
El uso inadecuado de herramientas tecnológicas y la falta de verificación en una investigación llevaron a LaDonna Crutchfield, una mujer afroamericana de 37 años, a ser arrestada injustamente en su propia casa frente a sus hijos el 23 de enero de 2024. Según una demanda presentada en un tribunal federal, Crutchfield fue acusada erróneamente de un intento de asesinato debido a un fallo en la identificación de sospechosos. Aunque fue liberada horas después, el daño emocional y profesional ya estaba hecho, por lo que ahora busca justicia mediante una acción legal contra el Departamento de Policía de Detroit.
De acuerdo con lo informado por NBC News, la detención de Crutchfield se basó en la identificación de una base de datos de reconocimiento facial, aunque la policía de Detroit niega haber utilizado esta tecnología en el caso. La demanda sostiene que los agentes no realizaron verificaciones básicas que habrían descartado a la mujer como sospechosa desde el inicio. Entre las discrepancias señaladas, se encontraba el hecho de que la verdadera responsable era cinco pulgadas (12,7 cm) más alta y varios años mayor que Crutchfield, según explicó su abogado, Ivan Land.
El arresto se produjo luego de que los detectives vincularan un número parcial de placa de automóvil con una dirección en el este de Detroit, donde supuestamente había residido un familiar de Crutchfield. Sin embargo, Land refutó esta conexión, asegurando que ningún pariente de su clienta había vivido en esa dirección. A pesar de las inconsistencias, los agentes procedieron a la detención basándose en lo que consideraban “evidencia suficiente” para tratarla como sospechosa.
Durante su detención, Crutchfield fue confrontada por un detective que le mostró fotografías de la verdadera sospechosa y le dijo: “Tienes que admitir que se parece a ti”. Según la demanda, Crutchfield respondió: “¿Por qué? ¿Porque soy gorda y negra como ella?”. Este intercambio ha suscitado preocupaciones sobre un posible sesgo racial en la identificación de sospechosos y en la forma en que se manejó su caso.
La liberación de Crutchfield solo ocurrió después de que proporcionara sus huellas dactilares y una muestra de ADN. Sin embargo, las consecuencias de la detención fueron inmediatas: la mujer temía perder uno de sus dos empleos, donde trabaja como asistente para adultos con discapacidades mentales. Al día siguiente, tuvo que acudir nuevamente a la estación de policía para obtener una carta de un detective que certificara que no era sospechosa de ningún delito. En el documento, el detective Marc Thompson declaró que Crutchfield no tenía ninguna relación con la investigación criminal.
A pesar de las acusaciones presentadas en la demanda, el Departamento de Policía de Detroit insiste en que la tecnología de reconocimiento facial no se utilizó en este caso. Según el subcomisario asistente Charles Fitzgerald, la vinculación con Crutchfield se basó en un número parcial de placa de automóvil y en la información de que la sospechosa viajaba con un niño pequeño, una característica que también coincidía con ella. Sin embargo, Fitzgerald reconoció que los detectives no realizaron una investigación lo suficientemente profunda para identificar correctamente a la verdadera responsable, quien posteriormente fue acusada formalmente.
Por su parte, el abogado de Crutchfield cuestiona la versión oficial y sostiene que la identificación inicial provino de una base de datos de reconocimiento facial. Esta tecnología ha sido objeto de críticas debido a su menor precisión al identificar a personas de color, lo que ha derivado en múltiples errores y detenciones injustas.

El caso de Crutchfield no es el primero en el que la policía de Detroit enfrenta acusaciones de arrestos erróneos vinculados al uso de tecnología de reconocimiento facial. En febrero de 2023, Porcha Woodruff, una mujer afroamericana embarazada de ocho meses, fue detenida bajo sospecha de un robo de auto. Según su demanda, Woodruff solicitó a los agentes que verificaran si la sospechosa estaba embarazada en el momento del crimen, pero su petición fue ignorada. Al igual que Crutchfield, Woodruff es representada por el abogado Ivan Land, quien sostiene que la policía cometió un error grave al no corroborar la identidad de su clienta antes de arrestarla.
Estos incidentes han generado un creciente escrutinio sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial en investigaciones policiales y han reforzado los argumentos de quienes consideran que esta herramienta puede perpetuar sesgos raciales. Organizaciones de derechos civiles han advertido que los algoritmos de reconocimiento facial tienen más probabilidades de fallar al identificar a personas afroamericanas y de otras minorías, lo que incrementa el riesgo de detenciones erróneas.
Para Crutchfield, el impacto de su arresto va más allá del tiempo que pasó bajo custodia. La demanda señala que ser esposada y llevada frente a sus hijos y vecinos le causó una profunda angustia emocional. “La policía sabía o debería haber sabido que su conducta causaría un grave sufrimiento emocional”, se indica en el documento legal. La mujer afirma que nunca podrá superar la humillación pública que sufrió ese día.
Aunque la demanda no especifica una cantidad exacta de compensación económica, Crutchfield busca responsabilizar a las autoridades por lo que describe como una negligencia grave en la investigación de su caso. Su acción legal también pone en el centro del debate la necesidad de revisar los procedimientos policiales y el uso de tecnologías avanzadas para evitar que otras personas inocentes sean arrestadas injustamente.
El caso de LaDonna Crutchfield se suma a una creciente lista de incidentes que han puesto en entredicho la precisión y la ética del uso de tecnologías de reconocimiento facial en investigaciones policiales. Mientras las autoridades de Detroit defienden sus procedimientos, las demandas presentadas por Crutchfield y Woodruff subrayan la importancia de establecer mecanismos de supervisión que eviten que estas herramientas refuercen prejuicios raciales o conduzcan a errores que puedan cambiar drásticamente la vida de ciudadanos inocentes.