Centro Prodh asegura que iniciativa contra la extorsión valida pruebas obtenidas por medio de tortura

La iniciativa fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de castigar la extorsión hasta por 25 años (Andina)

La iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a que uno de sus artículos podría permitir la validación de pruebas obtenidas mediante tortura.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que el artículo 27 de la iniciativa representa un posible retroceso en la protección del debido proceso, al incorporar criterios que contradicen los estándares internacionales sobre la exclusión de pruebas derivadas de violaciones a derechos humanos.

“Una revisión inicial al articulado enciende una señal de alerta grave en materia de #DerechosHumanos. Específicamente, el art 27 podría representar un fuerte retroceso en la protección del debido proceso pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a DDHH“, denuncian en una publicación de la red social X.

La organización de Derechos Humanos externó su preocupación por las implicaciones de la Ley General contra la extorsión (@/CentroProdh)

Por otra parte, aseguraron que el combate a este delito no debe realizarse a costa de los derechos fundamentales, además identificaron que artículo 27 de la iniciativa podría contravenir la Ley General sobre Tortura, la cual establece la exclusión absoluta de cualquier prueba obtenida bajo tortura.

El texto del artículo en cuestión establece que, para que la autoridad judicial resuelva cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas presentado por la persona imputada o su defensa durante un procedimiento por delitos previstos en la ley, deberá analizar de oficio si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable respecto a dichas pruebas.

Según el Centro Prodh, esta disposición retoma precedentes de hace más de una década y podría significar que una prueba obtenida mediante una violación a derechos humanos, como la tortura, sea validada bajo ciertas excepciones.

La organización enfatizó que el artículo 27 “vulneraría el principio de exclusión absoluta que protege el debido proceso”, principio que ha sido respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como ocurrió en el caso de los Campesinos Ecologistas contra México. En ese caso, en 1998, elementos del Ejército mexicano torturaron a los acusados para que se declararan culpables de delitos que no cometieron.

De acuerdo a la mandataria, con la aprobación de dicha Ley, la extorsión ya se podrá tratar como un delito grave (Presidencia)

El pasado 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de ley contra la extorsión, así como reformas al Código Penal Federal y al Código Penal de Procedimientos Penales, para unificar y endurecer las penas por el delito de extorsión.

El proyecto contempla 34 agravantes divididas en tres categorías, que incrementan las penas en función del daño causado y la vulnerabilidad de la víctima. Entre las agravantes más severas se encuentran el uso de violencia física, moral o psicológica, la simulación de accidentes de tránsito (conocidos como “monta choques”), la participación de servidores públicos, la intervención de personas armadas, la utilización de menores de edad o el impacto directo en la economía de una entidad federativa.

Dichas conductas pueden ser castigadas con penas de 10 a 25 años de cárcel. La propuesta también prevé un aumento de hasta la mitad de la pena cuando la extorsión se cometa contra migrantes, menores de 18 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 60 años. Además, se consideran agravantes situaciones como la coacción mediante información privada o cuando el agresor mantiene una relación de confianza con la víctima, con sanciones que van de nueve a 22 años y seis meses de prisión.

En el caso de delitos como el cobro de piso, la iniciativa busca aclarar la competencia entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, ya que actualmente existen conflictos que generan impunidad y dejan a las víctimas en estado de indefensión.