Un juez de inmigración rechazó los esfuerzos de Kilmar Ábrego García de solicitar asilo en Estados Unidos

Kilmar Ábrego García enfrenta un proceso de expulsión en Estados Unidos tras haber sido deportado por error a El Salvador y luego retornado para enfrentar cargos penales. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Un juez de inmigración en Baltimore rechazó la solicitud de asilo presentada por Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante salvadoreño que fue deportado por error en marzo y luego regresado a Estados Unidos. La decisión, difundida por The New York Times, frena uno de los recursos legales que el equipo de defensores de Ábrego García utilizó para intentar impedir una nueva expulsión del territorio estadounidense.

La situación de Ábrego García se complicó a partir de marzo, cuando funcionarios del gobierno de Donald Trump ordenaron su deportación a El Salvador en contra de una disposición de 2019 que expresamente prohibía esta medida por motivos de riesgo para su vida.

El propio gobierno reconoció la violación de esa restricción ante el medio estadounidense. Después de su regreso forzado a su país de origen, las autoridades estadounidenses lo trajeron de vuelta a suelo estadounidense para enfrentar acusaciones penales de tráfico de inmigrantes.

Una jueza federal bloqueó cualquier intento del gobierno de deportar a Ábrego García a un tercer país hasta que se resuelva el caso judicial en Maryland. (AP Foto/Brett Carlsen)

De acuerdo con información de The New York Times, la resolución judicial del miércoles 1 de octubre confirma que la orden final de deportación dictada en 2019 contra Ábrego García sigue vigente. A pesar de ello, la administración no puede ejecutarla de inmediato, ya que existe un litigio pendiente en el Tribunal Federal del Distrito de Maryland. Hasta que no se resuelva esa otra causa, el migrante permanecerá en Estados Unidos.

Entre las alternativas consideradas para la expulsión de Abrego Garcia, la administración Trump llegó a manejar la opción de enviarlo a Uganda e incluso al pequeño país africano de Eswatini. No obstante, el plan no se llevó a cabo por la ausencia de acuerdos con esos Estados, según explicaron los abogados del migrante en declaraciones recogidas por NBC News.

Actualmente, la jueza federal Paula Xinis mantiene bloqueada cualquier deportación hacia un tercer país, al menos hasta que celebre una audiencia prevista para el próximo lunes con el objetivo de analizar la legalidad del procedimiento impulsado por el gobierno.

A propósito de la tensión legal, el Departamento de Justicia pidió a la jueza Xinis que aplace todos los plazos judiciales, incluido el de la audiencia, argumentando las restricciones derivadas del reciente cierre gubernamental. Según recogió The New York Times, la magistrada aún debe pronunciarse sobre la solicitud.

El migrante salvadoreño estuvo detenido en una prisión de El Salvador antes de ser devuelto a suelo estadounidense. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Mientras la defensa busca frenar cualquier medida de expulsión, Ábrego García afronta un proceso penal ante la Corte Federal de Distrito en Nashville. La acusación lo vincula con una presunta conspiración para introducir migrantes indocumentados a Estados Unidos entre 2016 y 2020.

Los abogados del salvadoreño, en una moción presentada en agosto, pidieron desestimar el proceso y lo calificaron como una “persecución represiva” del Departamento de Justicia.

Según relató el propio equipo legal, la solicitud de asilo presentada a mediados de año se sumó al complejo entramado judicial que rodea al caso desde marzo. En una de sus intervenciones ante el tribunal, uno de los defensores sostuvo: “la vida de mi cliente podría estar en peligro si regresa a El Salvador, como reconoció el propio gobierno estadounidense”, citó The New York Times.

A pesar de su irregularidad migratoria y los cargos penales que enfrenta, la situación de Ábrego García ha generado incertidumbre dentro de la comunidad legal y de derechos humanos. El medio estadounidense remarcó que las autoridades destacaron los límites a la capacidad de ejecución federal mientras persista la orden judicial, y subrayó que sus planes respecto al migrante continúan sujetos a decisiones de tribunales estatales y federales.