EEUU excluye a refugiados del programa de asistencia alimentaria SNAP desde noviembre de 2025

Estados Unidos excluye a refugiados y solicitantes de asilo del programa SNAP tras la promulgación de la ley H.R.1 en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos oficializó la exclusión de refugiados y otros inmigrantes legales del principal programa federal de asistencia alimentaria, el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), a partir de la promulgación de la ley H.R. 1, el 4 de julio de 2025. Este cambio legal, que se implementará de manera plena el 1 de noviembre, elimina el acceso de decenas de miles de personas a un recurso fundamental para su subsistencia en el país, según confirmó el Departamento de Agricultura (USDA) y ratificó la organización USCRI.

De acuerdo con el nuevo marco legal, solo podrán solicitar y recibir SNAP los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, ciertos migrantes procedentes de acuerdos especiales como los de Micronesia, Palaos e Islas Marshall, además de algunos pocos grupos más acotados. Esta modificación impacta directamente en refugiados, solicitantes de asilo, personas evacuadas de zonas de conflicto sin residencia, víctimas de trata o de violencia que hasta ahora tenían cobertura. Las autoridades estatales deben notificar y ajustar en un máximo de 120 días la terminación de los beneficios, afectando a la mayoría de los beneficiarios a partir de noviembre, según la información publicada por USCRI.

Las discusiones previas en el Congreso federal y los consecuentes debates estatales sobre el alcance del gasto social, los requisitos de acceso a beneficios federales y las condiciones de los programas de protección humanitaria han enmarcado la decisión. Reuters informa que la medida ha generado inquietud en organizaciones humanitarias y redes de bancos de alimentos, que advierten sobre un incremento en la inseguridad alimentaria y la presión sobre recursos estatales y locales.

La ley H.R. 1 de 2025 introdujo una redefinición de los criterios de admisibilidad al SNAP, estableciendo que solo participan ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales, y ciertos grupos cubiertos por acuerdos federales. De este modo, el texto legal excluye a los refugiados, a solicitantes de asilo, sobrevivientes de trata y violencia doméstica con permisos especiales y evacuados de conflictos armados que no poseen residencia.

Según datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y por el USDA, el cambio afecta directamente a cerca de 90.000 personas en promedio mensual. “La exclusión de refugiados y otros desplazados forzosos debilita su ya precaria seguridad alimentaria al retirar uno de los principales apoyos gubernamentales con que contaban para iniciar su integración”, analiza USCRI.

La eliminación de la asistencia para estos grupos se justifica en la reducción del gasto social y en ajustes de prioridades presupuestarias federales, aunque ese argumento ha enfrentado objeciones tanto en cámaras legislativas como en los tribunales.

La eliminación de SNAP para inmigrantes humanitarios afecta a cerca de 90.000 personas, según datos del USDA y USCRI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

• Elegibles actualmente:
  • Ciudadanos estadounidenses.
  • Residentes permanentes legales (Green Card).
  • Entrantes cubanos y haitianos en condiciones específicas.
  • Nacionales de países con acuerdos especiales (Micronesia, Islas Marshall, Palaos).
• Excluidos expresamente desde noviembre de 2025:
  • Refugiados.
  • Solicitantes de asilo.
  • Beneficiarios de parole humanitario sin residencia.
  • Supervivientes de trata de personas y violencia doméstica con protección temporal.
  • Evacuados de crisis internacionales no cubiertos por residencia.

De acuerdo con USCRI, “el corte de beneficios es inmediato y no existen adaptaciones progresivas; a partir del plazo legal los estados deben comunicar, retirar el beneficio y ajustar los padrones de entrega”.

Los cálculos del USDA, revisados en Reuters y en reportes del Migration Policy Institute, estiman que entre 85.000 y 100.000 refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes humanitarios perderán la cobertura de SNAP en el primer mes de aplicación de la ley. En términos nacionales, hay cerca de 42 millones de personas que reciben algún tipo de asistencia bajo SNAP, lo que coloca a los refugiados como una minoría dentro del universo total, pero como uno de los grupos más vulnerables ante recortes.

Un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) cita que entre 2005 y 2019 los refugiados y asilados contribuyeron con más de 123.800 millones de dólares adicionales a las arcas públicas en comparación con lo recibido en ayudas.

Las organizaciones humanitarias alertan que la interrupción del SNAP puede provocar desplazamientos internos o la entrada en situación de indigencia de personas que hasta ahora contaban con el beneficio durante el proceso de integración.

Solo ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y ciertos grupos especiales podrán acceder a SNAP desde noviembre de 2025. (AP Foto/Allison Dinner, Archivo)

Un bloque de 25 estados junto con el Distrito de Columbia presentó una demanda judicial contra el gobierno federal para frenar la suspensión de beneficios alimentarios bajo el contexto de recorte y cierre administrativo, argumentando que la legislación contradice otras normativas federales y pone en riesgo a grupos vulnerables. El texto de la demanda, publicado por Reuters, sostiene que “la interrupción de los cupones alimentarios amenaza la seguridad y vida de miles de residentes legales bajo distintas figuras humanitarias”.

Algunos estados con grandes comunidades migrantes, como Nueva York, buscan alternativas a nivel local, entre ellas el programa “SNAP 4 All”, que prevé usar fondos estatales para atender a quienes pierdan la cobertura tras el recorte federal. Otras jurisdicciones debaten propuestas similares en sus asambleas.

Las ONG y redes de bancos de alimentos prevén un aumento de demanda y han gestionado recursos con apoyo de asociaciones civiles y liderazgos locales. “Los bancos de alimentos están preparándose para una demanda sin precedentes a partir de noviembre por la salida de miles de personas del SNAP”, cita Reuters en un informe reciente.

Hasta el anuncio de la ley H.R. 1, los refugiados y los asilados eran elegibles automáticamente para el SNAP bajo normativas federales desde 1996. Esta excepción al requisito de residencia de cinco años para otros inmigrantes se justificaba en tratados internacionales y estándares humanitarios. Los beneficiarios recibían, en promedio, 210 dólares al mes para cubrir necesidades alimentarias básicas, según estimaciones del Congreso y USDA.

El proceso incluía verificación de estatus migratorio, análisis de ingresos y documentación oficial. En muchos casos, las agencias estatales y ONG acompañaban la inscripción y seguimiento al beneficio para asegurar el acceso efectivo durante el periodo de transición e integración social.

La exclusión de refugiados del SNAP incrementa la inseguridad alimentaria y la presión sobre bancos de alimentos y recursos estatales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Expertos del Migration Policy Institute y la USCRI indican las siguientes consecuencias directas e indirectas:

• Aumento de inseguridad alimentaria en ciudades receptoras de refugiados.
• Saturación de comedores comunitarios y bancos de alimentos.
• Profundización de brechas en acceso a salud y educación de menores en familias afectadas.
• Obstáculos adicionales en procesos de inserción laboral y social por desnutrición o inseguridad en el hogar.
• Riesgo de desplazamientos internos o de crisis habitacional, especialmente en estados con altos índices de inmigración humanitaria.

La exclusión impacta de manera desproporcionada en mujeres, niños y personas mayores, según reportes institucionales, pues muchas familias dependen mayoritariamente de los fondos del SNAP para asegurar una dieta básica.

Algunas jurisdicciones, como Nueva York, trabajan en leyes estatales que permitan programas de emergencia para entregar tarjetas de alimentos o cupones financiados localmente a quienes fueron excluidos. El debate legislativo en otros estados aún está en marcha y la financiación de estos programas depende de los presupuestos aprobados en cada legislatura local.

Las organizaciones nacionales como USCRI y redes de ayuda a inmigrantes recomiendan a las personas excluidas consultar en los servicios sociales del condado, oficinas estatales de alimentación y en organizaciones de apoyo legal sobre sus derechos y alternativas en caso de inseguridad alimentaria.

Las familias afectadas pueden también buscar acceso a bancos de alimentos, comedores escolares subvencionados o a servicios estatales de emergencia, aunque la capacidad de estos programas es limitada frente al tamaño de la población excluida por la medida.

En la medida que avance el proceso de notificación e implementación de la exclusión, los estados y las ONGs evaluarán la magnitud del impacto y la efectividad de los programas sustitutos impulsados localmente. Las autoridades federales han declarado que no prevén prórrogas al calendario de exclusión ni excepciones adicionales a las ya publicadas. El proceso de aplicación de la ley continuará hasta que se complete la transición de beneficiarios y la reasignación de recursos federales.

Mientras tanto, los colectivos de defensa de inmigrantes y las asociaciones humanitarias monitorean el desarrollo de posibles litigios y la presentación de nuevos proyectos de ley que puedan revertir, mitigar o adaptar el alcance de la exclusión de SNAP en el corto y mediano plazo.