James Comey, ex director del FBI, fue acusado este jueves de mentir al Congreso de EEUU y de obstrucción a un procedimiento legislativo, en un caso penal presentado días después de que el presidente Donald Trump instara públicamente a la fiscal general Pam Bondi a iniciar acciones legales no solo contra Comey sino también contra otros rivales políticos.
El Departamento de Justicia aseguró en un comunicado que “un gran jurado federal inculpó al ex director del FBI James Comey de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”.
Trump celebró la acusación a través de su red Truth Social, donde elogió la decisión con la frase “¡Justicia en Estados Unidos!” y volvió a calificar a Comey como “uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto”, reafirmando su crítica histórica contra el ex director del FBI y la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
Bondi, alineada con el mandatario, manifestó en la red X: “Nadie está por encima de la ley”, postura compartida por el nuevo director del FBI, Kash Patel, un conocido crítico de la investigación sobre la injerencia rusa.
La presentación del caso contra Comey lo convierte en el primer ex funcionario de alto rango implicado en una de las principales obsesiones de Trump —la investigación sobre la injerencia rusa— en enfrentarse a un proceso penal. Desde el inicio de la administración Trump, el propio presidente tachó el caso de “farsa” y “caza de brujas”. Diversas revisiones oficiales confirmaron que Moscú intervino a favor de la campaña republicana, pero el mandatario mantuvo su deseo de una represalia pública contra sus adversarios, incluidos altos funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI.

El caso presentado en el Distrito Este de Virginia, una de las dependencias más prestigiosas del Departamento de Justicia, se aceleró en los días previos a la expiración del plazo de prescripción de cinco años para los hechos atribuidos a Comey. El miércoles anterior, Trump había utilizado su cuenta en Truth Social para presionar explícitamente a la fiscal Bondi, señalando el costo para la reputación del país por la demora en presentar cargos contra Comey y otros enemigos políticos.
La situación en la fiscalía se volvió tensa tras la renuncia de Erik Siebert, entonces jefe de fiscales, quien había resistido la presión para procesar no solo a Comey, sino también a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un caso de presunto fraude hipotecario. El vacío fue cubierto con la nominación de Lindsey Halligan, antigua asesora de la Casa Blanca y abogada personal de Trump, pese a su escasa experiencia en procesos federales de gran envergadura. Fue Halligan quien presentó el caso ante el gran jurado, dando curso a la acusación contra reloj y a pesar de las reservas expresadas internamente en la oficina sobre la viabilidad jurídica del caso.
La acusación formal, de dos cargos, señala que Comey habría faltado a la verdad en su testimonio ante el Congreso el 30 de septiembre de 2020, cuando respondió sobre asuntos relacionados a la supervisión y manejo de información confidencial durante la investigación rusa. El abogado de Comey no realizó comentarios inmediatos tras conocerse la noticia.
El trasfondo de la acusación refleja años de enfrentamientos abiertos entre Trump y Comey. Tras la llegada del gobierno republicano, la relación se deterioró todavía más cuando el presidente solicitó en una cena privada la “lealtad personal” del director del FBI, una petición documentada por el propio Comey en un memorando. Trump cesó a Comey en mayo de 2017, acción que posteriormente fue incluida en el informe del fiscal especial Robert Mueller como posible obstrucción a la justicia.
Después de su destitución, Comey autorizó a un allegado a compartir con la prensa detalles de un memorando en el que documentaba una solicitud de Trump para cerrar una investigación sobre su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Aquella acción llevó a que Trump lo tildara de “filtrador” y, en reiteradas ocasiones, de traidor.

Si bien el Departamento de Justicia originalmente decidió no perseguir penalmente a Comey por el manejo de los memorandos, el inspector general emitió en 2019 un duro informe señalando que Comey incumplió políticas internas al conservar y divulgar esos documentos sin autorización.
En el contexto más reciente, el Departamento de Justicia decidió también despedir a la hija de Comey, Maurene Comey, de su puesto como fiscal, y ella ha demandado alegando que su destitución respondió a motivaciones políticas.
El caso presentado no está directamente vinculado con el fondo de la investigación sobre la injerencia electoral rusa, sino que focaliza en presuntas declaraciones falsas hechas por Comey ante el Congreso. La medida llega mientras la administración Trump intensifica sus esfuerzos por reinterpretar la investigación original sobre Rusia como parte de un complot iniciado bajo la presidencia de Barack Obama para desacreditar la victoria electoral republicana. Bajo la supervisión de funcionarios como John Ratcliffe y Tulsi Gabbard, también se han desclasificado documentos con el objetivo de restar credibilidad a la evaluación de inteligencia publicada en enero de 2017, la cual sostenía que Moscú intervino activamente en los comicios estadounidenses.
(Con información de AFP y AP)