Trump firma orden para investigar a quienes quemen banderas de EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que busca endurecer la respuesta del Gobierno frente a actos de quema de banderas estadounidenses, a pesar de que la Corte Suprema estableció hace más de tres décadas que se trata de una forma de expresión política amparada por la Constitución.

Durante la ceremonia de firma en el Despacho Oval, Trump afirmó que quienes incurran en esta práctica deberían recibir un castigo severo.

“Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios”, dijo.

No obstante, el texto oficial de la orden no impone penas automáticas, sino que instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los incidentes y aplicar las sanciones civiles o penales que ya contemplen las leyes vigentes.

Enfoque migratorio

La orden ejecutiva también introduce un componente migratorio: solicita al Departamento de Estado y al de Seguridad Nacional que nieguen o revoquen visas, procesos de naturalización o permisos de residencia a extranjeros que participen en actos de quema de bandera, e incluso que estudien su expulsión del país.

Trump defendió esta disposición como un mecanismo disuasorio inmediato: “Así lo hice con la ley de estatuas y monumentos: diez años de cárcel. ¿Has escuchado de ataques a nuestros monumentos? Desaparecieron”, declaró.

Un choque con la jurisprudencia

La medida reabre un debate jurídico que parecía zanjado desde 1989, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que la quema de la bandera constituye una manifestación política protegida por la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión y reunión.

Ese fallo se originó tras el caso del activista Gregory Lee Johnson, quien había quemado una bandera durante la Convención Nacional Republicana en protesta contra las políticas del expresidente Ronald Reagan.

El nuevo documento firmado por Trump, sin embargo, sostiene que la Corte nunca ha protegido actos de profanación de bandera que puedan incitar a violencia o provocar disturbios inmediatos, y argumenta que en esos supuestos se justifica la intervención del Estado.

Con información de EFE.

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