Desaparecidos en Latinoamérica, un drama que no cesa

En México, nadie sabe dónde están 133.000 personas y hay más de 72.000 cuerpos sin identificar. Por eso, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos vieron como un hito histórico que Juan Pablo Albán, relator del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hablara sobre desapariciones forzadas en ese país ante la Asamblea General, el 21 de octubre.

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Ya en abril de 2025, el Comité había activado en México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Y tras recabar información, buscará indicios fundados de que se trata de una situación generalizada y sistemática.

De acuerdo con esa Convención, la desaparición forzada consiste en el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad en la que participan agentes estatales o “personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.

Estas acciones del Comité de la ONU son importantes, dice el periodista mexicano de #ConnectasHub Lauro Rodríguez, porque permiten darle una visibilidad más amplia a la crisis de desapariciones. Además, agrega, “los colectivos ven esperanza en que al involucrarse la ONU se puedan generar estrategias con el Estado mexicano para que ahora sí se pueda atender la crisis”.

Sin embargo, en respuesta al informe de Albán, el gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que el fenómeno de las desapariciones “está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, como difundió en un comunicado. Asimismo, subrayó que el Gobierno combate esa crisis “mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”. Y criticó las afirmaciones del Comité por carecer de sustento.

Para Amnistía Internacional, la respuesta del Gobierno mexicano es parcialmente cierta, porque “ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades. Adicionalmente, también existen casos en los que son los servidores públicos directamente quienes cometen las desapariciones forzadas”, publicó en un análisis.

Los colectivos de búsqueda tampoco están de acuerdo con la postura del gobierno de Sheinbaum. Incluso, estiman que hay tres veces más personas desaparecidas que las reportadas oficialmente. “No hay nadie que esté vigilando que el registro nacional tenga datos certeros. La Comisión Nacional de Búsqueda no supervisa que las autoridades estatales estén enviando la información completa. Por ejemplo, Jalisco dejó de enviar datos desde marzo de 2022 y hasta abril de 2025 no había enviado un solo caso de personas desaparecidas. Ahora lo que se está haciendo es actualizar los casos antiguos sin reportar los nuevos porque no tienen tiempo de hacerlo”, asegura Rodríguez.

Un fenómeno regional

Pero el tema va mucho más allá de México. La activación del artículo 34 es relevante para Latinoamérica, donde ese país aparece como el epicentro del fenómeno debido a la alta cantidad de casos y a lo complejo de la situación, afirma la académica salvadoreña Jeannette Aguilar. Advierte, no obstante, que en América Latina se ve un aumento de los casos de desaparición forzada “de unos niveles de complejidad, de atrocidad, de barbarie, muy similares a los que observamos en México”.

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Según analistas, en la región podríamos estar frente a una situación aún más grave que la vivida en la década de 1970, cuando las dictaduras desaparecieron personas sistemáticamente. Sin embargo, hoy dicha práctica resurge asociada a grupos delincuenciales con actores diversos. En la actualidad hay, de acuerdo con Aguilar, agentes estatales, no estatales y paraestatales “que en ciertas circunstancias, contextos y geografías se articulan y colaboran para ejecutar las desapariciones”. El problema es que muchos gobiernos dejaron que la crisis creciera y apenas están tomando cartas en el asunto.

Así, en este año, el Gobierno brasileño inauguró el Observatorio de Personas Desaparecidas, para estudiar las causas, circunstancias y dinámicas del fenómeno. La situación en ese país parece incluso superar la de México, ya que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre 2015 y 2024, se esfumaron más de 756.000 personas, un promedio de 207 casos por día. Tan solo en 2024 superaron las 81.000, según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública.

Aguilar considera que muchos de los casos en la región son, en realidad, homicidios y femicidios encubiertos. “El fenómeno es de una gran envergadura, pero hay serios problemas de registro y falta de voluntad política de muchos gobiernos, principalmente por el alto costo político que les genera reconocer el fenómeno en su magnitud”, explica.

Lastimosamente, profundiza la investigadora, la situación también está asociada a mecanismos de control y de violencia del Estado, sobre todo donde hay regímenes con tintes autoritarios.

En Honduras, la Fundación para la Justicia señala que no existen registros oficiales de gente desaparecida. En ese país, “la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales”, apunta el comisionado nacional de los Derechos Humanos en su página web. Para dar cuenta de la dimensión del problema, la Dirección Policial de Investigaciones informa que entre 2022 y agosto de 2025 desaparecieron 729 menores de edad, según los registros oficiales.

Por su parte, en El Salvador, el fenómeno reapareció a principios del siglo asociado no solo a políticas de mano dura del Gobierno, también se atribuye a que las pandillas ocultan los cuerpos de sus víctimas con un patrón muy similar al que ejercían los escuadrones de la muerte. En Guatemala persiste la desaparición de infantes, debido a la continua presencia de redes de tráfico de niños, incluso con complicidad del Estado, durante la época del conflicto armado y la dictadura.

Llama la atención Costa Rica, donde no hubo dictaduras militares ni tampoco había antecedentes de desaparición de personas. Ahora en este país crece este fenómeno, sobre todo vinculado al ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales en ciertos territorios.

“Estamos frente a cifras cada vez más espurias”, afirma Aguilar. Comparte que en los estudios que realiza con otros académicos de la región han encontrado que los gobiernos saben de la existencia de cementerios clandestinos donde yace un gran número de cuerpos, “pero no hay voluntad política para reconocerlos. Esto genera un vacío en la estadística oficial”.

En los países que viven bajo regímenes dictatoriales la situación es aún más incierta. En Venezuela, Amnistía Internacional documentó en un informe “el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024”, enmarcadas en una política de Estado orientada a castigar a quienes cuestionan al Gobierno. Habla de más de 900 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y sometidas a tortura y malos tratos, así como de 15 casos de víctimas de desaparición forzada.

Por su parte, el 30 de octubre, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua acusó ante la Asamblea General de la ONU al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por haber “desplegado una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa fronteras”.

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Después de haber analizado más de 9.300 documentos y realizado más de 1.900 entrevistas, el Grupo encontró un patrón de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas cometidas desde 2018. “Estas acciones constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución”, señala la propia ONU. Además, en su informe, el Grupo de Expertos advierte que hay un aumento de casos “profundamente inquietante” en Nicaragua, donde es imposible saber la dimensión real del fenómeno.

A principios de octubre, expertos de la ONU instaron al Gobierno nicaragüense a esclarecer la suerte y el paradero de más de 120 víctimas de desaparición forzada en el país. Entre ellas se encuentran líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas mayores, mujeres y personas vinculadas a partidos, además de personas sin afiliación política conocida.

Leyes para atender los casos

Frente al fenómeno de la desaparición, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que una de las prioridades de los Estados debe centrarse “en la prevención mediante la adopción de un marco jurídico especializado y el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda e identificación para la protección de las personas en riesgo de sufrir una desaparición y de las personas afectadas por este hecho. Esto incluye a las personas fallecidas no identificadas para recuperar su identidad, así como la restitución a sus familiares”.

Sandra Odeth Gerardo, investigadora asociada al Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, confirma que en México sí existen leyes y mecanismos para atender los casos de personas desaparecidas, pero esto es por la presión que han ejercido las familias de las víctimas, no por iniciativa del Estado. Incluso, afirma que eso tuvo mucho que ver con que la ONU activara el artículo 34. La investigadora critica a los actuales gobiernos de izquierda porque con su llegada al poder prometieron apoyo, “y no solo no cumplieron, sino que han tenido un negacionismo tremendo”.

Aun así, de acuerdo con Gerardo, algunos países centroamericanos miran a México como un Estado modelo en términos de legislación y están en vías de adoptar medidas para hacer frente a sus propias crisis.

En Honduras, por ejemplo, existe presión social y política para que el Estado apruebe la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas, para atender esta “crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones”.

En Chile, apenas el 15 de octubre se promulgó una ley para crear el Registro de Ausentes por Desaparición Forzada, la cual constituye una herramienta de reparación simbólica para quienes fueron víctimas durante la dictadura, entre 1973 y 1990.

La mayor parte de los casos de desaparición forzada en Argentina se concentran en tiempos de los gobiernos militares, de 1976 a 1983. Hoy, no obstante, el Comité de la ONU se muestra preocupado por la lentitud de los tribunales, lo cual puede “dar lugar a la impunidad por la muerte de los perpetradores o a que las víctimas mueran de vejez sin obtener justicia”.

En Colombia, a pesar de la firma de los acuerdos de paz de 2016, el Comité de la ONU señala que las desapariciones siguen ocurriendo, “tanto en el contexto de los conflictos armados como fuera de ellos”. Asimismo, considera que los actores violentos usan la desaparición forzada como método de terror para controlar territorios.

Se trata de un panorama verdaderamente continental. De ahí la importancia de mantenerlo presente en la conversación de muchos países, porque lo que no se habla parece no existir. Con el agravante de que, como puede verse, la magnitud del problema sigue siendo un enigma. Por eso, las acciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU deberían trascender fronteras y plantear mecanismos eficientes para hacer frente a una situación que mantiene en tortura permanente y en duelos irresueltos a miles de personas en la región.

(*) Periodista mexicano, miembro de la mesa editorial de Connectas; doctor en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias, y máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid.

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este artículo fue editado por razones de espacio.

Colombia busca a más de 135.000 víctimas de este delito

En Colombia, la desaparición forzada ha sido un fenómeno especialmente ligado al conflicto armado que por más de medio siglo ha vivido el país, tanto así que, tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc, se creó un mecanismo extrajudicial enfocado en la búsqueda de las personas de quienes se perdió el rastro en medio del conflicto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que registra que 135.396 personas desaparecieron en ese contexto, aunque en este universo de víctimas solo se incluyen los casos ocurridos antes del 1.º de diciembre de 2016. 

De este universo, 110.172 víctimas son hombres, según los registros de la UBPD, a los que se suman 18.059 mujeres que desaparecieron y 7.165 personas más sobre las que no se registra información de su sexo.

Si bien en Colombia se registran casos incluso desde la década de 1940, fue en los 2000 que se presentaron más desapariciones, con un pico máximo de 7.876 casos en 2002. Además, según los registros, la mayoría de los desaparecidos en el contexto del conflicto eran adultos de entre 29 y 59 años (49.443), seguidos de jóvenes de entre 18 y 28 años (31.679); a ellos se suman 13.676 personas que tenían más de 60 años al momento de desaparecer, 9.577 que tenían entre 12 y 17 años, 1.314 niños de entre 6 y 11 años, y 464 que no superaban los 5 años de edad. Adicionalmente, de 29.243 personas no hay información sobre su edad.

En cuanto a las regiones en las que ocurrieron estos hechos, Antioquia encabeza el listado, con 27.442 registros, en segundo lugar, según los datos de la UBPD, se ubica Meta con 9.266 casos, seguida de Valle del Cauca (8.764), Norte de Santander (5.635) y Santander, con 5.424, en los primeros cinco lugares.

Sin embargo, así como la violencia no ha parado en Colombia, tampoco se han frenado las desapariciones forzosas. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documenta diversas violaciones de derechos humanos enmarcadas en el conflicto, señaló que entre el 1.º de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz, y el 31 de julio de 2025 había documentado 2.144 casos de desaparición, la mayoría correspondía a civiles y entre ellos se contaba a 201 menores de edad.

De esos más de 2.000 casos ocurridos en ese periodo se conoció que 574 personas fueron encontradas con vida, mientras que en 190 casos se confirmó su fallecimiento y los cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados de manera digna. En ese sentido, de acuerdo con la información del CICR, hay 1.380 casos que siguen abiertos, en los que las familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

La responsabilidad de la búsqueda

Según la ley, la búsqueda de estas personas –tanto las desaparecidas antes de 2016 como las que lo han hecho después– es un deber del Estado, que históricamente ha tenido distintas entidades a cargo de esas labores. 

Por ejemplo, después del 2006, tras la desmovilización de los grupos paramilitares, fue la Fiscalía General de la Nación la que lideró la búsqueda, recuperación e identificación de los cuerpos; después de la firma del acuerdo de paz, la UBPD llegó a sumar esfuerzos frente a los casos ocurridos hasta diciembre de 2016; paralelamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia creado por el acuerdo de paz, también ha dispuesto medios para la búsqueda de personas desaparecidas.

Adicional a las acciones estatales, entidades no gubernamentales como el CICR se han sumado desde hace décadas al trabajo de las familias para encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Además, en mayo del 2024, tras haber sido aprobado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en Colombia arrancó formalmente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado (SNB), creado para articular los esfuerzos de los distintos actores públicos, privados y sociales en aras de impulsar la búsqueda de esas más de 130.000 personas de quienes sus familias aún esperan noticias.

Redacción Domingo redacciondomingo@eltiempo.com