
La Corte Suprema de Wisconsin anuló la prohibición del aborto de 1849, una ley que había permanecido latente durante décadas y que, tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, había sumido a Wisconsin en una profunda incertidumbre jurídica.
Por una ajustada mayoría de 4-3, el máximo tribunal estatal emitió un fallo el 2 de julio de 2025 que reconfigura el panorama de los derechos reproductivos en el estado y resuena en todo Estados Unidos.
Según informó Forbes México, la decisión garantiza el acceso al aborto hasta la viabilidad fetal, aproximadamente entre las 20 y 21 semanas de gestación, y pone fin a una era de ambigüedad legal que afectó a miles de mujeres y a los proveedores de servicios de salud.
El fallo, redactado por la jueza Rebecca Dallet y respaldado por la mayoría liberal de la corte, se apoya en la existencia de un marco regulatorio moderno que, según la opinión mayoritaria, reemplazó de facto la antigua prohibición. La información, publicada por Governing.com, señala que este hito legal no solo restablece el acceso al aborto en Wisconsin, sino que también refleja la polarización política y social que caracteriza el debate sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos.

La decisión de la Corte Suprema de Wisconsin se fundamenta en la doctrina de la derogación implícita. La jueza Rebecca Dallet, autora de la opinión mayoritaria, argumentó que la legislación promulgada en las últimas cinco décadas, en particular la Ley de Viabilidad de 1985, constituye un marco regulatorio integral que regula en detalle el acceso al aborto.
Dallet sostuvo que estas leyes modernas, que establecen excepciones, plazos y requisitos específicos, “cubren tan exhaustivamente el tema del aborto que claramente pretendían sustituir la prohibición casi total del siglo XIX”, según el texto citado por Governing.com. La corte concluyó que reactivar la ley de 1849 haría “inexplicable e inoperable” medio siglo de acción legislativa.
La decisión no estuvo exenta de controversia. Los tres jueces conservadores del tribunal emitieron opiniones disidentes. Annette Ziegler calificó el fallo como un “ejercicio asombroso de voluntad judicial” y acusó a la mayoría de “subvertir los roles constitucionales de las ramas de gobierno”, según recogió Wisconsin Politics.
Brian Hagedorn cuestionó la falta de claridad sobre el momento exacto en que la ley de 1849 habría sido derogada, mientras que Rebecca Bradley denunció que la decisión respondía a “promesas políticas” realizadas durante la campaña electoral de la jueza Janet Protasiewicz, quien había manifestado abiertamente su apoyo al derecho al aborto.

La prohibición del aborto en Wisconsin se remonta a 1849, apenas un año después de que el territorio se convirtiera en estado. Esta ley catalogaba como delito grave “destruir intencionalmente la vida de un niño no nacido” por cualquier persona que no fuera la madre, basándose en la llamada "doctrina de la aceleración“, que criminalizaba el aborto solo después de que la mujer percibiera el movimiento fetal, aproximadamente a mitad del embarazo.
Según documentos legislativos analizados por Wisconsin Public Radio, la norma permaneció inactiva durante los 50 años en que Roe v. Wade garantizó el derecho constitucional al aborto.
La situación cambió drásticamente en 2022, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó Roe v. Wade mediante el fallo Dobbs v. Jackson. A partir de ese momento, legisladores republicanos en Wisconsin sostuvieron que la prohibición de 1849 recuperaba vigencia automática, mientras que activistas la denominaron "ley zombi" por su repentina resurrección jurídica.
Entre 1973 y 2022, la Legislatura estatal había aprobado una serie de restricciones al aborto, incluyendo la Ley de Viabilidad de 1985, que permitía abortos hasta que el feto pudiera sobrevivir fuera del útero con asistencia médica, y la prohibición de abortos después de las 20 semanas, promulgada en 2015 bajo el gobierno de Scott Walker. Estas regulaciones, según destacó Mother Jones, demostraban que el estado reconocía el aborto como una práctica legal bajo ciertas condiciones, en aparente contradicción con la vigencia de la ley de 1849.

El conflicto legal se intensificó en junio de 2022, cuando el fiscal general demócrata Josh Kaul presentó una demanda contra tres fiscales republicanos, entre ellos Joel Urmanski de Sheboygan.
Kaul argumentó que la ley de 1849 era “demasiado antigua para aplicarse” y que había sido sustituida por el régimen regulatorio moderno. Según Wisconsin Politics, la demanda cobró urgencia cuando Planned Parenthood suspendió los servicios abortivos en todo el estado, lo que generó un “caos en la atención reproductiva”.
En diciembre de 2023, la jueza del condado de Dane, Diane Schlipper, dictaminó que la ley de 1849 solo prohibía el feticidio, es decir, la destrucción no consentida de un feto, como en casos de agresión a embarazadas, y no los abortos consensuados. “La redacción de ‘persona distinta a la madre’ indica que el estatuto no se aplica cuando la gestante consiente el procedimiento”, explicó Schlipper en su fallo, citado por Wisconsin Public Radio. Esta interpretación permitió a Planned Parenthood reanudar los abortos en Milwaukee y Madison, aunque la incertidumbre jurídica persistía.
El fiscal Urmanski apeló directamente a la Corte Suprema de Wisconsin, evitando los tribunales intermedios. El caso se convirtió en un referéndum sobre el equilibrio ideológico del tribunal, que había cambiado en 2023 con la elección de Janet Protasiewicz, quien apoyó abiertamente el derecho al aborto durante su campaña. Según Fox News, la contienda judicial de 2023 atrajo 45 millones de dólares, convirtiéndose en la más costosa en la historia de Estados Unidos hasta ese momento.

El fallo de la Corte Suprema de Wisconsin garantiza la continuidad de los servicios abortivos bajo el marco regulatorio existente. Los abortos son legales hasta la viabilidad fetal, que se sitúa en torno a las 20 o 21 semanas de gestación, conforme al estándar establecido en 1985. Persisten, no obstante, varias restricciones: las pacientes deben someterse a una ecografía obligatoria, cumplir con un periodo de espera de 24 horas y no pueden acceder a abortos después de las 20 semanas, salvo excepciones específicas.
Michelle Velásquez, representante de Planned Parenthood Wisconsin, confirmó a Spectrum News 1 que las clínicas de Milwaukee, Madison y Sheboygan continuarán ofreciendo servicios, aunque lamentó que la corte desestimara una demanda paralela que buscaba reconocer el aborto como un derecho constitucional en el estado. “Seguiremos aquí para quienes nos necesiten”, afirmó Velásquez, en declaraciones recogidas por el medio.

La decisión de la Corte Suprema de Wisconsin generó reacciones inmediatas en el ámbito político y social. El gobernador Tony Evers, del Partido Demócrata, celebró el fallo con un mensaje contundente: “La libertad gana. La igualdad gana. La salud de las mujeres gana”, según un comunicado difundido tras conocerse la sentencia. Evers calificó la decisión como un "triunfo monumental" para los derechos reproductivos en el estado.
Por su parte, legisladores republicanos, incluido el exgobernador Scott Walker, advirtieron que “sin la ley de 2015 que firmé, no habría protecciones para los no nacidos”. Organizaciones como Wisconsin Right to Life condenaron el fallo, calificándolo de “decepción que pone vidas en riesgo”, mientras que grupos pro-elección organizaron vigilias de celebración en distintas ciudades del estado.
Planned Parenthood, principal proveedor de servicios de aborto en Wisconsin, expresó su satisfacción por la decisión, aunque subrayó que la lucha por el reconocimiento constitucional del derecho al aborto continúa. Activistas de ambos bandos anunciaron que mantendrán la movilización social y legal en los próximos meses.

La anulación de la prohibición de 1849 sitúa a Wisconsin como el tercer estado del Medio Oeste, junto a Michigan y Minnesota, en proteger el acceso al aborto a través de sus tribunales tras el fallo Dobbs. Según ABC News, esto crea un "corredor de acceso" en la región, en contraste con las prohibiciones totales vigentes en estados vecinos como Iowa. La decisión subraya el papel crucial de las cortes supremas estatales en la definición de los derechos reproductivos tras la desaparición del precedente federal de Roe v. Wade.
El futuro del acceso al aborto en Wisconsin, sin embargo, permanece sujeto a desafíos legales y políticos. Planned Parenthood mantiene una demanda pendiente que busca establecer el aborto como un derecho constitucional en la constitución estatal. La jueza Janet Protasiewicz se ha recusado de este caso, pero la reciente elección de Susan Crawford en abril de 2025 asegura la mayoría liberal en la corte hasta 2028, lo que podría ser decisivo en futuros fallos.
Además, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) preparan desafíos legales contra la prohibición de abortos después de las 20 semanas y los requisitos de espera, que el fiscal general Kaul considera “barreras innecesarias” para el acceso a la atención médica.
El fallo de la Corte Suprema de Wisconsin no establece un derecho absoluto al aborto, sino que devuelve al estado al marco regulatorio previo a Dobbs, con restricciones significativas y un acceso condicionado por la viabilidad fetal y otras limitaciones legales.
La permanencia de este régimen dependerá de la composición futura de la corte y de la capacidad de la legislatura estatal para codificar o modificar las protecciones existentes, según advirtió The Washington Post.