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hace 2 semanas
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Nueva York – Un nuevo informe del Centro para la Nueva Economía (CNE) confirma que, aunque ninguna orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menciona directamente a Puerto Rico, entidades del gobierno estatal, municipios y organizaciones sin fines de lucro podrían verse impactadas de manera adversa en renglones como el desembolso de fondos federales para proyectos de energía renovable e iniciativas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), entre otras.
“Que sepamos, hasta ahora, ninguna orden ejecutiva ha apuntado específicamente a programas o financiamiento dirigido exclusivamente a Puerto Rico. Sin embargo, el gobierno estatal y las administraciones municipales, así como ciertas organizaciones no gubernamentales en la isla, podrían verse afectados negativamente si tenían asignados fondos federales para iniciativas de DEI, proyectos de energía renovable o programas para mitigar el cambio climático, todos los cuales han sido puestos en la lista de programas federales que deben eliminarse de inmediato”, estimó en su escrito Sergio M. Marxuach, director de Política Pública de CNE.
En el reporte “Puerto Rico: Impacto de los cambios en la política pública federal”, con fecha del 27 de marzo, el experto añadió que los despidos de empleados federales que viven y trabajan en Puerto Rico, así como de los que operan en EE.UU., “afectarían negativamente la economía de Puerto Rico y limitarían la disponibilidad de ciertos servicios federales en la isla, dependiendo de la magnitud de los recortes y las agencias afectadas”.
Las acciones de Trump también podrían impactar a compañías privadas en el territorio que reciben pagos o fondos federales a cambio de bienes y servicios que venden a agencias gubernamentales locales en calidad de contratistas, suplidores o comerciantes.
“Recortes significativos en los gastos federales en Puerto Rico tendrían un impacto negativo directo en estas compañías, así como un impacto indirecto, en la medida en que una reducción de la actividad económica general disminuye aún más la demanda de bienes y servicios de estas empresas“, abundan desde el CNE.
Posible desmantelamiento de FEMA
El documento de 15 páginas también hace alusión a la intención de la Administración Trump de desmantelar a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). En esa dirección, argumentan que, como no está claro al momento cómo un cambio de este tipo afectaría directamente a Puerto Rico, se requiere que el gobierno en la isla se mantenga vigilante al curso que tome la discusión a nivel federal.
“Sin duda, la pérdida de estos fondos de reconstrucción tendría un impacto severamente negativo sobre el proceso de recuperación y la economía puertorriqueña”, alertó el economista.
Sobre los esfuerzos del gobierno de Trump para eliminar el Departamento de Educación federal, el desmantelamiento podría afectar el desembolso de miles de millones de dólares otorgados a través del Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, ambos administrados actualmente por el gobierno federal.
“Aproximadamente $2,400 millones, o el 45%, del presupuesto de $5,300 millones del Departamento de Educación de Puerto Rico para el año fiscal 2025 provienen directamente del gobierno federal estadounidense. Cualquier cambio significativo en este financiamiento podría afectar directamente la educación de algunos de los niños más vulnerables en Puerto Rico”, alertó.
Trump firmó recientemente un decreto para desmantelar el Departamento. Sin embargo, para eliminarlo por completo necesita la acción del Congreso, lo que no está asegurado al momento.
Las autoridades federales y las de Puerto Rico insisten en que partidas esenciales para poblaciones vulnerables como las de Título I no serán trastocadas, pero para diversos sectores, además del CNE, es inevitable que el desembolso de los fondos se vea afectado, porque, entre otras cosas, varias de las funciones del Departamento de Educación pasarían a estar bajo la tutela del Departamento de Salud (HHS) y de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA), de acuerdo con el plan de Trump.
Por otro lado, más de la mitad de la plantilla de los empleados de esa agencia ha sido despedida en aras de la política de reducción del gasto gubernamental que ejecuta Trump junto a su socio, el magnate Elon Musk, encargado de la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que el presidente creó a esos fines.
Financiamiento federal de Medicaid
En cuanto al financiamiento federal del Medicaid, el informe lo ubica como “otra área inmediata de preocupación”. Los economistas exponen que la Cámara de Representantes federal aprobó una resolución presupuestaria para el año fiscal 2026 ordenando al Comité de Energía y Comercio recortes por $880,000 millones, “algo prácticamente imposible de lograr sin afectar al programa Medicaid, que cae bajo la jurisdicción de ese Comité“.
En ese contexto, es un factor a considerar la dependencia de residentes en Puerto Rico a ese programa o el hecho de que el 72% del costo total del Medicaid en la isla, equivalente a unos $3,400 millones de un total de $4,700 millones, está financiado por fondos federales, con un impacto al 50% de la población local.
“Cualquier reducción significativa en estos fondos limitaría drásticamente el acceso a la salud para cerca de 1.5 millones de beneficiarios y tendría efectos devastadores sobre las finanzas del gobierno central. Por ejemplo, si el Congreso decide revertir el financiamiento a la fórmula previa al ACA para el año fiscal 2028, la aportación federal se limitaría a un máximo aproximado de $500 millones, dejando al gobierno de Puerto Rico responsable de cubrir hasta $4,800 millones o recortar drásticamente servicios o beneficiarios”, precisó el estudioso.
Con respecto a la estrategia de órdenes ejecutivas de Trump para adelantar su agenda gubernamental, muchas de las que han conducido a pleitos judiciales en curso en los que se alega violación del ordenamiento constitucional, el informe menciona la que impuso una “pausa” en el gasto de asistencia financiera federal que vino acompañada de un memorando emitido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) el 27 de enero de 2025.
La evaluación del CNE arrojó que diversas organizaciones y beneficiarios de subvenciones continúan denunciando que sus fondos han desaparecido, están retenidos o resultan imposibles de acceder por medios tradicionales, en especial a través de portales en línea que dejaron de funcionar.
“Por ejemplo, Politico reportó que ocho grupos sin fines de lucro que recibieron $20,000 millones del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, administrado por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), ‘no tienen acceso a sus cuentas en Citibank desde el 18 de febrero debido a un bloqueo aún no explicado, implementado en medio de críticas por parte de la administración del presidente Donald Trump'”, especifica el texto en el que también se menciona que 41 decisiones judiciales ya han paralizado temporeramente diversas iniciativas del presidente.
Añadió: “Además, muchas organizaciones, ya sea por extrema cautela o quizás por actos de obediencia
anticipada, han dejado de prestar ciertos servicios o se han abstenido de realizar ciertas acciones. Este
tipo de ‘congelación’ autoimpuesta de gastos”.
Para los creadores del informe, la aparente estrategia de la Administración Trump de improvisar y fallar de ser necesario para luego corregir, podría provocar daños permanentes.
“El daño provocado por estas decisiones será duradero, y en algunos casos, podría ser permanente. En
una conferencia de prensa reciente, Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia
Gubernamental reorganizado mediante orden ejecutiva, declaró que esperaban cometer errores y
corregirlos cuando fueran señalados. Sin embargo, esta filosofía de ‘moverse rápido y romper cosas’,
aunque popular en el ámbito tecnológico, no es adecuada para mejorar los servicios gubernamentales.
¿Realmente queremos eliminar empleos relacionados con la seguridad aérea, la regulación de productos químicos peligrosos o el mantenimiento de armas nucleares? Como dijo Martin Wolf, comentarista económico principal del Financial Times: ‘No se mejora un sistema complejo atacándolo al azar’. En algunos casos, podría ser demasiado tarde para revertir los daños ocasionados por recortes
presupuestarios irresponsables”, consideró el especialista.
En esta coyuntura, el reporte menciona el temor de algunos economistas de que EE.UU. entre en una crisis financiera.
“Según Wendy Edelberg y Ben Harris, del Brookings Institution, ‘el verdadero peligro para nuestra economía es que nuestros líderes políticos hagan algo irresponsable que inquiete a los mercados financieros‘. Por ejemplo, que ‘el presidente decida arbitrariamente qué bonistas del Tesoro
recibirán sus pagos’. Con Elon Musk suelto sin control en Washington con acceso al sistema de pagos del Tesoro, información del IRS y datos del Seguro Social para propósitos hasta ahora desconocidos, no se puede descartar que comenta un error grave”, señaló Marxuach.
El analista planteó que, en el caso de Puerto Rico, la aproximación del gobierno federal desde distintas agencias ha sido insuficiente.
“Durante muchas décadas, el conocimiento y comprensión en el ámbito federal sobre el rol de Estados
Unidos en Puerto Rico y los factores históricos que contribuyen a los retos que aún enfrentamos han sido muy limitados. A lo largo de más de 125 años de historia, la Casa Blanca ha intentado delegar estos asuntos a diversas agencias, pero dichos esfuerzos generalmente han sido superficiales y los resultados han sido insuficientes“, expuso.
En esa dirección, el informe menciona cómo administraciones como la de Bill Clinton, George W. Bush y la de Barack Obama dedicaron esfuerzos para intentar resolver el asunto territorial a través de iniciativas como el Grupo de Trabajo Presidencial sobre el Estatus de Puerto Rico.
“La administración Obama continuó este enfoque en 2011, pero la crisis fiscal de la isla llevó a la aprobación en 2016 de la Ley PROMESA, ampliamente rechazada por los puertorriqueños, imponiendo una Junta de Supervisión Fiscal no electa a cambio de acceso a un mecanismo judicial para reestructurar su deuda”, explica el documento.
El informe del CNE también hace referencia al impacto, aún por verse, de que Puerto Rico no cuente con posiciones que fueron creadas bajo la Administración Biden con el fin de acelerar la reconstrucción, impulsar el desarrollo económico e incentivar la fuerza laboral, tales como el de la directora asociada para Puerto Rico y los territorios de la Casa Blanca, que ocupó Gretchen Sierra Zorita; y la del subsecretario del Departamento de Comercio, Don Graves, como coordinador de Crecimiento Económico para Puerto Rico a través del llamado “Diálogo Económico”.
“Ahora, en las primeras semanas de la nueva administración Trump, Puerto Rico ya no cuenta con estos
recursos dedicados en agencias federales. Debido a que estas medidas estaban diseñadas para resultados a largo plazo, aún es pronto para juzgar completamente sus efectos”, argumentó el analista.
Desde que asumió el cargo, Trump no se ha expresado directamente sobre Puerto Rico o sus prioridades para el territorio.
El impacto en Puerto Rico de los aranceles de Trump a países como México y Canadá
Bajo el subtema “Papas y cerveza: Cuando las guerras comerciales tocan nuestras puertas”, Enrique Figueroa Grillasca, asociado de Investigación del CNE aborda el tema de los aranceles que Trump ha impuesto o se dispone a imponer a otros países de hasta 25% a otros países.
De acuerdo con Grillasca, los próximos cuatro años estarán marcados por la incertidumbre económica y cambios en las políticas comerciales, como la creciente guerra comercial entre EE.UU, Canadá y México.
Para el experto, estimar el efecto es un asunto complejo y sin respuesta precisa al momento, ya que las consecuencias de este tipo de políticas no son lineales ni directas.
“Tanto consumidores como productores responden a cambios en los precios mediante diversos
mecanismos, primordialmente la sustitución. Cuando aumenta el precio de un producto, los
consumidores tienden a sustituirlo por otro comparable más económico. Por ejemplo, si aumenta el
precio de la cerveza mexicana debido a nuevos impuestos, los consumidores probablemente consumirán menos cerveza mexicana y optarán por alternativas como cervezas dominicanas o españolas. Estos son conocidos como efectos de primer orden, que son las respuestas inmediatas ante cambios en las condiciones económicas”, explicó.
A juicio del economista, con el pasar del tiempo cuando las políticas comerciales se estabilicen, será más factible evaluar el impacto real.
En cuanto a Puerto Rico, el asunto es esencial, ya que el territorio importa una cantidad significativa de productos desde Canadá y México. Los anterior incluye productos finales para consumo, como $72 millones en papas canadienses o $26 millones de cervezas de México, como productos intermedios utilizados en la manufactura local, incluyendo $24 millones en compresores provenientes de México.
“Cualquier aumento en los aranceles afectará los precios de los bienes, el empleo y la producción en la
isla. Sin embargo, predecir el impacto preciso es difícil debido a que depende directamente de las
respuestas tanto de consumidores como productores, las cuales a su vez dependen de las elasticidades
de ingreso y precio, la disponibilidad de bienes sustitutos y estrategias cambiantes de producción”, concluyó el investigador.
El Centro para la Nueva Economía o Center For New Economy es una entidad no partidista que congrega a un grupo de expertos de Puerto Rico para que desarrollen iniciativas de investigación, análisis y la promoción de políticas públicas que estabilicen la economía mientras la hacen más productiva.
El Centro también tiene presencia en Washington y en España.
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