Aprueban plan de rescate económico para el transporte afectado por la extorsión y el sicariato

Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

El Congreso de la República aprobó un paquete de medidas extraordinarias que busca no solo combatir la violencia criminal en el transporte público y de carga, sino también reactivar económicamente al sector, gravemente afectado por la extorsión, el sicariato y la inseguridad en las rutas.

Entre las disposiciones más importantes figuran la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) y un programa de alivio financiero con créditos blandos, compensaciones y exoneraciones tributarias para empresas y trabajadores víctimas de estos delitos.

El dictamen, aprobado con 83 votos a favor, 3 en contra y una abstención, busca reducir las pérdidas económicas generadas por los “cupos” y “vacunas”, prácticas extorsivas que han forzado el cierre de rutas y la quiebra de pequeñas empresas de transporte.

Uno de los pilares del plan es la creación de un fondo de apoyo financiero que permitirá otorgar créditos y exoneraciones fiscales temporales a transportistas cuyas operaciones hayan sido afectadas por la criminalidad.

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Los recursos provendrán de la venta de bienes incautados al crimen organizado, que serán destinados a financiar la recuperación del sector. Parte de esos fondos se usará también en compensaciones y seguros estatales para los trabajadores y empresas que hayan perdido vehículos o equipos en ataques extorsivos.

Además, el programa Ruta Segura Restablecida cubrirá la reparación de vías, terminales y unidades dañadas, fomentando la inversión pública y la continuidad de las operaciones. De esta forma, el Congreso busca frenar la parálisis económica que ha golpeado especialmente a cooperativas de transporte y a rutas regionales.

El texto aprobado también incluye mecanismos de fiscalización financiera. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisará los movimientos de efectivo y transferencias relacionadas con pagos de “vacunas” o “cupos”, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá reportar operaciones sospechosas y coordinar con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

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Esta estrategia busca asfixiar el flujo económico de las organizaciones criminales, cerrando el paso a operaciones de lavado de activos vinculadas al transporte.

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá implementar rutas seguras, equipadas con cámaras, GPS y botones de pánico conectados a la red nacional de monitoreo C5i, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) actualizará los mapas georreferenciados de zonas con alta incidencia delictiva.

La norma crea el Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica, encargado de analizar y publicar información semestral sobre las pérdidas económicas y las tendencias delictivas que afectan al sector.

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En el ámbito patrimonial, los bienes, cuentas y fondos vinculados a la extorsión podrán ser expropiados sin necesidad de un proceso penal previo, y sus recursos se usarán para financiar los programas de recuperación.

La UIF y el Ministerio Público tendrán a su cargo el rastreo y la solicitud de medidas cautelares ante el Poder Judicial, garantizando la recuperación económica a partir del dinero del crimen organizado.