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México argumenta que hasta 500.000 armas son traficadas cada año desde Estados Unidos a territorio mexicano. (AP Foto/Fernando Llano)La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este martes los argumentos en un caso presentado por el Gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, a quienes acusa de facilitar el tráfico de armamento utilizado por los cárteles del narcotráfico.
La demanda, que busca una compensación de 10.000 millones de dólares, ha intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países en un momento en que la administración de Donald Trump presiona a México con nuevas tarifas comerciales y medidas contra la inmigración ilegal.
El caso, titulado Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos (No. 23-1141), representa un desafío a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada en 2005, que otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a demandas por el uso criminal de sus productos. La decisión del máximo tribunal podría redefinir la responsabilidad de la industria armamentista en la violencia transfronteriza.
La demanda fue presentada en 2021 contra siete de los mayores fabricantes de armas en Estados Unidos y un distribuidor mayorista, argumentando que el tráfico ilícito de armamento es resultado directo de sus prácticas comerciales.
La Corte Suprema de EE.UU. evaluará si los fabricantes de armas pueden ser responsabilizados por la violencia en México. (AP Foto/Jon Elswick)De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 200.000 a 500.000 armas son introducidas ilegalmente en su territorio cada año, y cerca de la mitad de las armas recuperadas en escenas de crimen en México provienen de fabricantes estadounidenses, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Los abogados de México sostienen que las empresas diseñan, comercializan y distribuyen deliberadamente sus productos de manera que favorecen su llegada a los grupos criminales.
Citando evidencias de ventas a distribuidores que han sido identificados como fuentes recurrentes de armas utilizadas en actividades delictivas, el gobierno señala que algunos fabricantes incluso producen modelos específicos con nombres y grabados atractivos para los narcotraficantes, como la pistola Colt Super “El Jefe”, en referencia a los líderes de los cárteles, y la Emiliano Zapata 1911, con la inscripción “es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
“Es mucho más eficiente detener el tráfico de armas en su origen y cerrar la llave del flujo ilícito”, declaró Jonathan Lowy, presidente de Global Action on Gun Violence y asesor legal en la demanda de México.
La demanda alega que la proliferación de estas armas ha aumentado la violencia en México, obligando al gobierno a destinar recursos extraordinarios para combatir a los cárteles y atender a las víctimas de la violencia armada.
Smith & Wesson, uno de los principales fabricantes de armas en EE.UU., es demandado por su supuesta implicación en el tráfico de armas. (REUTERS/Alexandre Meneghini)Pablo Arrocha, asesor legal de la Cancillería mexicana, afirmó en una conferencia citada por The Wall Street Journal que esta acción legal es solo el inicio de una estrategia más amplia contra el tráfico de armas.
Las empresas demandadas, entre ellas Smith & Wesson e Interstate Arms, han solicitado que la Corte Suprema rechace el caso, alegando que la PLCAA protege a los fabricantes de armas de demandas como esta. Según los abogados de la industria, responsabilizar a las compañías por la violencia del crimen organizado en México implica una cadena de causalidad demasiado extensa.
En un escrito presentado ante el tribunal, los abogados de Smith & Wesson argumentaron que México intenta responsabilizar a los fabricantes con una teoría legal “de ocho pasos, que comienza con la producción legal de armas en Estados Unidos y termina con la violencia generada por los cárteles en México”.
En su defensa, sostienen que el proceso de tráfico de armas involucra múltiples actores independientes, desde distribuidores y compradores hasta traficantes y organizaciones criminales.
Autoridades mexicanas han identificado que la mitad de las armas recuperadas en escenas del crimen provienen de fabricantes estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)La Asociación Nacional del Rifle (NRA) también se pronunció en contra de la demanda, argumentando que “México ha extinguido el derecho constitucional a portar armas en su país y ahora busca hacer lo mismo en Estados Unidos”. Según la NRA, la demanda amenaza la industria armamentista estadounidense y podría sentar un precedente peligroso.
Los fabricantes citan un fallo unánime de la Corte Suprema de 2023, que determinó que las plataformas de redes sociales no pueden ser consideradas responsables de la propaganda de grupos terroristas en sus sitios web, como argumento de que su responsabilidad no debería extenderse a delitos cometidos en el extranjero con productos legalmente fabricados en Estados Unidos.
El caso fue inicialmente desestimado en 2022 por un tribunal de distrito en Massachusetts, que determinó que la PLCAA protegía a las empresas. Sin embargo, en enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos revirtió la decisión, permitiendo que la demanda avanzara al encontrar que las acciones de los fabricantes podrían caer bajo una excepción de la PLCAA.
Esa excepción, conocida como la “excepción de acto ilícito previo”, permite demandas si se demuestra que un fabricante o vendedor de armas violó intencionadamente leyes sobre el comercio de armas, y si esa violación contribuyó directamente al daño sufrido por el demandante.
El gobierno de México acusa a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de armas utilizadas por los cárteles del narcotráfico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)Según la corte de apelaciones, México ha presentado pruebas suficientes de que los fabricantes “han facilitado y promovido activamente el tráfico ilegal de armas”.
El fallo final de la Corte Suprema podría determinar el futuro de la PLCAA y de demandas similares en Estados Unidos. En el pasado, algunas demandas estatales han logrado superar las barreras de inmunidad de esta ley, como el caso de las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012, quienes lograron un acuerdo de 73 millones de dólares con el fabricante Remington Arms.
Los defensores del control de armas han advertido que si la Corte Suprema falla a favor de la industria armamentista, se podría reforzar la inmunidad legal de los fabricantes y dificultar futuras demandas por violencia con armas de fuego.
David Pucino, abogado del Centro Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas, señaló que un fallo a favor de los fabricantes enviaría el mensaje de que “la ley estadounidense no contempla adecuadamente el sufrimiento de las víctimas de la violencia armada”.
Por otro lado, si México gana el caso, la decisión podría influir en la legislación estatal y federal sobre la responsabilidad de la industria armamentista, además de fortalecer la estrategia de otros países afectados por el tráfico de armas estadounidenses.
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