La defensa afirma que las declaraciones del exministro buscan deslegitimar un fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá - crédito Mariano Vimos/ColprensaEl abogado Jaime Enrique Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado a la opinión pública en el que rechazó las declaraciones del ahora exministro de Justicia Eduardo Montealegre Lynett, que presentó su renuncia irrevocable al cargo con una carta que incluyó acusaciones directas contra el exmandatario y críticas al sistema judicial colombiano.
Ambos documentos, difundidos el mismo día, exponen posturas opuestas sobre el alcance de la independencia judicial y las actuaciones recientes del Tribunal Superior de Bogotá.
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En su carta de renuncia, Montealegre calificó como “prevaricato” la decisión judicial que absolvió a Uribe Vélez y anunció su intención de acudir a instancias internacionales para buscar sanciones. Por su parte, el abogado Granados respondió señalando que las declaraciones del exfuncionario constituyen un atentado contra la autonomía de la justicia y una intromisión del poder Ejecutivo en los procesos judiciales en curso.
En su calidad de líder del equipo jurídico de Uribe Vélez, plantea tres puntos principales. En el primero, el abogado Jaime Granados afirmó que “además de las ya reiteradas intromisiones indebidas del Presidente de la República, Gustavo Petro, en el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, es ahora el Ministro de Justicia quien atenta de forma grave contra la independencia de la administración de justicia“.
El segundo punto se centra en las afirmaciones de Montealegre, a quien la defensa señala de intentar desviar la atención sobre las causas de su salida del ministerio y de haber realizado señalamientos contra las altas cortes. Según el texto, “buscando distraer la atención sobre los verdaderos motivos de su salida del ministerio, Eduardo Montealegre aún actuando como Ministro de Justicia le sindica delitos al Tribunal Superior de Bogotá, al tiempo que lanza graves insinuaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, actuar orientado a deslegitimar el reciente fallo judicial absolutorio y a presionar a dichas autoridades, ante la opinión pública, para que actúen de determinada manera”.
El comunicado agrega que tales declaraciones afectan la independencia judicial y podrían influir en la percepción pública sobre los tribunales. En su tercer punto, la defensa afirma que el Gobierno busca intervenir en asuntos exclusivos de la rama judicial: “Más allá de las manifestaciones falsas e injuriosas proferidas por Montealegre, que retratan su catadura moral y estatura jurídica, lo grave es que, nuevamente, el gobierno nacional busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial, aspecto que atenta gravemente contra la independencia de la justicia“.
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