Antiguo centro penitenciario en Tennessee, convertido en centro ICE, recibe a los primeros inmigrantes

Instalaciones del centro gestionado por ICE en Mason, Tennessee, administradas por la empresa CoreCivic Inc. (Crédito: Google Earth)

El Centro de Detención del Oeste de Tennessee, ubicado en la ciudad rural de Mason, a unos 64 kilómetros al noreste de Memphis, ha recibido a sus primeros inmigrantes detenidos tras su reapertura como instalación gestionada por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y operada por la empresa CoreCivic Inc.. Esta noticia fue confirmada por la propia compañía, que precisó que el recinto, anteriormente clausurado, ya está recibiendo a personas bajo custodia migratoria.

La reapertura fue aprobada el 12 de agosto mediante acuerdos alcanzados entre funcionarios locales, ICE y CoreCivic, en una sesión pública cuyo ambiente estuvo marcado por el descontento de numerosos residentes y activistas, de acuerdo con informaciones recogidas por NBC News. Las autoridades de Mason avalaron la decisión después de debatir las necesidades económicas del municipio y los beneficios que, según argumentaron, traerá la nueva actividad de la instalación.

El alcalde Eddie Noeman defendió que el centro de detención ayudará a crear empleos y a potenciar el desarrollo económico en una ciudad con un historial reciente de dificultades financieras, así como carencias en infraestructura básica. Según cifras aportadas por CoreCivic, el complejo prevé la creación de alrededor de 240 nuevos empleos, incluidas plazas de agentes de detención con una remuneración de 26.50 dólares por hora.

La antigua prisión desempeñó durante años un papel relevante como motor económico de Mason, hasta su cierre en 2021, que respondió a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden para que el Departamento de Justicia no renovara contratos con algunos centros de detención privados. La situación cambió en enero, cuando el actual gobierno federal revirtió esa medida y promovió la reactivación de contratos en instalaciones como la de Mason, en el marco de su política orientada a aumentar las deportaciones de inmigrantes.

El gobierno federal también impulsó la apertura y el fortalecimiento de otros centros de detención, como la instalación conocida como “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida, la cual ha sido objeto de demandas legales presentadas por defensores de derechos civiles y organizaciones ambientalistas preocupados por presuntos malos tratos a los internos. En ambos casos, el denominador común ha sido la controversia y el escrutinio público.

La sesión del 12 de agosto, donde se aprobaron los nuevos acuerdos, estuvo marcada por la presencia y protesta activa de residentes y representantes de diversos colectivos. Una parte sustancial de los asistentes manifestó temor por las condiciones que podrían afrontar los detenidos. Entre quienes se opusieron se encuentra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que expresó inquietud sobre posibles riesgos de abuso y negligencia para quienes sean recluidos en el centro, según relató NBC News.

Señalización exterior del recinto cuya reapertura fue aprobada tras una sesión pública con amplia asistencia ciudadana. (Crédito: Google Earth)

Algunos miembros de la comunidad destacaron que Mason es una ciudad mayoritariamente afroamericana, cuyo pasado ha estado marcado, según su testimonio, por situaciones en las que se sintieron ignorados o tratados con falta de respeto institucional durante distintos periodos. Esta percepción ha hecho más intenso el debate en torno a la llegada del centro de detención.

CoreCivic ha especificado que, además de la creación de empleo, el funcionamiento del centro generaría cerca de 325.000 dólares anuales en impuestos inmobiliarios y una cuota de servicio extra de 200.000 dólares para la municipalidad de Mason. Está previsto que estos recursos puedan invertirse en educación, modernización de infraestructuras y otros proyectos de interés local, de acuerdo con la empresa citada por NBC News.

En años recientes, la ciudad de Mason debió negociar con el estado de Tennessee para evitar la intervención en su gestión financiera, como resultado de alegaciones sobre mala administración. Estos antecedentes han influido tanto en las preocupaciones como en las expectativas de la población local frente al acuerdo con ICE y CoreCivic.

Según documentos de la agencia AP consultados por NBC News, la agencia penitenciaria de Tennessee ha impuesto sanciones por 44.7 millones de dólares a CoreCivic desde 2022 hasta febrero de este año por diversas infracciones, entre ellas escasez de personal. Además, la compañía habría destinado más de 4.4 millones de dólares al pago de acuerdos extrajudiciales para resolver cerca de 80 denuncias o demandas, algunas relacionadas con al menos 22 muertes de internos entre 2016 y septiembre de 2024 en varios recintos del estado.

Auditorías de la Contraloría de Tennessee publicadas en 2017, 2020 y 2023 han señalado deficiencias en la gestión de las instalaciones a cargo de CoreCivic. Frente a estas críticas, la compañía ha argumentado, según recoge NBC News, que las dificultades para contratar y retener personal afectan a toda la industria privada de detención en Estados Unidos.