Ecuador reforzará la seguridad de las zonas más violentas para el referéndum del próximo 16 de noviembre

Las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador reforzarán la seguridad de las zonas más violentas del país durante el desarrollo del referéndum, el próximo 16 de noviembre, con el objetivo de evitar ataques o cualquier amenaza de la que puedan ser víctimas los votantes.

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Así lo explicó este lunes el general del Ejército Kleber Guaytarilla durante la instalación de la mesa de seguridad que oficializó el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que más de veinte instituciones articularán las medidas de seguridad y respuesta para que la jornada de votaciones se realice con éxito.

Guaytarilla señaló que ya tienen identificadas varias localidades en las que ya están trabajando con inteligencia militar "para determinar alguna vulnerabilidad que pueda haber tanto para el electorado como para los recintos electorales".

Una de esas localidades es Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde el pasado 14 de octubre explotó un carro bomba en los exteriores de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa.

A esa ciudad se suman otras que están en las provincias costeras de Manabí, Los Ríos y El Oro, que también son de las más golpeadas por la violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a las bandas de crimen organizado.

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Por su parte, el general Renato Cevallos, representante de la Policía, añadió que los equipos antiexplosivos "están listos" y distribuidos en todo el país, con el objetivo de que puedan "reaccionar de manera oportuna" ante cualquier amenaza.

Para el día del referéndum, las Fuerzas Armadas desplegarán 61.500 militares y la Policía otros 57.460 agentes, a los que se sumarán tres aeronaves y 41 drones.

Denuncias por cuentas de campaña

Tras la instalación de la mesa de seguridad, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, también se pronunció por una alerta que días atrás hizo el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), sobre que el organismo electoral los había denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con el objetivo de sancionarlos y eliminarlos como partido.

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Atamaint tildó esa alerta como un intento de "victimización o desinformación" por parte de la RC y explicó que se trata de un procedimiento que se realiza a todas las organizaciones que tienen inconsistencias en sus cuentas de campaña.

Señaló que el CNE realiza un análisis de los informes en los que las organizaciones justifican el manejo de los fondos de origen privado, y que si detectan alguna inconsistencia les dan quince días para que puedan subsanar las dudas o presentar más información.

La RC, dijo Atamaint, ha pedido al CNE corregir la resolución y solo si después de conocer este pedido el pleno decide ratificar que la información es insuficiente es que se presenta una denuncia ante el TCE.

Añadió que no es la única organización social o política que pasa por esa situación, ya que hasta el momento se han presentado otras diez denuncias en contra de la Unión Nacional de Educadores (UNE) o la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie), entre otras, relacionadas a las cuentas de campaña del plebiscito en el que los ecuatorianos aprobaron el cese y desmantelamiento de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

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Y descartó que la sanción sea que no puedan participar en campañas electorales, sino que se trata de multas económicas y del retiro de derechos políticos al representante legal, al responsable del manejo económico y, por último, al jefe de campaña y candidato o candidata.

Más de 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a ir a las urnas el próximo 16 de noviembre para decidir sobre cuatro preguntas, entre ellas la de la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.