ACNUR advierte que pueden perderse años de progreso en protección de desplazados colombianos

GINEBRA. - Los años de progreso en la protección e integración de las poblaciones desplazadas de Colombia corren el riesgo de perderse, advirtió ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La oficina indicó este viernes 25 de abril que el peligro se deriva del repunte de la inseguridad en algunas zonas, así como la falta de fondos.

De acuerdo con ACNUR, los refugiados y desplazados internos pueden verse obligados a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y estabilidad, mientras que los retornados no encontrarán condiciones para establecerse de nuevo,

Un portavoz de la agencia, William Spindler, expresó que "el precio más alto" lo pagarán "los más vulnerables: niños, mujeres y familias desplazadas".

El principal problema es el escaso financiamiento. En este sentido, el portavoz de ACNUR llamó a la comunidad internacional para que aporte los 118,3 millones de dólares (104 millones de euros) que necesita para mantener su labor en Colombia. La agencia indicó que sólo está financiado en la actualidad en un 4,6 por ciento de los 1.400 millones de dólares (1.233 millones de euros) que requiere el Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y Migrantes Venezolanos en América Latina y el Caribe.

En el comunicado de ACNUR se sitúa al Catatumbo como una de las zonas donde el problema es más grave: la agencia ha tenido que interrumpir la distribución de bienes de primera necesidad. Se registran enfrentamientos entre grupos armados que han obligado al desplazamiento forzoso de más de 63.000 personas, en lo que constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en la historia de Colombia.

Colombia alberga una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, con más de siete millones de desplazados internos, casi tres millones de venezolanos refugiados y migrantes, y más de medio millón de colombianos retornados.

Programas de asistencia

ACNUR dijo que, debido a las cifras de población y un agudo déficit de financiación, “se están reduciendo o interrumpiendo" programas que apoyan a las comunidades afectadas por conflictos, permiten el retorno seguro de las familias desplazadas internas y regularizan los asentamientos urbanos informales.

La agencia de Naciones Unidas también se ha visto obligada a interrumpir su apoyo a la legalización de los asentamientos informales dirigida por el Gobierno, una iniciativa que garantiza soluciones mediante derechos de propiedad y permite el acceso al agua, la electricidad y una vivienda segura a más de 105.000 personas.

FUENTE: Con información de Europa Press