SEIU en Illinois aprueba resoluciones para que el Congreso le ponga fecha de salida a la Junta en Puerto Rico

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NUEVA YORK – Miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en Illinois aprobaron dos resoluciones en las que piden que se establezca una fecha definitiva para la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) de Puerto Rico.

A la más reciente, se le dio paso el jueves. La matrícula del sindicato, agrupado bajo el Concejo Estatal de SEIU en Illinois, urgió al Congreso federal a que actué para liberar a Puerto Rico de las imposiciones del organismo que opera en la isla desde el 2016.

Legisladores en el Congreso de Estados Unidos fueron los que aprobaron la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica) que a su vez creó la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico para que se encargara de administrar las finanzas del territorio y presentara los planes de reestructuración de la deuda pública.

Prácticamente, 10 años después, Puerto Rico no sale completamente de su deuda, mientras el organismo opera sin la totalidad de sus miembros tras los despidos encaminados por la Administración Trump a principios de agosto.

En el documento firmado por Greg Kelley, presidente del Concejo Estatal de la SEIU en Illinois, el sindicato plantea que la Junta continúa ejerciendo una amplia autoridad sobre las políticas fiscales de la isla, “lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”.

En el texto se argumenta que la operación continua de la Junta sin una fecha de finalización definida representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática.

El mensaje indica que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico merecen los mismos derechos de autogobierno y representación democrática que los que viven en cualquier otra nación.

Para los miembros del sindicato, “las medidas de austeridad impuestas bajo la supervisión de la Junta han socavado gravemente los servicios públicos, particularmente en educación, salud e infraestructura municipal, con consecuencias devastadoras para los más vulnerables”.

En ese contexto, mencionan el caso del principal centro docente o la Universidad de Puerto Rico (UPR), institución a la que se le han impuesto recortes de más del 50%, lo que pone en peligro su misión.

También señalan el impacto que ha tenido en los municipios de la isla la eliminación del Fondo de Equiparación.

“Las profundas reducciones del Fondo de Equiparación municipal han desestabilizado a los gobiernos locales de toda la isla, menoscabando su capacidad para prestar servicios esenciales y mantener la infraestructura pública”, añaden los sindicalistas.

La resolución subraya en que, más de 600,000 puertorriqueños han migrado a territorio continental desde que la Junta fue creada, “un éxodo masivo impulsado por el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y las limitadas oportunidades económicas en el país de origen”.

Indican que la recuperación tras el impacto de desastres naturales, incluyendo los huracanes María (2017) y Fiona (2022), una serie de terremotos y la pandemia de COVID 19 (2020), se ha retrasado debido a los cuellos de botella en los desembolsos federales y los “engorrosos” procesos de aprobación controlados por la Junta.

El texto concluye que “la existencia indefinida de la Junta socava la soberanía fiscal de Puerto Rico, perpetúa la dependencia y erosiona la confianza pública en las instituciones gubernamentales”.

Con el dato de que la ciudad de Chicago alberga una de las comunidades puertorriqueñas más grandes del mundo que incluye las que residen en el histórico vecindario de Humboldt Park, los suscribientes piden acción inmediata del Congreso para establecer una fecha definitiva para la finalización de las operaciones de la Junta en Puerto Rico; la garantía de una transición hacia la plena autonomía fiscal y la gobernanza democrática, y la promoción de la autosuficiencia económica y esfuerzos de recuperación justos que sean impulsados por la comunidad y que respondan a los puertorriqueños.

En otra resolución aprobada el 23 de octubre, pero por la Local 1 de la SEIU en Chicago, se exponen argumentos similares.

“Casi una década después, la Junta continúa ejerciendo una autoridad desmesurada sobre las políticas fiscales de la isla, lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”, cuestionan los miembros.

“Si bien Puerto Rico ha avanzado en la reestructuración de su deuda, el restablecimiento del acceso a los mercados de capitales y la implementación de reformas fiscales, la operación continua de la Junta sin una fecha de finalización definida representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática”, afirman.

Al final del llamado, se especifica que se le entregará copia de la resolución a los miembros de la delegación de Illinois en el Congreso.

Aunque la presidenta de la filial es Genie Kastrup, la resolución fue firmada por el secretario tesorero Efrain Elías.

De acuerdo con información en su sitio web, la sección local 1 de Service Employees International Union reúne a 50,000 trabajadores en cinco estados y 10 ciudades del Medio Oeste. Su matrícula incluye conserjes, guardias de seguridad, personal de servicios escolares, trabajadores aeroportuarios, obreros de fábricas, limpiadores de ventanas, porteros, trabajadores de mantenimiento y más.

La sección local 1 es la fundadora del SEIU y fue creada en Chicago en 1921 por trabajadores de mantenimiento residencial.

No es la primera vez que el sindicato se expresa sobre asuntos que afectan a Puerto Rico y que implican a las autoridades federales.

Por ejemplo, en su convención el año pasado, por medio de otra resolución, también repudiaron la presencia de la Junta, ya que fue impuesta por EE.UU. en Puerto Rico “con absoluto descaro” y “el más puro y directo colonialismo”.

“La Junta ha impuesto sobre los hombros de los trabajadores la pesada carga de la reestructuración de la deuda del país. Con este argumento, congelaron los convenios colectivos, revocaron derechos y leyes de protección laboral, impusieron una reforma laboral que elimina el sistema de jubilación, redujeron las jubilaciones y aplicaron políticas en contra de los trabajadores en el sector privado, lo que excede los límites de su supuesta autoridad. Estas medidas han reducido la capacidad del gobierno para cubrir las necesidades básicas. En consecuencia, se cerraron cientos de escuelas, se limitó el acceso a la educación superior, se produjo una grave crisis en el sistema de cuidado de salud, disminuyeron los servicios gubernamentales y se profundizaron los niveles de pobreza”, esbozaron en el documento con fecha del 18 de abril.

Además tronaron contra el impacto de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” por entender que ha llevado al desplazamiento de familias trabajadoras de sus comunidades, el alza en los costos de vivienda y el aumento en la desigualdad socioeconómica.

Según la ley PROMESA, para que la Junta deje de operar en la isla se deben aprobar cuatro presupuestos balanceados consecutivos y Puerto Rico debe reingresar a los mercados de capital.

Lo anterior ocurriría después de que el gobierno reestructure la totalidad de su deuda.

Al momento, la Junta maneja el Plan de Ajuste de Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El proceso se ha dilatado por varias razones, incluyendo la insistencia de un grupo de bonistas que piden que se pague la totalidad de la deuda aún cuando la propia Junta ha dicho que el territorio no tiene la capacidad para suplir esa cantidad.

Adicional, los despidos de seis de los siete miembros de la Junta por parte de Trump también se tradujeron en retrasos.

Una jueza federal en Puerto Rico determinó que el presidente debía restituir en sus posiciones a tres de los cesanteados, luego de que estos prevalecieran en una demanda contra el gobierno bajo el alegato de que los removieron sin justa causa.