MIAMI.- El comisionado de Miami Joe Carollo realizó una serie de denuncias públicas contra su colega Miguel Ángel Gabela, centradas en supuestos antecedentes penales sellados y violaciones de zonificación en propiedades vinculadas al legislador que representa al Distrito 1.
Durante una rueda de prensa el lunes, Carollo presentó un documento del Departamento de Correcciones de Florida que, según él, evidencia un arresto de Gabela por un “crimen mayor de primer grado” (first degree misdemeanor), con el número de caso 7702014IF709690.
El comisionado cuestionó la transparencia de Gabela, recordando que su colega en el órgano legislativo municipal se negó a apoyar una ordenanza que obligaba a los funcionarios electos a revelar arrestos sellados.
“Aparentemente, no quería que saliera esto a relucir”, afirmó Carollo.
Según el comisionado, Gabela intentó declararse “no culpable” sin éxito cuando enfrentó el caso y fue enviado a un programa de intervención, con lo que evitó un juicio penal.
De acuerdo con los estatutos judiciales, este tipo de programas, comunes en casos de delitos menores, permiten a los acusados evitar condenas a cambio de cumplir condiciones específicas.
Denuncias de irregularidades
Carollo también mostró fotografías aéreas de una vivienda situada en 1701 NW South River Drive, cuyo título de propiedad atribuyó a Gabela, donde se observaban múltiples embarcaciones estacionadas.
El legislador del Distrito 3 de Miami alegó que la ley municipal solo permite almacenar barcos propiedad del residente, y acusó a Gabela de albergar lanchas de terceros.
“¿De quiénes son estos barcos rápidos y estas lanchas? ¿Qué hacen ahí, escondidos en un ladito del río de Miami?”, sostuvo Carollo.
Listados de la plataforma inmobiliaria Zillow confirman que la dirección corresponde a una propiedad residencial, pero no se mencionan infracciones de zonificación.
Entretanto, Carollo denunció que la parte posterior de otra vivienda de Gabela, situada en 1780 NW 21st Terrace, funcionaría como “rastro o depósito de chatarra”, con aproximadamente diez vehículos, contenedores de piezas automotrices y estructuras metálicas.
En otro momento, Gabela habría admitido haber vivido temporalmente en este dúplex, cuya zonificación es residencial.
Zillow describe el inmueble como una vivienda multifamiliar sin mención de actividades industriales. Las ordenanzas locales prohíben el almacenamiento comercial en zonas residenciales, pero no hay registros de multas o denuncias previas contra Gabela por este motivo.
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El comisionado Carollo presenta foto de una propiedad de su colega Gabela.
CAPTURA DE VIDEO OFICINA CAROLLO
Respuesta de Gabela
DIARIO LAS AMÉRICAS ha intentado comunicarse con el comisionado Gabela a través de mensajes de textos y llamadas telefónicas para conocer su reacción ante los señalamientos de Carollo, pero no hemos recibido respuesta.
En entrevistas pasadas, Gabela negó las imputaciones de Carollo, atribuyéndolas a una estrategia para desviar atención de sus propios problemas legales, incluida una sentencia de 63.5 millones de dólares por presuntamente violar derechos constitucionales de empresarios.
Sobre las propiedades, Gabela aseguró cumplir con todas las normativas y acusó a Carollo de “persecución política”.
Contexto político
La relación entre Carollo y Gabela ha estado marcada por enfrentamientos públicos. En enero del año pasado, durante una sesión en la Comisión, Gabela se levantó de su asiento para confrontar a Carollo, llamándolo “mentiroso” y “gánster”, mientras Carollo lo tildó de “hombre pequeño”.
El altercado, casi físico, obligó a suspender la reunión y reflejó una fuerte tensión por decisiones como la extensión del contrato de la entonces abogada municipal Victoria Méndez.
Por otro lado, en febrero, Gabela reemplazó a Carollo como presidente del Bayfront Park Management Trust tras una demanda de dos exempleados que alegaban malversación de fondos y contratos irregulares durante su gestión.
Carollo defendió su labor señalando “auditorías limpias” y acusando a Gabela de impulsar una “campaña de desprestigio”.
Implicaciones legales y políticas
Organizaciones civiles como Citizens for Ethics han exigido investigaciones independientes sobre ambas denuncias.
María López, portavoz del grupo, señaló que “si hay pruebas de delitos, deben ser procesadas; si son maniobras políticas, la ciudadanía merece saberlo”.
Carollo enfatizó que el futuro de Gabela “está en manos de los votantes”, en alusión a las elecciones municipales de 2027 cuando se debe escoger al representante del Distrito 1, a lo que agregó que no está pidiendo la renuncia del comisionado.
La Comisión de Ética de Miami-Dade no ha emitido pronunciamientos, y la Fiscalía no ha confirmado investigaciones en curso.