Truenan contra "peligrosa" decisión del Supremo que permite arrestos migratorios con base en perfil racial

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NUEVA YORK – Múltiples organizaciones que defienden los derechos de los migrantes y otras partes interesadas, algunas de las que tienen presencia en Puerto Rico, tronaron contra la decisión de la Corte Suprema que facilita que se realicen arrestos migratorios en Los Ángeles, California, con base en perfil racial o sin causa razonable.

En una decisión 6 a 3 este lunes, la mayoría de jueces favoreció a la Administración Trump, luego de que el Gobierno le solicitara al máximo foro que interviniera con urgencia.

La determinación detiene, temporalmente, la orden de una jueza federal de distrito que impedía a agencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) proceder bajo perfil racial al aplicar la ley migratoria en esa demarcación.

En julio, la jueza de California, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, había impuesto límites al proceder de los agentes por entender que el gobierno federal pudo haber violado la Cuarta Enmienda de la Constitución al realizar los arrestos.

La mayoría de la Corte Suprema no explicó por qué bloqueó la orden de Ewusi-Mensah Frimpong.

La minoría que emitió el voto disidente por escrito indicó que, con la decisión, todos los latinos, con ciudadanía o sin ciudadanía estadounidense, están expuestos a ser detenidos en cualquier momento.

“Todos los latinos, ciudadanos estadounidenses o no, que trabajan en empleos de bajos salarios son blanco fácil de ser detenidos en cualquier momento, retirados de sus trabajos y retenidos hasta que presenten pruebas de su estatus legal a satisfacción de los agentes”, expusieron.

Uno de los votos disidentes provino de la jueza de origen boricua, Sonia Sotomayor, quien señaló por escrito que el Gobierno está violando derechos constitucionales.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado”, afirmó.

Añadió: “En lugar de quedarme de brazos cruzados mientras se pierden nuestras libertades constitucionales, disiento”.

Para la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la decisión es un ataque contra cada persona en cada ciudad de este país por su color de piel, acento, idioma y lugar de trabajo.

“Quiero que toda la nación me escuche cuando digo que esto no es solo un ataque contra la gente de Los Ángeles, es un ataque contra cada persona en cada ciudad de este país. El fallo de hoy (lunes) no solo es peligroso, sino antiestadounidense y amenaza la esencia de la libertad personal en los Estados Unidos de América”, indicó la funcionaria en declaraciones escritas.

“El Tribunal Supremo del país dictaminó que la Casa Blanca y agentes federales enmascarados pueden discriminar racialmente a los angelinos sin el debido proceso, secuestrarlos en la calle sin pruebas ni orden judicial, y llevárselos sin explicación alguna. Esta decisión provocará la separación de más familias trabajadoras y el temor a las mismas instituciones que se supone que deben proteger, no perseguir, a nuestra gente”, continuó.

Bass añadió que exigió a todos los departamentos que refuercen los protocolos y la capacitación acorde con la ley municipal que prohíbe el uso de recursos municipales en la aplicación de las leyes migratorias.

Adicional, estableció un grupo de trabajo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Asuntos Inmigratorios de la Alcaldía, organizaciones de derechos de los inmigrantes y líderes comunitarios para recopilar información y elaborar directrices adicionales sobre cómo deben responder los agentes locales a las actividades de control migratorio.

El gobierno municipal además solicitará al gobierno federal registros clave relacionados con las redadas.

El senador demócrata de California, Alex Padilla, catalogó de “radical” el fallo del alto foro.

“La propia Administración lo ha dicho: están deteniendo a personas simplemente por su apariencia de inmigrantes, por el idioma que hablan o por su lugar de trabajo. La radical decisión de la Corte Suprema pisotea nuestra Constitución y permite que la discriminación racial continúe sin explicación”, indicó el miembro de mayor rango del subcomité judicial de inmigración.

Padilla argumentó que la decisión expone a ciudadanos estadounidenses a detenciones injustificadas.

“Trump no solo ataca a delincuentes violentos; está deteniendo indiscriminadamente a personas trabajadoras, incluidos ciudadanos estadounidenses. Y está sembrando el miedo y dañando nuestra economía en el proceso. Esta no es la última palabra. Aún hay tiempo para que los tribunales detengan esta política descaradamente racista que amenaza las libertades fundamentales de los estadounidenses y los inmigrantes por igual”, puntualizó.

El director del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Adriano Espaillat, tildó la movida como un retroceso histórico.

“Esta vergonzosa decisión es un retroceso a la peor versión de la Corte Suprema: los Casos Insulares, Dred Scott, Plessy vs. Ferguson”, expuso el representante de Nueva York.

De paso, resaltó que la decisión del Supremo no sería el fin del caso.

“La idea de que una persona pueda ser acosada y potencialmente encarcelada por su apariencia, acento o empleo sienta un precedente increíblemente peligroso. Que un juez minimice el impacto constitucional de la discriminación étnica en detención, calificándolo de ‘sentido común’, es especialmente escalofriante. Esta no es una decisión definitiva sobre el caso. El 24 de septiembre, el tribunal federal de distrito escuchará los argumentos para detener nuevamente las prácticas ilegales del Gobierno. Seguiremos exigiendo cuentas a la Corte Suprema y nos aseguraremos de que conozca las consecuencias históricas de sus acciones”, anticipó.

George Galvis, director ejecutivo de Communities United for Restorative Youth Justice (CURYJ) en Oakland, consideró que el dictamen convertirá a los vecindarios en “terrenos de caza”.

“La decisión de la Corte Suprema, que permite a la administración Trump reanudar las redadas migratorias por motivos raciales en Los Ángeles, convierte nuestros vecindarios en terrenos de caza donde agentes enmascarados con armas militares pueden secuestrar a personas únicamente por el color de su piel o su acento”, cuestionó el activista.

A juicio de Galvis, al anular las protecciones de tribunales inferiores contra la discriminación racial, “la mayoría extremista de la corte ha dado permiso a los agentes federales para secuestrar a cualquiera que parezca latino, hable español o tenga un trabajo honesto para mantener a su familia”.

El portavoz prevé que la resolución resultará en una mayor erosión de la confianza pública en las fuerzas del orden y en el encarcelamiento o la deportación de más personas de color, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

“La ‘Operación en General’ de ICE ya ha aterrorizado a nuestras comunidades: los agentes están lanzando gases lacrimógenos a multitudes, derribando a trabajadores sin hacer preguntas y deteniendo a ciudadanos estadounidenses indefinidamente simplemente porque no recuerdan en qué hospital nacieron. Los niños ya tienen miedo de ir a la escuela. Los trabajadores tienen miedo de presentarse a sus trabajos. Ciudadanos estadounidenses Se les obliga a portar documentación que acredite su legitimidad. Esta decisión sembrará el miedo como un reguero de pólvora en nuestras comunidades”, alertó.

Desde Nueva York, Murad Awawdeh, presidente y CEO de New York Immigration Coalition, planteó que, con la acción judicial, la Corte Suprema le dio a ICE luz verde para perfilar racialmente a inmigrantes en ciudades en las que habitan mayoritariamente comunidades de color.

“Este fallo amenaza con desestabilizar a las familias, sembrar el miedo en las comunidades inmigrantes y normalizar prácticas policiales inconstitucionales que atacan a las personas simplemente por su apariencia, lugar de residencia o idioma. Todas las familias negras y latinas ahora enfrentan acoso injustificado por parte de agentes del ICE en las calles, ya sea en California o Nueva York. Todas las familias en estas comunidades viven con un miedo intenso, sin saber si sus seres queridos regresarán a casa sanos y salvos o si sobrevivirán el día, simplemente por existir. Los padres pueden temer llevar a sus hijos a la escuela, los trabajadores pueden evitar ir a sus trabajos y las personas pueden evitar buscar servicios esenciales, como la atención médica. Esta decisión socava el estado de derecho y las protecciones constitucionales de nuestra democracia”, anticipó.

Por su parte, Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), consideró que el fallo afecta la reputación del alto foro.

“Podemos y debemos esperar mucho más de nuestros jueces de la Corte Suprema de lo que hicieron esta mañana. La reputación y la legitimidad de la Corte sufrieron hoy un duro golpe autoinfligido”, compartió.

Sáenz hizo particular énfasis en la opinión del juez asociado Brett Kavanaugh por entender que es “escandalosa” e “impropia” de cualquier jurista comprometido con la Constitución.

“En primer lugar, su opinión se basa en suposiciones y estereotipos burdos e infundados sobre los indocumentados; ninguna suspensión de una orden que exige el cumplimiento de la Constitución debería basarse en tal falta de pruebas. En segundo lugar, ignora por completo el hecho demográfico crucial de que millones de ciudadanos y residentes legales de la comunidad de Los Ángeles también son latinos y hablan español. En efecto, Kavanaugh sacrifica los derechos de todos los latinos al falso ídolo trumpista de la aplicación irrestricta de la ley migratoria. En tercer lugar, ignora otros contextos demostrados y críticos, como el hecho de que muchos de quienes detenían e interrogaban a las personas iban en vehículos sin identificación, enmascarados y vestidos de civil. Esta es una consideración relevante sobre cómo estas actividades, incluidos los estereotipos raciales y lingüísticos, se llevan a cabo de forma ilegal y peligrosa”, abundó el líder.

Sáenz además rechazó que la decisión promueva menor uso excesivo de la fuerza.

“Finalmente, si bien deja claro que el uso excesivo de la fuerza es motivo de preocupación, afirma que la aplicación de esa prohibición constitucional específica la evitará de alguna manera. Eso es absurdo. La decisión catalizará una actividad que conducirá a violaciones generalizadas de derechos constitucionales claros, incluida la prohibición del uso indebido de la fuerza”, puntualizó.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, entiende que el fallo ampliará la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden.

“La decisión de la Corte Suprema de que la etnicidad puede utilizarse como un ‘factor relevante’ al considerar una sospecha razonable para las detenciones migratorias conducirá a una expansión radical de la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden, un aumento de las violaciones de los derechos civiles y pondrá en peligro la seguridad de la comunidad. En la práctica, los agentes de inmigración utilizarán esta decisión como excusa para detener a personas únicamente por su etnicidad, independientemente de los matices establecidos por la Corte”, estimó.

Miranda emplazó a los líderes del Congreso a que se pongan las pilas y aprueben legislación contra las tácticas de aplicación de la ley que discriminan racialmente.

“Si bien esta orden no es la última palabra en el caso, que permanece ante un tribunal federal de apelaciones y podría llegar a los jueces nuevamente coincidimos profundamente con la jueza Sonia Sotomayor, quien escribió en su opinión discrepante que ‘no deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado’”, secundó.

Para Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), la sentencia le da amplio campo de acción a los agentes migratorios para intervenir con las personas.

“La orden del Tribunal Supremo pone a la gente en grave riesgo, permitiendo a los agentes federales en el sur de California a atacar a individuos por su raza, cómo hablan, los trabajos que tienen o simplemente por estar en una parada de autobús o en un carwash cuando los agentes de ICE deciden hacer una redada. Para cualquier persona que sea percibida como latina por un agente de ICE, esto significa vivir bajo un régimen de miedo de ‘muéstreme sus papeles’, con los riesgos de arrestos violentos y detenciones por parte de ICE.

Wang, quien catalogó la determinación de “indignante”, cuestionó la falta de justificación de la mayoría para suspendre las bien razonadas opiniones de los tribunales federales inferiores.

“Seguiremos luchando en este caso y en otros por nuestro derecho fundamental a vivir nuestras vidas sin ser atacados por agentes del gobierno basándose en perfiles raciales”, agregó.

Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, enfatizó en la inconstitucionalidad del dictamen.

“La orden injustificada de una mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos no elimina la realidad inconstitucional que describe este tipo de intervenciones y detenciones de parte de agentes del ICE. En Puerto Rico, el público debe tener la certeza de que, cualquier intervención de agentes del ICE basada en los elementos que describe la orden del Supremo, es ilegal y contraria a los derechos constitucionales, civiles y humanos de las personas. Desde la ACLU, vamos a combatir esta determinación y seguiremos atentos a las acciones del ICE en el archipiélago”, avisó.

“Hacemos un llamado a la gobernadora Jenniffer González Colón, a las autoridades estatales y las autoridades municipales, a condenar este tipo de intervenciones y cualquier otra de carácter ilegal, que no solo pone en peligro a la comunidad de inmigrantes que reside en el archipiélago, sino a todas las personas puertorriqueñas que residen aquí y en cualquier parte de Estados Unidos. La indignación y el repudio debe ser colectivo y contundente. El momento es crítico y urge la defensa masiva de los derechos y protecciones constitucionales”, concluyó Arraiza Navas.

En respuesta a la avalancha de críticas y cuestionamientos a la decisión de la Corte Suprema, la Administración Trump negó este martes que los agentes migratorios arresten a personas con base en perfil racial, al tiempo que aseguró que se consideran “muchos factores” antes de realizar una detención.

“Los agentes de ICE no utilizan el perfil racial. La ley establece que para arrestar a alguien se necesita una sospecha razonable, y eso es exactamente lo que hacen los hombres y mujeres de ICE”, dijo Homan desde la Casa Blanca a miembros de la prensa.

Agregó que los agentes reciben entrenamiento cada seis meses para evitar procesamientos arbitrarios.