Daniel Noboa busca derogar la Constitución de Correa y reforzar leyes antidrogas

QUITO.- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impulsa una Asamblea Constituyente que, de concretarse, pondría fin a la Carta Magna de 2008 promovida por el izquierdista Rafael Correa (2007-2017), con la promesa de “modernizar el Estado y fortalecer la lucha contra el narcotráfico”, en medio de un Ecuador profundamente dividido, con instituciones bajo tensión y una ciudadanía golpeada por la violencia y la crisis económica.

El pasado 24 de septiembre, la Corte Constitucional dio luz verde al referéndum promovido por Noboa para decidir sobre la instalación de una Constituyente que “refunde” al país andino —como prometió durante su campaña electoral— y endurezca las leyes contra el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, que hoy atacan a la otrora nación más pacífica de la región.

“Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos”, expresó el joven mandatario en un comunicado en el que anunció oficialmente la propuesta de convocar a una Constituyente el 16 de noviembre, cuando los ecuatorianos también decidirán en las urnas electorales sobre el establecimiento de las bases militares extranjeras en el país, la eliminación del financiamiento público a partidos políticos y la reducción del número de asambleístas en el Congreso.

Con la celebración de un referéndum y una consulta popular en menos de un mes, Ecuador entra en un terreno político incierto, en el que Noboa estaría apostando a un movimiento de alto riesgo que podría redefinir el rumbo institucional del país o acelerar su crisis política.

“La Corte Constitucional tiene su rol como institución del Estado y, al aprobar la consulta, está cumpliendo con ese deber. Pero el ambiente crispado que vive Ecuador no lo genera la Corte, sino los discursos polarizantes de bando y bando (...) Su tarea no es leer el ambiente político, sino cumplir su función de evaluar la legalidad de la convocatoria”, explica el consultor político David Rico, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Resalta que la decisión de avanzar hacia una nueva Constitución ocurre en un contexto “de hiperpolarización y enfrentamiento grave entre ecuatorianos”, donde la confrontación entre correísmo y anticorreísmo se ha convertido en el eje del debate público.

“Posiblemente sea un mal momento para llamar a las urnas”, advierte, aunque reconoce que las urnas electorales también “pueden bajar la tensión que vive el país” si el resultado logra un mínimo de “entendimiento”, que canalice el descontento por la vía democrática.

Jugada “en la cuerda floja”

En el actual contexto de hiperpolarización y conflictividad social, Rico estima que el referéndum, previsto como el paso previo a la instalación de una eventual Constituyente, se convierte en una jugada “en la cuerda floja” del presidente ecuatoriano.

“Si el resultado es negativo, se verá como una derrota política importante para el presidente (...) El referéndum y la consulta siempre sirven mientras el resultado sea positivo para el convocante. Si no, lo reposiciona, pero de manera negativa”, precisa.

Más allá de las implicaciones inmediatas, el consultor sostiene que el debate sobre una nueva Constitución es, en buena medida, una distracción frente a los verdaderos desafíos del país. “En América Latina se ha construido una falsa idea de que cambiar la Constitución permite cambiar al país o mejorar los problemas que tienen los países. Pero en nuestro continente se cambian constituciones constantemente y las realidades sociales siguen siendo las mismas: mucha pobreza, bajos índices de empleo, problemas económicos y de seguridad”, señala.

Resalta que no es una nueva Carta Magna lo que transforma a una nación. “No es la Constitución lo que cambia la realidad política y social de un país, lo que cambia es la gestión pública, la voluntad política de trabajar por la gente. Lo que realmente transforma un país son políticas públicas eficientes, no constituciones amoldadas y hechas en función del político de turno”, sostiene.

El gobierno ha justificado la propuesta Constituyente bajo el argumento de que la actual Constitución impide la adopción de medidas más duras contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, Rico rebate esta idea, al considerar que el llamado de Noboa tiene más de gesto simbólico que de solución efectiva a los problemas de seguridad.

“La lucha contra el narcotráfico es una lucha que debe ejercerse desde las instituciones, no desde la Constitución”, señala, al mencionar casos de países como El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, adoptó políticas públicas de defensa en contra de las pandillas que azotaban a la nación, haciendo que el país bajará la tasa de homicidios a 1,9 por cada 100,000 habitantes en 2024.

“No es la Constitución lo que va a acabar con el narcotráfico, son las políticas públicas dirigidas a mejorar la seguridad de un país (...) Si las políticas de seguridad son ineficientes, no hay marco legal que mejore esas condiciones”, agrega.

En este sentido, Rico cuestiona la estrategia del gobierno en materia de seguridad. “En estos días han incrementado las fuerzas del orden en contra de manifestantes, pero no contra los grupos delincuenciales. Mientras manda 7,000 soldados a Otavalo (norte) para reprimir a los manifestantes indígenas, Guayaquil (centro-sur) sufre un atentado con un carro bomba. Es incongruente utilizar al Ejército para amedrentar manifestantes, mientras no se controla la delincuencia en Durán o Guayaquil”, asevera.

La fractura ecuatoriana

Otro tema que divide a la opinión pública es el posible regreso de una base militar extranjera como la que tenía Estados Unidos en Manta, que el correísmo eliminó en 2009. Para el consultor político, la presencia de fuerzas estadounidenses traería un “intercambio de ideas, estrategias y tecnología para combatir la delincuencia”, pero advierte que esto “no garantiza que vaya a disminuir la criminalidad producto de los grupos del crimen organizado”, puesto que se necesitaría de “voluntad política real”.

Más allá de los dilemas institucionales, Rico asegura que Ecuador enfrenta un problema más profundo: la fractura política entre correísmo y anticorreísmo. “Casi la mitad del país es correísta y va a defender esa Constitución”, indica. “Lo que no se puede hacer, porque genera problemas estructurales, es intentar cambiar la Constitución sin involucrar a esa mitad del país. Eso puede agravar la crisis social que vive el Ecuador”, apunta.

En su opinión, el referéndum no solo pondrá a prueba la viabilidad de una nueva Constitución, sino la capacidad de Ecuador para reencontrarse consigo mismo. “Más que pensar en terminar con una Constitución promovida por Correa, la pregunta es si un nuevo contrato social puede disminuir la polarización del país”, menciona.

Por ello, considera que el desafío real de Noboa no es solo jurídico, sino político: construir consensos en un país donde el diálogo ha sido sustituido por la confrontación. “No existe democracia si no existe negociación, si no existe diálogo y si no existen consensos entre las diferentes tendencias políticas y actores de la sociedad ecuatoriana”, subraya.

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