
Los fiscales taiwaneses acusaron este martes a cuatro personas, incluido un ex funcionario de la oficina del presidente Lai Ching-te, por violaciones a la seguridad nacional tras supuestamente espiar para China.
Los cuatro acusados se encontraban entre cinco personas expulsadas del Partido Democrático Progresista (PDP) gobernante de Lai —que aboga por la soberanía de Taiwán— el mes pasado por sospecha de espionaje. La quinta persona aún permanece bajo investigación, informó un fiscal a la AFP.
China reclama la isla democrática y autogobernada de Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para anexarla. Taipéi acusa a Beijing de utilizar el espionaje y la infiltración para debilitar sus defensas.
Los cuatro individuos han sido acusados de violar la Ley de Protección de Información Clasificada de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Nacional tras supuestamente compartir secretos de Estado con China, según declaró en un comunicado la Fiscalía del Distrito de Taipéi. Otras presuntas infracciones incluyen lavado de dinero.
El espionaje ocurrió durante un “tiempo prolongado”, incluyó el intercambio de “información diplomática importante y sensible” y causó “daño significativo a la seguridad nacional”, señalaron los fiscales.
Los fiscales buscan sentencias de prisión que van desde cinco hasta más de 18 años, y la confiscación de más de 8.3 millones de dólares taiwaneses (277.000 dólares estadounidenses) en ganancias ilícitas.
La sentencia más severa es para un acusado de apellido Huang, quien supuestamente transmitió información a China “a través de una aplicación de mensajería específica”. Huang trabajó previamente para un concejal de la ciudad de Nueva Taipéi, según reportó la agencia semi-oficial Central News Agency (CNA).
Entre los otros acusados se encuentra una persona de apellido Ho, quien según CNA es un ex asistente del jefe del Consejo de Seguridad Nacional Joseph Wu cuando era ministro de Relaciones Exteriores.

Huang y Ho han negado las acusaciones en su contra, dijeron los fiscales. Los otros dos acusados, incluida la persona que trabajó para Lai cuando era vicepresidente y luego presidente, han confesado.
Beijing y Taipéi han estado espiándose mutuamente durante décadas, pero los expertos dicen que la amenaza para Taiwán es mayor dado el riesgo de una invasión china.
La Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán informó previamente que 64 personas fueron procesadas por espionaje chino el año pasado, comparado con 48 en 2023 y 10 en 2022. En 2024, incluyeron 15 veteranos y 28 miembros en servicio activo, con sentencias de prisión que alcanzaron hasta 20 años.
Este caso se suma a una serie de condenas recientes por espionaje que han sacudido al establishment de seguridad taiwanés. En marzo, un tribunal de Taiwán condenó a cuatro soldados, tres de ellos ex integrantes del equipo de seguridad presidencial, a penas de entre cinco años y diez meses y siete años de prisión por espionaje a favor de China.

Los soldados fueron hallados culpables de violar la ley de seguridad nacional al filtrar durante varios meses, entre 2022 y 2024, información militar confidencial a agentes de inteligencia del régimen chino. Recibieron pagos que oscilaban entre 7.850 y 20.000 dólares estadounidenses a cambio de fotografiar información sensible.
En abril, el Tribunal Superior de Taiwán impuso una de las penas más severas por espionaje militar, condenando a una pareja de la Fuerza Aérea a 47 y 57 años de prisión por transmitir información militar clasificada a los organismos de inteligencia chinos.
A principios de marzo, el presidente taiwanés Lai Ching-te declaró a China como una “potencia extranjera hostil” y anunció nuevas medidas para enfrentar sus acciones, incluyendo el restablecimiento de tribunales militares para juzgar delitos como el espionaje.
Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de República de China, con fuerzas armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China. Sin embargo, Beijing considera a la isla como una “parte inalienable” de su territorio y ha redoblado su campaña de presión para concretar la “reunificación nacional”.