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hace 21 horas
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Con un déficit histórico para el año fiscal 2025-2026, la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava navega aguas turbulentas para equilibrar las finanzas, y en la búsqueda de recursos económicos la edil también propuso establecer una tarifa por estacionamiento de vehículos en los parques del condado. La medida no encontró respaldo y fue retirada de las negociaciones con los comisionados.
Grito de alarma
William McAllister, presidente del sindicato Metro-Dade Firefighters Local 1403, emitió a pedido de DIARIO LAS AMÉRICAS una declaración en la que calificó el presupuesto planteado como una “promesa rota y una violación de la confianza pública”.
El conflicto surge de la decisión de desviar fondos del Distrito de Bomberos para pagar los costos del servicio de Rescate Aéreo, pero también la deuda contraída por la compra de helicópteros, gastos que por más de 40 años se cubrieron con el Fondo General del Condado.
McAllister denunció que esta medida obligaría a las familias trabajadoras a subsidiar a municipios más ricos, entre los que citó a Miami Beach, Hialeah, Coral Gables y Key Biscayne, que reciben el servicio sin aportar financieramente, según el líder sindical.
El impacto de esta decisión advirtió, “es directo y peligroso”. “Cada dólar que se le quita al Distrito de Bomberos es un dólar que no se invierte en camiones de bomberos, unidades de rescate y equipos que necesitamos con urgencia”, subrayó McAllister.
El informe de necesidades del MDFR confirmaría esta urgencia: al departamento le faltan 24 unidades de supresión de incendios (conjunto de vehículo, equipo y personal), nueve unidades de rescate, un jefe de batallón y hasta un bote contra incendios para la zona sur del condado.
Esta carencia ya tendría consecuencias medibles. El tiempo de respuesta promedio del MDFR en 2024 fue de 9.15 minutos, una cifra que excede los estándares óptimos de seguridad.
Para los bomberos, “cada segundo cuenta” y el proyecto de presupuesto que debaten la alcaldesa y los 13 comisionados condales “debilita” su “capacidad operativa”.
Según McAllister, “la solución es sencilla: restituir los fondos al Fondo General del Condado, devolver el dinero que se quitó el año pasado y proteger los ingresos destinados a bomberos y rescate para el propósito que les corresponde: mantener a salvo a nuestra comunidad”.
A su juicio, “la seguridad pública no es una partida contable. Es una promesa que no podemos darnos el lujo de romper”.
Tarifas de estacionamiento
Otra de las medidas más polémicas del plan presupuestario original de la alcaldesa fue la propuesta de establecer una tarifa de cinco dólares por estacionamiento en parques emblemáticos como el Tropical Park.
La iniciativa, que buscaba generar unos 3.6 millones de dólares anuales para aliviar el déficit, provocó un fuerte y unificado rechazo tanto de los residentes como de líderes políticos, que vieron la medida como un impuesto al acceso a espacios comunitarios esenciales.
La resistencia ciudadana se organizó rápidamente a través de peticiones en línea y campañas en redes sociales, con un mensaje claro: los parques, ya financiados con los impuestos a la propiedad, debían permanecer gratuitos y accesibles para todas las familias, sin importar su nivel de ingresos.
La oposición encontró en el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, a uno de sus principales defensores. El comisionado, cuyo distrito incluye el Tropical Park, se opuso categóricamente a la medida desde el primer momento.
La alcaldesa Levine Cava no tuvo otro camino que ceder ante la presión y anunció la eliminación total de la tarifa de parqueo. Como parte de una actualización presupuestaria que inyectó 66 millones de dólares para restaurar servicios, se destinaron específicamente 5.6 millones para los parques.
“Los residentes nos pidieron que protegiéramos los parques y los servicios esenciales, y los escuchamos”, declaró la alcaldesa. Así, la movilización ciudadana y la presión política lograron preservar el acceso gratuito, en una victoria significativa para la comunidad en medio de la dura crisis fiscal.
Voces de la Comisión
En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, aseguró que, además de oponerse a nuevas cargas impositivas como la tarifa de parqueo en parques, está enfocado en encontrar ahorros internos.
“Hay que mirar todos los contratos que existen en el Condado. Por ejemplo, si por vasos plásticos de agua nos estamos gastando un dólar por cada uno, vamos a ver si los podemos conseguir por 50 centavos”, explicó, y señaló la necesidad de renegociar algunos contratos para adquirir mejores precios.
Frente a la auditoría estatal iniciada por el gobernador Ron DeSantis, Rodríguez dijo ver la intervención como una “oportunidad”. “Creo que es algo bueno tener otro set de ojos mirando a ver cómo podemos ahorrar dinero”, manifestó.
El descontento dentro de la Comisión condal es palpable. El comisionado por el Distrito 13, René García, quien el martes 26 sostuvo una reunión comunitaria para escuchar directamente los planteamientos de los residentes sobre el presupuesto, atribuyó la crisis a una mala gestión fiscal.
García afirmó en entrevista como nuestro matutino que no se trata de corrupción, sino de “ineficiencia”. “Llevo años pidiendo un presupuesto detallado, línea por línea, como se hace en Tallahassee, no uno generalizado. Es importante que los residentes sepan dónde se utilizan los dineros”, sostuvo.
Para el comisionado, el Condado no puede seguir aplicando soluciones temporales. “No podemos decir ‘vamos a hacer esto este año y para el año que viene a ver qué pasa’. No, tenemos que tomar una solución a largo plazo”, subrayó.
Medios en la mirilla
En medio de la búsqueda exhaustiva de fondos para completar un presupuesto de más de 13.000 millones de dólares, la comisionada Raquel Regalado también propuso un recorte en la pauta publicitaria oficial del Condado.
Regalado, quien describió la cifra actual de 14 millones de dólares como "una barbaridad de dinero", justificó su propuesta como un esfuerzo por optimizar recursos. Su plan contempla consolidar la comunicación gubernamental en una sola oficina para controlar gastos y financiar únicamente "las comunicaciones estrictamente necesarias".
Sin embargo, el planteamiento enfrentaría obstáculos, ya que una porción considerable del rubro está destinado a notificaciones legalmente requeridas que deben publicarse en medios de circulación general, y la medida impactaría la salud financiera de los medios locales.
La discusión sobre este recorte evidencia la profundidad de la crisis: cada partida de gasto, sin importar su función, es ahora objeto de un intenso escrutinio.
Laberinto de cifras
En un esfuerzo por calmar las aguas, la alcaldesa Levine Cava anunció que encontró 65.8 millones de dólares en fondos adicionales, provenientes de remanentes de las oficinas constitucionales, la recaudación de impuestos y ajustes departamentales.
Con este dinero, se restauraron parcialmente fondos para la cultura y organizaciones comunitarias, y se eliminó la polémica tarifa de parqueo. Sin embargo, la sombra de nuevos aumentos y la reducción de servicios sigue presente. El plan presupuestario contempla la eliminación de 350 plazas de trabajo, principalmente en áreas administrativas y de parques.
Además, servicios como MetroConnect, un programa de transporte gratuito tipo Uber que beneficia a personas mayores y de bajos recursos con 2.000 viajes diarios, está en la mirilla para ahorrar 11 millones de dólares anuales.
A esto se suma un aumento de 50 centavos en la tarifa del transporte público, que pasaría a costar $2.75 por viaje, y un alza en el impuesto a la gasolina que, aunque reducida, sigue en pie.
Aunque la tasa del impuesto a la propiedad se mantuvo estable, el aumento del 8.5% en el valor de las viviendas significa que los propietarios pagarán más, consolidando una presión fiscal creciente sobre los hogares.
Sombra de Tallahassee
La situación se complica aún más con la auditoría ordenada por el gobernador Ron DeSantis, quien cuestionó cómo el Condado puede reportar un déficit mientras sus ingresos por impuestos a la propiedad han crecido más de 430 millones de dólares.
La auditoría exige detalles sobre gastos en programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y el "Green New Deal", con advertencias de sanciones económicas.
Mientras algunos, como el comisionado Rodríguez, ven la auditoría como una oportunidad, otros la perciben como una “injerencia política” en un momento de alta vulnerabilidad fiscal.
Con la votación final del presupuesto programada para finales de septiembre, la Comisión de Miami-Dade enfrenta una encrucijada que definirá el futuro inmediato del condado.
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