Delia Espinoza llegó al Ministerio Público y expone desacato de la Junta Nacional de Justicia

Delia Espinoza llegó a la sede principal del Ministerio Público en Lima para exponer el desacato de la Junta Nacional de Justicia a una orden judicial que ordena su restitución como fiscal de la Nación. La magistrada afirmó que ese organismo ha desobedecido el mandato del juez constitucional al omitir su reposición y continuar con procedimientos que debían paralizarse.

Durante su arribo al edificio central del Ministerio Público en el centro de Lima, Espinoza precisó los motivos de su visita. Subrayó que presentará sus declaraciones juradas de intereses, bienes y patrimonio ante el inminente vencimiento del plazo para cumplir esa formalidad. Además, indicó que gestionó coordinaciones administrativas para preparar la asunción formal en el cargo.

Al referirse a la situación con la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la fiscal de la Nación resaltó que el plazo judicial concedido para su reposición venció el viernes previo. Según sus palabras, a partir de ese momento, la JNJ habría incurrido en “claro desacato, desobediencia y resistencia a la autoridad”. “Ya está en franco y demostrado desacato”, sostuvo. Espinoza detalló que la Junta no solo no ejecutó la orden de restitución, sino que ha seguido impulsando un procedimiento administrativo disciplinario en su contra, desoyendo la medida cautelar dictada por el juez Torres Tasso.

Delia Espinoza llegó al Ministerio Público y expone desacato de la Junta Nacional de Justicia

La funcionaria relató que, pese a la prohibición ordenada por la autoridad judicial, fue citada nuevamente por la JNJ para una declaración, pero consideró jurídicamente imposible convalidar un acto que califica como “inconstitucional y desacatado” por el órgano administrativo. “Imposible. Legalmente, jurídicamente, yo no puedo convalidar una inconstitucionalidad y un abierto desacato de la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano administrativo, a diferencia del órgano jurisdiccional”, manifestó.

Espinoza remarcó que se dirigió al Poder Judicial con el propósito de solicitar la ejecución forzada de la medida de reposición. “Ya se ha pedido por escrito, se ha hecho un reiterativo para que el juez ejecute de manera forzada. Y sobre todo ya notificado bajo apercibimiento al fiscal interino para que proceda la entrega de cargo como corresponde”, declaró.

Resaltó que la medida vigente ordena suspender cualquier acción administrativa o disciplinaria en su contra, pero la JNJ mantiene sus convocatorias y procedimientos, lo que interpreta como una vulneración abierta a la autoridad judicial.

De izquierda a derecha: Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo; Delia Espinoza, fiscal de la Nación; y Gino Ríos, presidente de la JNJ. Foto: Presidencia

La controversia sobre el cumplimiento de la orden judicial pone en el centro del debate la tensión institucional entre el órgano judicial y el administrador de la carrera fiscal, mientras persiste la incertidumbre sobre los tiempos y modalidades de restitución de Delia Espinoza en la máxima jefatura del Ministerio Público.

Delia Espinoza ha denunciado demoras deliberadas en su restitución como fiscal general de Perú por parte del fiscal interino Tomás Gálvez y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a pesar de una orden judicial que exige su regreso. Espinoza, según Europa Press, advirtió que solo retomará el cargo si se cumplen todos los procedimientos legales y rechazó cualquier intento de recuperación forzada del puesto. Argumentó que ingresar sin el proceso adecuado constituiría desacato, aunque espera que la JNJ rectifique.

Decidió no acudir al Ministerio Público luego de que Gálvez insistiera en esperar una resolución formal de la JNJ, que sostiene que el fallo judicial solo afecta parte de los procesos disciplinarios en su contra. El Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenó su restitución y dio cinco días a la JNJ para hacerlo. Espinoza fue suspendida por faltas graves, entre ellas la presunta omisión de reponer a la exfiscal Patricia Benavides, quien enfrenta acusaciones de corrupción.

Espinoza cuestiona la legalidad del proceso que la separó y afirma haber recibido presiones políticas desde el Congreso. El caso evidencia tensiones en el Ministerio Público y controversias entre la autoridad judicial y el órgano disciplinario.