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hace 1 semana
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El fallo judicial que admite la demanda presentada por la Alianza Nacional del TPS (NTPSA) y venezolanos con TPS, no solo salva legalmente a más de 600,000 inmigrantes de ese país que residen y trabajan en EEUU de la deportación inminente a partir del 7 de abril próximo, la cual fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 1 de febrero pasado.
También constituye un frenazo al resto de las medidas migratorias que Trump se ha propuesto aplicar con el argumento de la seguridad nacional, según la abogada María Herrera Mellado
“La decisión es un revés significativo para la agenda inmigratoria de Trump, que busca restringir ciertas protecciones y acelerar deportaciones”, afirma la especializada en tema migratorio, tras señalar que los amparados con el acto judicial mantienen su protección y sus permisos de trabajo mientras el litigio continúe, aunque el TPS ya no se extiende para nuevos solicitantes.
Este jueves, la representación del DHS apeló del fallo y argumentó que la extensión del TPS beneficie solo a los demandantes, planteado eliminar el alcance nacional.
La política migratoria de Trump, envuelta en una controversia debido a las deportaciones masivas y a la limitación del acceso de inmigrantes a programas humanitarios, afrontaría nuevas dificultades con la determinación judicial.
Precedente del TPS
El fallo puede constituir también un precedente para otros permisos temporales en riesgo de suspensión ejecutiva, de acuerdo con la política migratoria de Trump, añade Herrera Mellado.
“Si un tribunal determina que la terminación de un beneficio inmigratorio fue arbitraria, careció de justificación adecuada o violó el debido proceso, esos mismos principios podrían ser argumentados por abogados para impugnar en los tribunales la suspensión de otros programas, como el parole humanitario, y alegar que fue una acción administrativa injustificada o desproporcionada”, dice.
El juez Chen consideró, en su decisión de 78 páginas dictada el lunes 31 de marzo, que la administración Trump causaría “un daño irreparable” a los inmigrantes con TPS y que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional “no están autorizadas por la ley, son arbitraria y caprichosas”.
No obstante, Herrera Mellado aclara que existen diferencias clave entre ambos mecanismos de protección estadounidense.
Diferencias con parole
El TPS y el parole humanitario tienen fundamentos legales distintos, según explica. El TPS está regulado con criterios específicos para su designación y terminación, mientras que el parole humanitario depende de la autoridad discrecional del DHS, lo que le otorga mayor flexibilidad.
“Un juez tendría que determinar si las similitudes en el proceso administrativo o en los derechos afectados justifican una aplicación similar del fallo”.
“En términos generales, cuando un fallo se basa en una violación procesal significativa, como por ejemplo la falta de justificación con evidencia, podría servir como un precedente persuasivo, aunque no vinculante, en otros casos fuera de su jurisdicción”.
Pero el fallo que suspende el cese del TPS “no es del todo sin precedentes”, puntualiza la especialista.
En 2018, el propio Chan, 72 años de edad y nombrado en el cargo por Barak Obama en 2011, bloqueó intentos similares de la administración Trump de finalizar el TPS para migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, aunque esa decisión fue luego revocada en apelaciones.
Alcance de la decisión judicial
La decisión judicial sobre el TPS tiene alcance nacional, un punto que ya fue apelado por el DHS, al ser una orden cautelar federal. Indica que el programa de protección continúa para los 350.000 venezolanos que quedarían sin protección el 7 de abril próximo y para los otros 250,000 a quienes el estatus cesa en septiembre de 2025, mientras el proceso avanza en otras instancias, según Herrera Mellado.
El TPS, concedido por la administración Biden en 2021, ha permitido a cientos de miles de venezolanos vivir legalmente en EEUU, luego de huir de la crisis política y económica en Venezuela, que inició en 2014 con el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, el fallo no cubre a inmigrantes de otros países con TPS, como haitianos, salvadoreños y nicaragüenses, cuyos estatus están sujetos a designaciones y litigios separados.
“Cada grupo de beneficiarios de TPS depende de las condiciones específicas de su país y de las acciones legales que se emprendan en su nombre”, precisa.
Opciones para excluidos
Para los excluidos en esta ocasión, las opciones son organizaciones como la Alianza Nacional TPS para presentar demandas similares en otros distritos federales y procurar órdenes cautelares como la de Chen, y también otras vías legales, según la abogada.
“Si el TPS para ellos expira podrían explorar el asilo (si enfrentan persecución en su país), ajustes de estatus (si tienen un familiar ciudadano o residente permanente que los patrocine) o visas humanitarias, aunque estas opciones son limitadas y dependen de circunstancias individuales”.
En una semana, tanto los demandantes de la medida ejecutiva, la Alianza Nacional de TPS representada por diversas organizaciones, como el Departamento de Justicia, por la administración Trump, deben presentar informes conjuntos sobre el fallo del juez con la finalidad de agilizar el proceso.
En ellos, los demandantes pueden presentar una moción de aplazamiento sobre el TPS para los inmigrantes de Haití, mientras que el gobierno tendría previsto apelar el fallo del juez Chan, pero hasta ahora no hay anuncio oficial.
Lo que sí se sabe es que demandas similares contra el cese del TPS que ordenó el DHS se han presentado en Maryland, Nueva York y Massachusetts por grupos de derechos de inmigrantes. En Boston, el juez Richard Stearns que lleva un caso en su corte adelantó que apoyará la decisión de Chan.
Lo que viene
Como la decisión del juez es temporal, la permanencia del TPS para los venezolanos dependerá de que el proceso siga su curso de manera legal, con los pasos judiciales siguientes, según la abogada.
*Apelación inmediata: El juez Chen dio al DHS en representación de la administración Trump un plazo de una semana que se vence el 7 de abril próximo para notificar si apelará.
“Es casi seguro que el DHS llevará el caso a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que revisará la orden cautelar”, avizora Herrera Mellado.
*Revisión en el Noveno Circuito: Este tribunal podría ratificar, modificar o revocar el fallo de Chen, según dice. “El proceso puede tomar meses, dependiendo de la urgencia con que se tramite”.
*Tribunal Supremo: Si hay una apelación posterior, lo que Herrera Mellado ve probable, el caso podría llegar al Tribunal Supremo de EEUU, “especialmente si se considera un asunto de separación de poderes o autoridad ejecutiva”. “Esto podría extenderse entonces hasta 2026 o más allá”.
Pero deja claro que no hay un plazo fijo para una decisión definitiva.
“Mientras el litigio esté activo, la orden cautelar mantiene el TPS vigente. Sin embargo, una resolución final dependerá de la rapidez de las cortes y de posibles cambios en la política migratoria”, advierte.
Una celeridad que, dice, observó en el curso del proceso.
“Lo que sí parece novedoso es la magnitud y rapidez del fallo actual, al proteger a unos 600,000 beneficiarios venezolanos frente a una medida ejecutiva tomada apenas días después de que Kristi Noem asumiera como secretaria de Seguridad Nacional en 2025”.
FUENTE: Entrevista a la abogada María Herrera Mellado, especialista en el tema migratorio, Redacción DLA
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