Elección del 28J: “Ni libre, ni justa, ni competitiva, ni transparente”, según la CIDH

WASHINGTON.- La elección presidencial del 28 de julio de 2024, lejos de garantizar la participación política de la oposición de Venezuela, estuvo marcada por prácticas de terrorismo de Estado, cuyo propósito fue obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa, competitiva y transparente, así como sembrar terror en la ciudadanía, para mantener a Maduro en el poder.

Así lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, que recoge las irregularidades detectadas antes, durante y después del proceso electoral realizado en 2024.

“Estos hechos solo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas”, advierte el informe sobre el cual el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villarreal , dio detalles a un medio nacional.

En duda la legitimidad de Maduro

El informe, que fue elaborado por la CIDH en diciembre de 2024, cinco meses después de los comicios, señala que el régimen, además de recurrir a los organismos del Estado para ejecutar detenciones arbitrarias y persecución e inhabilitación, también apeló a la opacidad electoral y a las restricciones de derechos políticos “que impiden considerar que la reelección de Nicolás Maduro tenga legitimidad democrática”.

“Es consistente en todos los testimonios que hemos recabado que 2024 es un hito. A partir de allí, el miedo se recrudeció; el despliegue intimidatorio se masificó a través de persecuciones dirigidas, muchas de ellas a periodistas, pero también hacia la sociedad en su conjunto, en un tono aleccionador. A marzo de 2025, hay una suerte de normalización del silencio y un temor muy alto”, explicó Vaca, al ser consultado por la alianza de medios La Hora de Venezuela.

Y destacó dos cosas que le llaman la atención en el marco del control y la represión.

“Una es la dimensión digital de la censura, que tiene que ver desde la inspección de celulares, revisión de conversación de chat y a partir de ello apertura de causas de orden criminal contra personas y periodistas”. Y la otra, “la cancelación de pasaportes, una medida de retaliación que hace más difícil la vida de personas que ya están en una situación vulnerable”.

Terrorismo en tres etapas

En un repaso por las etapas de antes, durante y después de la elección presidencial, el informe hace énfasis en el papel del Consejo Nacional Electoral que “detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque, suspendió la realización de auditorías y se negó a publicar las actas de votación”.

Frente a esto, la oposición, anticipando un fraude electoral, dice la CIDH, recopiló màs del 80% de las actas digitalizadas en todo el país para asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda que le darían la victoria al candidato opositor Edmundo Gonzalez Urrutia, con un 67% de los sufragios.

La percepciòn del fraude electoral desencadenó más de 300 protestas ciudadanas que culminaron con una represión sistemática, lo que incrementó “el terror como herramienta de control social”.

CIDH pide publicar actas

A esto se suman las acciones de la llamada "Operación Tun Tun".

“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”. El informe concluye que “las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional”.

También establece, de modo concluyente, que “la represión llevada a cabo por el Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, dice la CIDH que formula recomendaciones y pide el cese de las detenciones arbitrarias y publicar todas las actas para restablecer el orden constitucional.

FUENTE: Con información de CIDH, EfectoCocuyo