política de visas para estudiantes extranjeros. Rubio afirmó: “Si solicita una visa de estudiante para venir a Estados Unidos y dice que viene no solo a estudiar, sino a participar en movimientos que vandalizan universidades, acosan a estudiantes, toman edificios y causan caos, no le daremos esa visa”.

La administración estadounidense ha dejado claro que continuará aplicando sus políticas migratorias. Se prevé que el gobierno revoque más tarjetas de residencia y visas como parte de la agenda presidencial, que busca implementar lo que Donald Trump ha denominado el mayor programa de deportación en la historia de EEUU.

Esta estrategia, que combina la aplicación estricta de la ley con un discurso de seguridad nacional, redefine el panorama migratorio y plantea desafíos significativos para millones de personas que residen legalmente en el país.