Si recibes una ayuda social nada de conducir un BMW o un Audi: la reforma de movilidad que quiere llevar a cabo Reino Unido

Rachel Reeves, ministra de Hacienda de Reino Unido. (Montaje Infobae)

El Gobierno británico se prepara para introducir restricciones al acceso de vehículos de lujo por parte de beneficiarios de ayudas sociales. Esta medida es unintento de responder a las crecientes críticas sobre el uso de fondos públicos en Motability, un programa destinado a que las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores puedan alquilar un coche, scooter o silla de ruedas eléctrica nuevos. Rachel Reeves, la ministra de Hacienda, planea anunciar este mes una reforma profunda del programa, que actualmente permite arrendar modelos de alta gama como BMW y Audi, con subsidios estatales.

La preocupación central de Reeves radica en que el sistema Motability, diseñado originalmente para facilitar la movilidad, ha evolucionado hasta ofrecer lo que considera “una experiencia automovilística premium subvencionada por el contribuyente”, una opción que permanece fuera del alcance de muchas familias trabajadoras. Según una fuente del Tesoro citada por The Telegraph, la ministra considera que el programa “ha perdido el foco de su propósito original” y ahora proporciona “paquetes de alta gama”. La misma fuente subrayó que Reeves está “totalmente comprometida con garantizar que el esquema beneficie a quienes más lo necesitan”, aunque solo uno de cada diez vehículos entregados bajo Motability está adaptado para necesidades especiales.

El debate sobre Motability se ha intensificado tras revelaciones de que personas con diagnósticos como ansiedad o TDAH han podido acceder a vehículos de lujo a través del programa. Las cifras más recientes indican que alrededor de 50.000 automóviles de alta gama de marcas como BMW, Mercedes-Benz y Audi están actualmente arrendados bajo este esquema. Este aumento coincide con un crecimiento significativo en las solicitudes de ayudas por enfermedad, especialmente por motivos de salud mental, tras la pandemia.

El funcionamiento del programa permite que quienes reciben prestaciones por discapacidad, como el Pago de Independencia Personal (PIP), utilicen estos fondos para arrendar un automóvil nuevo. Aquellos que perciben la tarifa más alta de PIP, equivalente a 187,45 libras esterlinas semanales, pueden autorizar que el Gobierno transfiera directamente el dinero a Motability. A cambio, reciben un paquete integral que incluye seguro para tres conductores, asistencia en carretera nacional e internacional, impuesto de circulación y mantenimiento. Los modelos más económicos no requieren pago inicial, mientras que los más costosos pueden exigir un desembolso de hasta 7.999 libras esterlinas.

El gasto público destinado a Motability ha experimentado un incremento notable. El mes pasado, ministros informaron que las transferencias anuales del Estado al programa aumentaron un 10% interanual, alcanzando los 3.100 millones de libras esterlinas, unos 3.500 en euros. Reeves evalúa la posibilidad de eliminar las exenciones fiscales de las que gozan los vehículos del esquema, como la exención del IVA y del impuesto sobre primas de seguro, con el objetivo de recuperar 1.000 millones de libras esterlinas para las arcas públicas.

A pesar de la firmeza en la intención de reformar el sistema, aún no se han tomado decisiones definitivas. La ministra continúa revisando las opciones antes de la presentación del presupuesto este mes. De implementarse cambios, estos no afectarían los contratos de arrendamiento vigentes, sino que se aplicarían únicamente a los futuros. Los contratos de Motability suelen tener una duración de tres años.

La reforma propuesta también busca reforzar la confianza pública en el sistema de bienestar, que, según Reeves, podría verse erosionada por la polémica en torno a Motability. La ministra pretende demostrar que el Partido Laborista mantiene su compromiso con la reforma del bienestar, a pesar de la resistencia de algunos diputados de su bancada.

Rachel Reeves. (REUTERS/Hannah McKay)

En el contexto de la inminente presentación del presupuesto, el secretario de Estado de Negocios y Comercio, Peter Kyle, defendió la estrategia económica del Gobierno en un artículo para The Telegraph. Kyle aseguró que no habrá un retorno a “la fallida política de austeridad” y criticó los planes de la líder conservadora Kemi Badenoch de recortar el gasto público en 47.000 millones de libras esterlinas. Kyle cuestionó la viabilidad de las propuestas de la oposición, preguntando: “¿Van a someter a comprobación de recursos la pensión estatal y eliminar la triple garantía, algo que han evitado descartar repetidamente? ¿Recortarán la financiación esencial para escuelas, hospitales o la policía? ¿Se endeudarán de manera imprudente como hizo Liz Truss?”.

Kyle destacó que, a pesar de las dificultades económicas heredadas de los gobiernos conservadores, el Reino Unido ha experimentado cinco recortes consecutivos de las tasas de interés, ha sido la economía del G7 de mayor crecimiento en la primera mitad del año y ha asegurado inversiones privadas récord de 120.000 millones de libras esterlinas en 2025, además de 150.000 millones de libras esterlinas adicionales durante la visita de Estado de Estados Unidos. Según Kyle, estos logros, junto con tres acuerdos comerciales importantes con la Unión Europea, India y Estados Unidos, han elevado la confianza empresarial a su nivel más alto en nueve años.

El secretario de Estado subrayó el compromiso del Partido Laborista con el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos, afirmando: “No puede haber un retorno a la fallida política de austeridad implementada por los conservadores que dejó a millones en listas de espera del NHS”, según escribió Peter Kyle en The Telegraph. Añadió que la solución pasa por invertir en el NHS, infraestructuras y defensa para impulsar la economía y crear empleos de calidad.

Kyle concluyó que el Gobierno se mantiene firme en el cumplimiento de sus reglas fiscales, recordando que “el mini-presupuesto del gobierno anterior demostró que son los contribuyentes quienes pagan el precio de un endeudamiento sin respaldo”, según sus declaraciones a The Telegraph.