Condenan a año y medio de cárcel a una mujer por robarle la tarjeta a su amigo y retirar más de 2.000 euros de efectivo

La mujer realizó cinco extracciones a lo largo de cinco días (Adobe Stock)

La confianza, forjada durante años entre dos amigos, puede quebrarse en unos pocos días. Una mujer, identificada en la sentencia como Estrella, acaba de ser condenada a un año y medio de prisión después de aprovecharse de la cercanía y la rutina compartida con su amigo Salvador para perpetrar una serie de extracciones bancarias ilícitas. Su proceder no solo quebró una relación personal de larga data, sino que destapó una secuencia de decisiones que la arrastraron al banquillo de los acusados.

Junto a la condena a prisión, el tribunal ha dictaminado que Estrella deberá devolver los 2.020 euros sustraídos en varias operaciones a través de cajeros automáticos. La resolución parte de un hecho clave: la relación de amistad existente entre ambos no mitigó la responsabilidad de la acusada, sino que constituyó precisamente el marco desde el cual se ejecutó el delito. La sentencia subraya repetidamente que la confianza depositada en Estrella fue utilizada para acceder sin permiso a la tarjeta y para hacerse con fondos pertenecientes únicamente a Salvador.

En el procedimiento ha quedado acreditado que Estrella realizó un total de cinco extracciones de efectivo con la tarjeta ajena entre el 2 y el 5 de agosto. Cada movimiento, registrado en diferentes sucursales y horarios, reflejó una clara voluntad de obtener un lucro ilícito recurriendo primero al vínculo personal antes que a métodos más agresivos.

La víctima, Salvador, no notó de inmediato que su tarjeta había desaparecido. El robo se mantuvo oculto durante los días en que la acusada llevó a cabo las operaciones. Cuando finalmente advirtió la ausencia de su tarjeta y de fondos en sus diversas cuentas, Salvador se vio obligado a revisar los movimientos bancarios con detalle, descubriendo que los reintegros coincidían con fechas y lugares en que él no había retirado dinero.

Fue entonces cuando la denuncia se convirtió en el siguiente paso inevitable. La investigación permitió reconstruir con precisión la mecánica de la apropiación y el uso ilícito de la tarjeta, identificando a Estrella como única responsable de las extracciones. El propio relato de la víctima y los movimientos bancarios resultaron fundamentales para probar la materialidad del delito y el ánimo de lucro que guiaba a la acusada durante esos días.

A lo largo del proceso, Estrella no logró demostrar motivo alguno que justificara su actuación, ni aportó pruebas que pudieran exonerarla o atenuar su responsabilidad. El tribunal tuvo en cuenta el historial de ambos y el contexto en que ocurrían habitualmente sus encuentros, pero terminó concluyendo que la confianza entre ambos solo intensificó la gravedad de la infracción. Para la sala, el hecho de que el autor de los hechos pudiera acceder fácilmente a la tarjeta y manejar datos personales sin levantar sospechas demuestra que abusó deliberadamente del entorno de familiaridad y rutina compartida.

El fallo también valora el perjuicio económico causado a Salvador. Los 2.020 euros, retirados en cinco ocasiones distintas, no fueron una suma accidental ni el fruto del azar, sino el resultado de una conducta reiterada y premeditada. La sentencia hace hincapié en el impacto personal y patrimonial, privando al afectado de parte sustancial de sus ahorros y obligándole a acudir a la vía judicial para intentar resarcirse.

Durante la vista, la defensa de Estrella intentó sin éxito que se apreciara una eximente incompleta por alteración psíquica, si bien el tribunal no halló pruebas suficientes para considerar acreditada tal alteración en el momento de los hechos. En el razonamiento jurídico, los magistrados recuerdan que la reiteración de los actos y la conexión temporal entre cada extracción revelan lucidez y un plan concreto, incompatible con situaciones de enajenación mental.

Junto a la condena a prisión, el tribunal advierte que Estrella deberá reparar el daño causado mediante el pago íntegro de la cuantía sustraída, pues la responsabilidad penal no se extingue si la víctima no resulta económicamente compensada. Además, la sentencia deja la puerta abierta a la presentación de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por parte de las partes legitimadas, pero exige que las cuantías condenadas sean consignadas o aseguradas desde el primer momento.