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MIAMI. – El abogado Alex Spiro, conocido por su defensa de figuras como Elon Musk, se incorporó formalmente al equipo legal del empresario venezolano Julio Herrera Velutini, uno de los coacusados en el sonado caso de la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vásquez.
La notificación de su participación se produjo en un momento clave, días después de que se confirmara un acuerdo de culpabilidad que reduce drásticamente los cargos contra el banquero, la exgobernadora Vázquez y el exagente del FBI Mark Rossini.
El tribunal federal recibió el aviso formal de la entrada de Spiro el 12 de julio. Con esta acción, el abogado se suma a un equipo legal que ya cuenta con letrados como Christopher Kise, exasesor jurídico del presidente Donald Trump.
La llegada de Spiro, socio del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se interpreta como un movimiento estratégico para asegurar los términos finales del pacto con la fiscalía.
Primeras acciones
Los primeros pasos de Spiro como asesor legal del empresario parecen coincidir con la negociación final del acuerdo, un pacto que transforma el alegado caso de corrupción de alto perfil en un asunto de menor gravedad.
Los acusados ya no enfrentan cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico, que conllevan penas de hasta 20 años de prisión. En su lugar, todos se declararán culpables de un único cargo menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales por “contribuciones ilegales”.
La pena máxima para esta violación es de un año de cárcel, una multa o ambas, según la normatividad vigente.
La jueza federal Silvia Carreño Coll fijó la audiencia de alegación de culpabilidad para el 27 de agosto. En esa fecha, Herrera Velutini, Vázquez y Rossini comparecerán ante el tribunal para formalizar el acuerdo.
Los hechos
El caso original se centraba en un supuesto esquema de soborno. La acusación federal sostenía que Herrera Velutini entregó cerca de 300.000 dólares a consultores políticos vinculados a la campaña de reelección de Vázquez en 2020.
A cambio, la entonces gobernadora debía destituir al titular de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, cuya agencia investigaba a Bancrédito, entidad bancaria de Herrera Velutini, un supuesto ahora sin piso legal tras el acuerdo.
La defensa argumentó con éxito que el proceso judicial en ciernes representaba una instrumentalización del sistema judicial “contra adversarios políticos”.
Con este giro, Herrera Velutini evita una posible condena prolongada y protege su capacidad para continuar sus actividades empresariales, mientras que el caso deja un precedente sobre la influencia política en procesos judiciales de alto impacto.
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