Caso del salvadoreño deportado genera controversia en EEUU

Pero la expulsión a su país del salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante en EEUU, de 29 años, trabajador de la construcción y al que se le vincula con la banda criminal MS-13 (o Mara Salvatrucha), aparece en los registros públicos como la única deportación hecha por un “error administrativo”, y por ello como la más controversial.

El caso está generando discordias en el ámbito político y judicial de EEUU. “Este caso tan complicado representa una de las disputas más técnicas que yo haya visto jamás en la Corte, sobre la separación de poderes”, afirma el abogado penalista y exfiscal Nelson Rodríguez Varela.

El caso del salvadoreño también pone a prueba la importancia de la seguridad nacional, según el militar retirado Emilio González, quien cuestiona las recientes críticas de diputados demócratas a la deportación de Ábrego García.

Mientras, el gobierno de Trump sigue oponiéndose, como lo hizo este 23 de abril, a la petición de la juez federal de distrito, Paula Xinis, en Maryland, de proporcionar información sobre las acciones que ha tomado para hacer que el salvadoreño deportado regrese a EEUU y así “enmendar” lo que se califica como un error.

“Error administrativo”

Ábrego García, quien permanecía irregularmente en EEUU desde 2011, aunque casado y con hijos, fue expulsado el marzo de EEUU por la administración Trump que ejecutó el fallo de un juez de inmigración que en 2019 negó su solicitud de asilo y ordenó su deportación.

La decisión judicial determinó que Ábrego García incurrió en hechos de violencia doméstica y era un “peligro para la comunidad", pero precisó que no debía ser deportado a su país para resguardar su seguridad y su vida.

Sin embargo, la deportación se materializó.

“No existe disputa entre las partes” sobre que Ábrego García tiene el withold of removal otorgado por el juez, una designación que, según Rodríguez Varela, es la correcta para referir una deportación.

Medida sin disputa

“Sobre esa medida no hay disputa. Lo que no está realmente claro ni definido es en dónde estuvo el error que pudo cometerse por parte de las autoridades de EEUU, al devolverlo a El Salvador, contrariamente a lo que el juez determinó, pero el gobierno ha aceptado que hubo una equivocación”, asevera.

Aunque la Casa Blanca admitió que hubo el error, no ha sido aclarado hasta ahora cómo ocurrió. Solo Stephen Miller, alto funcionario de Trump, cuestionó la admisión por parte del Departamento de Justicia y declaró que “el único error que se cometió es que un abogado, el cual ha sido relevado de sus funciones, desde entonces, puso una línea incorrecta en un documento legal”.

Un aspecto que para Rodríguez Varela no es tan importante en este momento. “A menos que se pueda demostrar que el error se hizo a propósito, pero no hay pruebas de eso hasta este momento”.

Pugna sobre regreso

Lo que el abogado aprecia determinante es cómo la administración Trump y los órganos de justicia dirimen la forma en que se podría instrumentar el regreso de Ábrego García, quien se encuentra en la prisión Santa Ana en El Salvador, a donde fue transferido desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Mientras los tribunales buscan cómo ejecutar los dictámenes de la Corte Suprema que ordenan al gobierno de Trump facilitar el regreso a EEUU, el Presidente sostiene que su actuación forma parte del poder ejecutivo sobre el cual no acepta ninguna intervención, explica el abogado.

“El gobierno, basado en la ley, ha establecido que la Corte no tiene la autoridad de ordenarle al Ejecutivo que utilice sus poderes para tramitar esa devolución. Y en ese momento estamos”, asegura Rodríguez Varela

El abogado no se atreve a señalar lo que la Corte puede determinar en el tiempo, pero explica que quedan dos opciones a considerar: una, la devolución de Ábrego García a EEUU; y dos, establecer la responsabilidad del Ejecutivo ante el incumplimiento de una orden, por no facilitar la devolución del deportado.

Devolución del salvadoreño

Lo que el abogado penalista tiene claro es que el regreso de Ábrego García se debe cumplir para luego deportarlo correctamente a un tercer país.

“Para hacer la deportación desde EEUU, debido a que pertenece al MS-13, habría que cumplir la orden judicial de devolverlo al país, traerlo de vuelta a EEUU, ofrecerle un debido proceso, reabriendo el caso de inmigración con nuevas pruebas de que Ábrego García forma parte de la categoría de personas excluibles, bajo el capítulo 8 de las leyes de Inmigración”.

El regreso a EEUU del salvadoreño vinculado a la banda criminal es una posibilidad que los presidentes Trump y Bukele han negado, pero Rodríguez Valera insiste en que EEUU “tiene que hacer lo suficiente para lograr esa devolución”. Y una forma sería a través de un acuerdo diplomático entre los dos países, según explica el letrado.

“La Corte no puede decirle a la administración Trump qué tiene que hacer para desempeñar esos poderes ejecutivos porque allí comprometería la separación de poderes”, advierte, por lo que ve en este caso, uno de los más complejos y delicados técnicamente.

“La cuestión es si la Corte puede ordenar o designar que el Ejecutivo utilice ciertos poderes que están reservados para sí mismo y que no están sujetos a una determinación de una Corte Federal. Ese es el argumento del gobierno”, apunta el abogado.

Seguridad de EEUU

En contraste, para Emilio González, militar retirado y experto en seguridad, el caso de Ábrego García es “interesante pero no complicado”. Y si hubo un error, dice, “es con e minúscula”.

“No hay duda de que Ábrego García tuvo su juicio ante un juez federal de inmigración que ordenó su deportación, y precisó en su orden que no debía ser llevado a su país de origen, El Salvador”.

Por ello entiende como normal que la administración Trump lo haya expulsado, en el marco de la política de migración y de seguridad que su gobierno adelanta.

“El gobierno le da prioridad a la seguridad y está haciendo todo lo posible para expulsar a todas las personas indeseables, como pandilleros, asesinos que entraron al país en forma indebida, no legal porque la administración Biden les permitió la entrada, y están en el sur de la Florida”, acusa el experto.

Tras recordar que Trump declaró a las bandas MS13 y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas, se refirió al caso concreto del salvadoreño sobre quien existe, dice, un grueso expediente en El Salvador como pandillero.

“Ábrego García no es un ser inocente, aunque puede ser trabajador, pero fue ante un juez y este lo deportó, si hubo una equivocación las cortes lo están revisando, pero la seguridad es de suma importancia en este momento”, refiere.

Afirma que personas como esta que entraron a EEUU en forma legal, pero que están en situación irregular, que no tienen estatus, no son ciudadanos ni residentes, pueden ser expulsados por el Ejecutivo, de acuerdo con The Immigration and Nationality Act (INA), de 1952.

“Lo que me sorprende es que personas como el senador demócrata Van Hollen estén defendiendo a este individuo, y advierte que “levanta la voz” en este caso, para politizarlo.

FUENTE: Entrevistas con Nelson Rodríguez Varela, abogado penalista; y Emilio González, militar experto en seguridad