Tres años de cárcel para quien cometa “stealthing”, la propuesta en el Congreso de Edomex

Congreso del Estado de México planea imponer hasta 3 años de prisión a quien cometa “stealthing”. (Foto: Congreso Edomex)

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), liderado por Omar Ortega Álvarez, ha planteado la urgencia de revisar el Código Penal del Estado de México para incluir sanciones explícitas contra el llamado “stealthing”, es decir, la retirada del preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la pareja.

De acuerdo con la iniciativa, presentada el día lunes 17 de noviembre de 2025, esta conducta constituye una vulneración directa de la autonomía y dignidad de la persona afectada, por lo que debería considerarse como una forma agravada de violencia sexual.

De prosperar la reforma legislativa, la pena propuesta para quien incurra en esta práctica incluiría hasta tres años de prisión. El texto presentado en el Congreso del Estado de México identifica como violación adyacente no solo el retiro del preservativo, sino también cualquier alteración deliberada del método anticonceptivo, como perforarlo, cuando esa manipulación busque anular su función protectora. En este último supuesto, el castigo iría de uno a dos años de cárcel y entre 100 y 300 días de multa.

En situaciones donde se agraven las consecuencias, por ejemplo, si la víctima resulta embarazada, contrae alguna infección de transmisión sexual o padece afectaciones psicológicas derivadas del incidente, el castigo contemplaría un incremento de hasta la mitad sobre la sanción original.

El grupo legislativo subrayó, en el documento presentado, que las denuncias de “stealthing” frecuentemente encuentran trabas en el sistema judicial, ya que los delitos de violación o abuso sexual establecidos actualmente no abarcan adecuadamente las circunstancias específicas de estos hechos.

El planteamiento resalta la importancia de reconocer legalmente todas las formas de violencia sexual, insistiendo en que es indispensable tipificar como delito aquellas acciones que vulneran el derecho de las personas a decidir libremente sobre su sexualidad, y asegurar castigos proporcionales.

Desde la óptica del PRD, la penalización del stealthing no busca estigmatizar las relaciones sexuales voluntarias, sino dar respaldo legal al principio de que el consentimiento debe ser “dinámico, informado y condicionado”.

Cualquier cambio en los términos previamente acordados, como la manipulación del preservativo, requiere la aprobación consciente de ambas partes, enfatiza el proyecto legislativo.

El reciente cierre de más de doscientos pozos durante la denominada Operación Caudal en Estado de México intensificó el desabasto de agua y generó protestas, escasez y compras de pánico, así lo recordó la diputada Ruth Salinas Reyes tras compartir una propuesta que podría beneficiar a miles de mexiquenses.

Destacó que esta situación empujó a muchas familias a depender de servicios privados, una alternativa que, en ocasiones, las obligó a desembolsar más de tres mil pesos por el suministro de una pipa, monto que representa una carga significativa para cubrir necesidades elementales.

Frente a este escenario, Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso una iniciativa orientada a asegurar compensaciones económicas para los consumidores de agua potable cuando la interrupción o disminución del servicio ocurra por causas ajenas a su voluntad.

La legisladora explicó que la propuesta plantea reformas tanto a la Ley del Agua como al Código Financiero del estado y sus municipios, con el fin de concretar el acceso efectivo al derecho humano al agua, aquel que resulta imprescindible para la salud, la higiene y el desarrollo cotidiano de las familias.

La iniciativa establece que quienes estén al corriente en sus pagos y sean afectados por la suspensión, limitación, escasez o reparaciones en la infraestructura hidráulica fuera de sus domicilios tendrán derecho a recibir una compensación.

El monto estará determinado de acuerdo con el periodo en que se haya restringido el servicio y se aplicará como descuento en las cuotas inmediatas tras el restablecimiento de la prestación.

Según la propuesta, solo tendrán acceso al beneficio compensatorio quienes no tengan deudas en el pago del servicio, y los casos podrán incluir tanto la escasez como las emergencias derivadas de fallos en la infraestructura gestionada por terceros o por las autoridades.