Enmiendan demanda contra Trump por despidos en pleno cierre de gobierno: uniones incluyen a más empleados cesanteados

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NUEVA YORK – Uniones laborales que disputan en una corte de San Francisco, California, los despidos masivos en agencias federales como resultado del cierre del gobierno ampliaron la demanda para incluir a más cesanteados.

En un memo sometido el martes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte, entidades como la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) y Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), también piden una medida cautelar que extienda la orden que prohíbe despedir a cualquier trabajador mientras avanza el litigio.

El recurso es una ampliación a la demanda presentada el 30 de septiembre contra la Administración Trump en la que alegan que la Administración violó la ley al amenazar con despedir a los trabajadores federales suspendidos y ordenar a los empleados que trabajan sin paga a llevar a cabo los despidos masivos.

“La decisión del Gobierno de despedir a miles de funcionarios patriotas mientras el gobierno está paralizado es manifiestamente ilegal, y me complace que podamos ampliar nuestra demanda para proteger a aún más empleados federales de ser despedidos”, indicó en un comunicado de prensa el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.

El sindicalista argumentó que el presidente Donald Trump está procediendo con base en motivaciones político-partidistas.

“El presidente Trump no ha ocultado que se trata de castigar a sus enemigos políticos y no tiene nada que ver con el trabajo real que realizan estos empleados. Los datos proporcionados por el Gobierno bajo orden judicial ilustran la magnitud e ilegalidad de estos despidos y validan la determinación de nuestro sindicato de impugnar esta acción ilegal. No cejaremos en la lucha por nuestros miembros y por cada empleado federal que sirve a este país”, agregó.

Por su parte, el presidente de AFSCME, Lee Saunders, afirmó que la detención temporal de los despidos por parte del tribunal es prueba de que los procedimientos violaron la ley.

“Ahora, nuestra demanda para detener estos despidos ilegales se está expandiendo para proteger a más trabajadores del flagrante abuso de poder de la administración y para que la orden dure más. Seguiremos utilizando todas las vías legales para proteger a los trabajadores esenciales y a las comunidades a las que sirven de estos crueles despidos masivos con motivos políticos, impulsados por extremistas antiobreros”, expuso.

Para Heather Conroy, vicepresidenta ejecutiva de SEIU, la decisión de Trump y su equipo es además “cruel”.

“Despedir a empleados federales durante un cierre gubernamental es tan cruel como ilegal”, declaró.

“Esta Administración ha dejado claro de qué lado está, alineándose una y otra vez con los multimillonarios en lugar de con los trabajadores. Los trabajadores federales sirven a nuestras comunidades en las buenas y en las malas, sin una agenda política. Nos enorgullece unirnos a otros sindicatos de trabajadores federales para luchar por la reincorporación, la compensación y el respeto de los trabajadores. Juntos, exigiremos responsabilidades a esta administración por priorizar la ideología sobre los trabajadores y las comunidades a las que sirven”, planteó la sindicalista.

El 15 de octubre, la jueza federal Susan Illston emitió una orden de restricción temporal que frena los despidos o que impide que el gobierno de Trump haga cumplir los avisos de reducción de personal (RIF) o que expida más a los empleados en las oficinas de las agencias demandadas donde los sindicatos representan a los empleados.

Dos días después, en una audiencia posterior, Illston especificó que la orden aplica a todas las oficinas de la agencia donde los sindicatos tienen miembros o unidades de negociación, incluso aquellas donde la administración rescindió los contratos.

Ese 17 de octubre, la demanda se amplió para incluir a los empleados representados por la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE), la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales (NAGE) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

En el memo de los demandantes en apoyo a la moción de medida cautelar preliminar presentada este martes, se le solicita al tribunal que amplíe aún más la demanda para incluir a los empleados federales representados por el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE).

La presentación enmendada señala que, el 10 de octubre, las agencias federales comenzaron a despedir a miles de empleados en medio de un cierre gubernamental, una medida “sin precedentes en la historia de nuestro país”. Según el documento, la medida no es normal y se tomó “como una forma de castigar al partido político contrario”.

“Tampoco es legal. Como reconoció el Tribunal en la audiencia de la Orden de Restricción Temporal (ORT), la premisa legal establecida para los RIF durante el cierre —que una interrupción temporal de la financiación elimina la autoridad legal y, por lo tanto, justifica los RIF— es errónea, y ‘si lo que alegan los demandantes es cierto, entonces las acciones de las agencias al despedir a miles de empleados públicos durante un cierre gubernamental —y al seleccionar para los RIF aquellos programas que se perciben como favorecidos por un partido político en particular— son el epítome de una toma de decisiones apresurada, arbitraria y caprichosa’”, lee el documento judicial.

El texto de los demandantes añade que, con base en la información y los argumentos sobre la orden temporal, el tribunal concluyó que era probable que estos prosperaran en sus reclamaciones bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que los demandantes y los empleados federales que representan enfrentan un daño irreparable inminente, y que los demandados no sufrirían ningún perjuicio por una “preservación temporal del statu quo” y que se protegía el interés público al suspender las notificaciones de RIF y la implementación de cualquier RIF iniciada a partir del 10 de octubre.

Las uniones especifican que el escrito complementa el expediente existente para resumir y actualizar la información sobre las acciones y declaraciones de la Administración en relación con los despidos por el cierre.

Por otro lado, los peticionarios abordan la evidencia del perjuicio causado por los despidos reales e inminentes, incluyendo lo que respecta a los nuevos sindicatos incluidos como demandantes en la denuncia enmendada.

En el memo, los demandantes también solicitan que se ordene a cada demandado presentar, en un plazo de dos días hábiles, un informe de cualquier RIF emitido a partir del 1 de octubre, o que estuviera en preparación al momento de la orden de protección temporal emitida por el tribunal. Piden además que, dentro de cuatro días hábiles, deban presentar para revisión y aprobación de la corte un proyecto de carta que se enviará a cada empleado cuyo aviso de RIF deba ser rescindido en virtud de la orden judicial del tribunal.