MIAMI. - La población de migrantes en centros de detención de Florida aumentó un 111% en el último año, una situación que, según un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones de derechos civiles, ha generado hacinamiento crítico, "abusos sistemáticos" y condiciones que violan el derecho internacional.
El informe se publica en un contexto de intensificación de las políticas migratorias a nivel estatal y federal, que han puesto a Florida en el centro de una ofensiva para incrementar las deportaciones.
El dramático incremento sitúa en 2.524 el número de migrantes detenidos en los tres principales establecimientos de la región: Krome, el Centro de Detención Federal de Miami y el Centro Transicional Broward.
Esta cifra se enmarca en un récord histórico a nivel nacional, con más de 56.000 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025, de acuerdo con organizaciones.
“Las personas detenidas por motivos migratorios están siendo tratadas como si no fueran seres humanos”, afirmó Belkis Wille, directora asociada de la División de Crisis y Conflictos de HRW.
Condiciones deplorables
Investigadores que visitaron los centros de detención documentaron una serie de prácticas que consideran abusivas.
El informe detalla que en el centro Krome, en el suroeste de Miami-Dade, la población se triplicó en los primeros tres meses de 2025, superando ampliamente su capacidad operativa.
Testimonios recogidos describen celdas con temperaturas extremadamente frías, hacinamiento y períodos prolongados en los que los migrantes permanecen esposados dentro de autobuses sin acceso a servicios básicos como comida, agua o baños funcionales.
Además, se denuncian graves deficiencias en la atención médica, con al menos dos muertes bajo custodia que, según expertos, podrían estar vinculadas a negligencia médica.
"Alligator Alcatraz"
La situación se percibe más grave con la apertura del nuevo centro de detención en los Everglades, conocido como "Alligator Alcatraz". Construido en un tiempo récord, tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas en una zona remota y de difícil acceso.
El gobernador Ron DeSantis justificó la ubicación como una ventaja de seguridad, bajo el argumento que la fauna local, incluidos caimanes, disuadiría cualquier intento de fuga.
Legisladores y organizaciones que han visitado la instalación la describen como "espantosa", con reportes de hacinamiento extremo, falta de agua potable e instalaciones sanitarias insuficientes o averiadas.
El centro ya enfrenta múltiples demandas por presuntas violaciones de derechos humanos y por su construcción sin las debidas evaluaciones ambientales.
Marco legal
El endurecimiento de las políticas migratorias en Florida se apoya en una expansión del programa 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales ejercer funciones de agentes de inmigración federales.
Esta colaboración ha sido impulsada por el gobernador DeSantis, quien ha otorgado mayores facultades a la policía estatal para detener e investigar a personas sospechosas de infringir las leyes migratorias.
Adicionalmente, la declaración de un "estado de emergencia" migratorio ha permitido al gobierno estatal acelerar la construcción de infraestructuras de detención, eludiendo ciertos controles y regulaciones.