Atentado con dinamita en Tumbes: extorsionadores amenazan al hermano de gobernador regional y exigen S/10.000

La violencia y el miedo volvieron a sacudir la región Tumbes. Durante la madrugada de este lunes 27 de octubre, delincuentes colocaron una dinamita en la puerta de la vivienda del hermano del gobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, en un acto de extorsión que ha generado alarma entre los vecinos y preocupación en la familia de la autoridad. Los hampones exigen el pago de S/10.000 a cambio de no atentar contra sus vidas, según la denuncia presentada ante las autoridades locales.

El propio gobernador confirmó que no es la primera vez que su entorno familiar es víctima de este tipo de amenazas. Recordó que el año pasado un grupo de sujetos ya había detonado un explosivo en la misma propiedad, la cual además funciona como una pequeña ferretería familiar. Esta vez, la situación volvió a repetirse con mayor intensidad, poniendo en evidencia el clima de inseguridad que atraviesa la zona fronteriza con Ecuador.

(Composición Infobae)

En declaraciones a medios locales, Segismundo Cruces precisó que su hermano recibió mensajes extorsivos a través del celular, donde los delincuentes le exigían la entrega de dinero bajo el argumento de que sería “el dueño de todas las obras en Zarumilla”. “A mi hermano le están pidiendo 10.000 soles porque dicen que él es el dueño de todas las obras que hacemos en Zarumilla y no es así. La ferretería tiene seis metros por diez y es un negocio familiar”, manifestó el gobernador, quien pidió la intervención inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cruces también señaló que los responsables serían miembros de una organización criminal asentada en Zarumilla, una provincia fronteriza actualmente bajo estado de emergencia. En agosto pasado, el Ejecutivo prorrogó esta medida por 60 días para reforzar la lucha contra el contrabando, tráfico de personas, sicariato y otros delitos que afectan la seguridad en el norte del país. La disposición, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 111-2025-PCM, permite a la PNP mantener el control del orden interno con apoyo operativo de las Fuerzas Armadas hasta el 2 de noviembre.

Durante la vigencia del estado de emergencia, se encuentran suspendidos derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, lo que permite una respuesta más directa ante los casos de crimen organizado. Sin embargo, pese a estas medidas, los hechos recientes evidencian que la delincuencia continúa actuando con impunidad incluso en zonas bajo vigilancia militar.

Comerciantes denuncian que hombres armados entregan boletos falsos a cambio de dinero y amenazan con regresar cada día en una zona sin patrullaje constante. | Composición Infobae Perú / Latina

El delito de extorsión atraviesa su punto más crítico en el país, con más de 20.000 denuncias registradas en lo que va del año, según datos de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento del 40% respecto al 2024, convirtiéndose en el mayor número de casos reportados hasta la fecha. Cada 19 minutos una persona es víctima de amenazas, cobros ilegales o ataques con explosivos, lo que refleja la expansión de las mafias en todos los sectores sociales y económicos.

Los transportistas figuran entre los más afectados. En solo unas semanas, se han reportado ataques a balazos contra choferes y cobradores en distritos como Carabayllo y San Martín de Porres, donde las bandas criminales exigen “cupos” para permitirles trabajar. Al menos 60 conductores han sido asesinados durante el 2025, según gremios del transporte. Pese a los bloqueos de líneas telefónicas y las operaciones policiales, muchas llamadas extorsivas siguen originándose desde los penales del país, lo que evidencia fallas en el control del sistema carcelario.

El impacto también ha llegado al sector artístico y comercial, mientras pequeños empresarios viven bajo intimidación constante. En los mercados y negocios locales, las extorsiones se han normalizado como un “costo” de operar, y muchas víctimas optan por callar o cerrar sus locales por miedo a represalias. Autoridades policiales reconocen que el 80% de las llamadas de extorsión provienen de cárceles, lo que ha impulsado al Gobierno a bloquear más de 1,5 millones de líneas vinculadas al crimen organizado.